Hay quórum: comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado de la Nación votó a favor de la moción realizada por la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama puedan sesionar.

La senadora Justicialista por Mendoza había pedido participar de forma virtual por estar transitando un embarazo avanzado y de riesgo. El radical catamarqueño, por su parte, se recupera de una operación.

El Senado levantó el cuarto intermedio de la sesión, iniciada en julio, para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo tuvo que hacer cambios al expediente para obtener los votos aliados. Por lo pronto, estos cooperaron con el quórum. Se sentaron los radicales, el PRO, Moveré Santa Cruz, las senadoras de Tucumán, Misiones, Salta, Neuquén y Chubut.

Minutos antes de que sean las 14, el horario estipulado para el inicio de la sesión, La Libertad Avanza (LLA) envío al resto de los bloques el último documento del proyecto de ley, que será tratado en breve en el recinto.

Sin los cambios a la ley de tierras, producto del poco aval que tenía este capítulo entre aliados y opositores, el oficialismo giró el último documento.

Los puntos centrales que contiene son: reformas al régimen de expropiaciones y a los procedimientos de desalojos; la actualización de la Ley de Manejo del Fuego; y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

La senadora nacional del peronismo Juliana di Tullio cuestionó el tratamiento en el Senado del proyecto conocido como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” y reclamó que la iniciativa regrese a comisión antes de ser debatida en el recinto.

A través de sus redes sociales, la legisladora afirmó que el oficialismo no contaba con la versión definitiva del proyecto que sería presentada durante la sesión convocada para las 14 horas en la Cámara alta.

“Está discusión tiene que volver a comisión. Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, expresó Di Tullio, al cuestionar la forma en que se lleva adelante el debate parlamentario.

La senadora calificó además como “mal llamada” a la iniciativa y puso en duda que el texto que llegue al recinto haya sido discutido con el nivel de análisis que requiere una modificación legislativa de ese alcance.

La Libertad Avanza llega a la sesión de este jueves después de haber fracasado en su intento de aprobar la ley de Tierras. El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde mayo, pero las diferencias con sectores aliados impidieron hasta ahora llevarlo a una votación definitiva.

Ante el rechazo creciente al capítulo III, el Gobierno decidió eliminar la reforma de la ley de Tierras y mantener el resto del proyecto de inviolabilidad a la propiedad privada. Alquileres y ley de Fuego, en juego. 

Una encuesta de Zuban Córdoba difundida a fines de julio mostró que el 77% de los consultados considera que debe haber límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos y explica el rechazo que obligó al Gobierno a retirar esa parte del proyecto que se trata este jueves. 

Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada, que contempla reformas al Código Civil y Comercial sobre desalojos, Ley del Manejo del Fuego y expropiaciones.

El Gobierno debió eliminar el punto central del proyecto impulsado por el oficialismo luego del rechazo de los gobernadores a acompañar la flexibilización de las normas para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque se haya puesto un tope del 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros.

El bloque oficialista, que preside Patricia Bullrich, ya había tenido que eliminar el capítulo de reforma de la ley de barrios populares, ante el temor que podían suceder el desalojo de centenares de viviendas y ante la fuerte crítica de la Iglesia.

Ahora, el dictamen que se tratará en el recinto de sesiones contemplará sustanciales modificaciones al Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos de todos los terrenos, campos o viviendas que hayan sido intrusadas, expropiaciones, regularización de terrenos y manejo del fuego.

Tras un creciente rechazo a la extranjerización de la tierra, el Gobierno nacional finalmente decidió eliminar la reforma a la ley de Tierras que estaba dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

Así, se tratarán otros aspectos igualmente importantes, como los desalojos exprés para inquilinos y la posibilidad de negociar tierras rurales que fueron incendiadas. 

El oficialismo había intentado aprobar la iniciativa de ley de Tierras el 16 de julio, pero terminó solicitando un cuarto intermedio hasta este 6 de agosto al comprobar que no tenía garantizados los votos.

La moción para postergar el tratamiento fue aprobada por el Senado y permitió a La Libertad Avanza abrir una nueva ronda de negociaciones con los bloques aliados que finalmente fracasó. 

La iniciativa llegó al tramo final de su tratamiento después de múltiples negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Las diferencias obligaron al oficialismo a revisar reiteradamente el articulado, al punto incluso de tener que eliminar los artículos que reformaban la ley de Tierras.

Antes de la postergación de julio ya circulaban 15 versiones del proyecto, especialmente por las diferencias relacionadas con tierras rurales, desalojos y las facultades de las provincias.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de presentar y defender la iniciativa del Poder Ejecutivo durante el inicio del debate legislativo.

Ante las comisiones del Senado, el funcionario vinculó la reforma con la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la necesidad de generar mejores condiciones para la inversión.

El proyecto que incluía una reforma a la ley de Tierras abrió además una discusión sobre las propiedades ubicadas en áreas fronterizas. Quienes cuestionaban la iniciativa advierten sobre las consecuencias de flexibilizar los controles en territorios considerados estratégicos.

El debate incluye no sólo una discusión económica sobre inversiones, sino también argumentos relacionados con soberanía, seguridad y administración territorial.

Las tierras ubicadas alrededor de grandes cursos fluviales también quedaron bajo la lupa durante la discusión. Entre las zonas señaladas aparecen áreas próximas al río Paraná y la Hidrovía, consideradas estratégicas por su importancia productiva y logística.

Los cuestionamientos al proyecto sostienen que eliminar restricciones nacionales podría modificar el control sobre terrenos ubicados alrededor de corredores clave para las exportaciones argentinas.

El debate por la reforma a la ley de Tierras también alcanzó a las tierras ubicadas en zonas con lagos, ríos, acuíferos y otros recursos hídricos. La ley actual establece restricciones especiales sobre determinadas propiedades rurales que contienen o limitan con cuerpos de agua relevantes.

Especialistas y sectores opositores advierten que, de haber flexibilizado el régimen, podría haber aumentado la adquisición extranjera de territorios considerados estratégicos por sus recursos naturales.

En Argentina existen actualmente alrededor de 13,2 millones de hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras, según cifras oficiales relevadas por El Destape.

La superficie representa cerca del 5% del total rural del país y se encuentra por debajo del máximo nacional establecido por la normativa vigente.

La legislación vigente establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar, en conjunto, el 15% de la titularidad de las tierras rurales.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional estipulaba aumentar ese tope a un 25% del territorio provincial, aunque el proyecto finalmente se cayó. Se mantiene el intento de reformar los alquileres y la ley de Fuego. 

Aunque buena parte de la discusión pública giraba alrededor de la Ley de Tierras, el proyecto que llegará al recinto es más amplio: se denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contiene cambios relacionados con expropiaciones, desalojos, propiedad inmobiliaria y la Ley de Manejo del Fuego.

El Senado retomará este jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la posibilidad de realizar desalojos exprés a inquilinos, entre otros puntos. 

La discusión había sido postergada el 16 de julio, cuando el oficialismo pidió pasar a cuarto intermedio ante la falta de votos para aprobar la iniciativa.

El proyecto deroga los artículos de la Ley 26.815 que imponían prohibiciones automáticas de uso del suelo tras un incendio. Actualmente, los terrenos incendiados quedaban bloqueados por 30 o 60 años para cualquier modificación en su uso, destino o para emprendimientos inmobiliarios.

Con la reforma, desaparecen estos plazos fijos temporales que afectaban la disponibilidad de la propiedad privada tras siniestros ígneos. Los propietarios ya no verán restringida la capacidad de explotar o vender sus tierras por décadas después de ocurrido un incendio

En materia de alquileres de vivienda, el nuevo artículo 1.222 del Código Civil y Comercial ajusta el plazo de intimación por falta de pago. El locador deberá intimar fehacientemente al locatario otorgando un plazo no inferior a diez (10) días corridos para regularizar la deuda antes de demandar.

La notificación se tendrá por válida incluso si el locatario se niega a recibirla o si el envío al domicilio electrónico pactado no se perfecciona por causas imputables al inquilino. Una vez vencido este plazo sin pago, el locatario tiene la obligación legal de restituir la tenencia inmediatamente

Para evitar que los juicios se extiendan por años, el dictamen limita los medios de prueba en causales de falta de pago o vencimiento de plazo. En estos supuestos, el Código solo admitirá la prueba documental y pericial, descartando otras que suelen utilizarse con fines dilatorios. Esta restricción probatoria es fundamental para mantener la celeridad del proceso sumarísimo

Al centrarse en la existencia o no del contrato y los recibos de pago, el juez puede llegar a una sentencia definitiva de manera mucho más expedita

El proyecto incorpora el artículo 680 QUATER para regular situaciones con presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en desamparo. En estos casos, el juez debe dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar el lanzamiento.

Para asegurar una alternativa habitacional transitoria, el magistrado podrá otorgar un plazo prudencial que no excederá los diez (10) días. Es un equilibrio que busca proteger derechos humanos básicos sin detener indefinidamente el proceso de desalojo ni perjudicar el derecho del propietario

El dictamen refuerza la etapa inicial del proceso con la obligación del juez de realizar un reconocimiento judicial del inmueble. Esta diligencia debe cumplirse en un plazo máximo de 72 horas desde la primera providencia judicial, con el fin de identificar a todos los ocupantes presentes.

El objetivo de este reconocimiento es constatar el estado del bien e individualizar a las personas con nombre, nacionalidad y documento. Con esto, se busca evitar que el proceso se dilate por la aparición de ocupantes desconocidos en etapas avanzadas del juicio

Uno de los puntos clave para acelerar la restitución del bien es la modificación de los requisitos para la entrega anticipada. En casos de intrusos o tenedores precarios, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble una vez trabada la litis y acreditada la verosimilitud del derecho.

La gran novedad es que la garantía requerida al propietario será una caución juratoria, eliminando la necesidad de cauciones reales o depósitos onerosos. Esta medida también se extiende a los desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato, buscando que el actor recupere la tenencia en el menor tiempo posible.

El proyecto establece un cambio radical en la dinámica judicial de los desalojos de inmuebles tanto urbanos como rurales. A partir de esta reforma, todas las acciones de este tipo se tramitarán por el juicio sumarísimo, el procedimiento de conocimiento más breve previsto en el Código Procesal.

Este ajuste técnico busca reducir drásticamente los tiempos de espera para los propietarios que buscan recuperar su inmueble. Además, se amplía la legitimación activa, permitiendo que no solo el dueño, sino también usufructuarios, comodantes y superficiarios, puedan iniciar la acción de manera directa

Después de hacer lugar al pedido de Anabel Fernández Sagasti y resolver que se sometería a votación su participación de forma virtual en la sesión del jueves, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo lo propio con el senador radical Flavio Fama, cuya participación remota también la definirá el cuerpo de la cámara alta. 

Fama hizo la solicitud con motivo de una operación de su rodilla que le impidió viajar desde Catamarca hacia la Ciudad de Buenos Aires. 

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a la Ley de Tierras. También propone modificaciones al Código Civil y Comercial, Código Procesal, Registro de la Propiedad Inmueble y Ley de Manejo del Fuego, entre otras normas.

Además, el texto incluye disposiciones vinculadas con desalojos y propiedad privada.

Después de que el oficialismo retirara el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois pidió mantener la movilización con la misma fuerza que estaba prevista. "Aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei", tuiteó y agregó: "Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que quede claro que la Patria no se vende". 

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales defensores de la iniciativa ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Durante su exposición vinculó los cambios con obstáculos que, según el Gobierno, enfrentan determinadas inversiones extranjeras.

La CGT también se pronunció contra la iniciativa del Gobierno y sostuvo que la eliminación de las restricciones implicaría una fuerte cesión territorial.

La central obrera cuestionó además que la reforma avance en sentido contrario a regulaciones existentes en otros países.

El Bloque Convicción Federal adelantó que apoya a la senadora nacional de Unión por la Patria de Mendoza Anabel Fernández Sagasti para que pueda ser parte de la discusión del proyecto de propiedad Privada en el Congreso nacional de manera remota debido a que está en el último tramo de su embarazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el bloque sostuvieron que: “Ante la situación reglamentaria que se plantea acerca del voto de la senadora Anabel Fernández Sagasti los miembros del Bloque Convicción Federal adelantamos que votaremos a favor de su participación en la sesión del próximo jueves 6/8” y, agregaron que “siempre que un legislador solicite en forma voluntaria votar virtualmente, porque tiene un impedimento físico, el cuerpo debe autorizarlo”.

El bloque está integrado por su titular, María Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca) y Sandra Mariela Mendoza (Tucumán).

La decisión fue expresada en la red social X del bloque, luego de el martes la propia senadora mendocina, Fernández Sagasti, diera a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el pedido de formar parte de la discusión y votación del proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, por medios digitales, debido a que por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, no puede movilizarse en grandes distancias.

Además del video donde Fernández Sagasti argumentó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia sea por vía terrestre o aéreo porque podría afectar su salud como la de su bebé, la legisladora también sostuvo que no se encuentra impedida de analizar expedientes y debatir y votar.

Reforzando su pedido, también hizo pública su carta enviada a la presidenta del senado, Victoria Villarruel, en la cual expresó que “la presente solicitud tiene carácter excepcional, individual y transitorio” y que “se encuentra fundada en una contraindicación médica debidamente acreditada y se limita al período durante el cual persista la imposibilidad de viajar, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

En el marco de su pedido, recordó, a modo de antecedente que, en la época de la pandemia del COVID-19, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Por respuesta, Fernández Sagasti recibió de Victoria Villarruel un decreto en el que de manera “individual, excepcional y transitoria” habilita a la senadora kirchnerista a ser parte de forma remota, con voz y voto de la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, en la que se va a tratar el proyecto de extranjerización de tierras, pero según la letra del decreto, la habilitación de la legisladora deberá ser aceptada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

Con información de Noticias Argentinas

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó la iniciativa y afirmó que representa un daño para la soberanía territorial argentina.

El senador formoseño se opone a eliminar los límites para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

Una encuesta de Zuban Córdoba publicada a fines de julio señaló que el 77% de los consultados considera que debe haber límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos, con un margen de error informado de ±2,62%.

Las rectoras y los rectores de instituciones universitarias agrupados en el  Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su rechazo a la ley de inviolabilidad privada. 

"Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas", sostuvo el CIN en un comunicado. 

El partido bonaerense de Campana aparece entre los casos más extremos: más del 50% de sus tierras rurales se encuentran en manos extranjeras.

También presentan porcentajes elevados Puerto Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada y Zárate.

Uno de los antecedentes que impulsaron el debate original fue la venta de Valle Hermoso, en La Rioja. El paraje había sido rematado por el Banco Nación y adquirido por el estadounidense Yosef Jaime Libersohn.

El caso fue recordado en el Senado durante las exposiciones vinculadas con el proyecto actual.

El debate volvió a poner bajo la lupa el caso del empresario británico Joe Lewis, propietario de más de 12.000 hectáreas en la Patagonia vinculadas con Lago Escondido.

Especialistas consultados por El Destape sostienen que la derogación de las restricciones podría facilitar situaciones similares en otras regiones del país

El proyecto busca derogar el artículo 10 de la legislación vigente, que restringe la compra por extranjeros de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua permanentes y de importancia.

Organizaciones y especialistas críticos del proyecto advierten que esto podría afectar áreas vinculadas con lagos, ríos y acuíferos.

En la actualidad, hay 36 departamentos donde la extranjerización supera actualmente el 15% permitido por la ley.

Entre los casos más altos aparecen San Carlos, en Salta, con 60%; Molinos, con 58%; General Lamadrid, en La Rioja, con 57%, y Lácar, en Neuquén, con 54%.

Según cifras oficiales citadas por El Destape, actualmente existen 13,2 millones de hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras, cerca del 5% del total nacional.

La cifra está por debajo del límite nacional del 15%, aunque existen departamentos donde ese porcentaje ya fue superado.

Los ciudadanos de Estados Unidos poseen más de 2,7 millones de hectáreas rurales en Argentina, alrededor del 20% del total extranjerizado.

Detrás aparecen ciudadanos de Italia y España. Las tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de las tierras rurales que están en manos extranjeras.

Uno de los principales cambios del proyecto es la eliminación del tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que actualmente rige a nivel nacional, provincial y departamental.

La reforma también elimina otras restricciones incluidas en la Ley 26.737, sancionada en 2011.

El tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios sobre la Ley de Tierras, quedó reprogramado para el jueves 6 de agosto después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios en julio.

Patricia Bullrich aseguró luego de una reunión con Federico Sturzenegger que el Gobierno confía en aprobar la iniciativa

El proyecto mantiene restricciones para la compra directa de tierras por Estados extranjeros o empresas con participación estatal, aunque flexibiliza ampliamente las condiciones para ciudadanos y sociedades privadas extranjeras.

Durante el trámite en comisión también se debatió un mecanismo para que las provincias puedan presentar acuerdos de cooperación vinculados con tierras.