La convocatoria para marchar al Congreso el próximo jueves 6 de agosto comenzó a multiplicarse en todo el país durante los últimos días. La protesta busca rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras y otras normas vinculadas a la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
La movilización coincidirá con una jornada clave en el Senado, donde el oficialismo intentará retomar el tratamiento de una de las iniciativas que considera centrales dentro de su agenda de desregulación. Mientras el Gobierno sostiene que los cambios buscan brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones, las organizaciones convocantes advierten que la reforma podría favorecer la concentración de tierras y la extranjerización de recursos estratégicos.
¿Cuándo es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras?
La movilización fue convocada para el jueves 6 de agosto, frente al Congreso de la Nación, el mismo día en que el Senado tiene previsto volver a debatir la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que introduce modificaciones sobre el régimen de tierras rurales y otras normas vinculadas al derecho de propiedad.
Además de la concentración en el Congreso, durante los días previos se realizarán clases públicas, radios abiertas, actividades de difusión y encuentros en distintas provincias para informar sobre el contenido de la iniciativa y expresar el rechazo de diversos sectores sociales.
La convocatoria reúne a organizaciones ambientales, territoriales, sociales, sindicales y referentes de distintos espacios que consideran que el proyecto implica cambios de alto impacto sobre el acceso y la protección de la tierra.
Qué cambia la reforma de la Ley de Tierras
Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la modificación de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
La legislación vigente dispone que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también rige para cada provincia y municipio. Asimismo, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones, para un mismo propietario extranjero.
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La iniciativa impulsada por el Gobierno elimina esos topes. De aprobarse, ya no existiría un porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras ni un límite de superficie para un mismo comprador.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma pretende fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones más favorables para las inversiones. En cambio, las organizaciones convocantes afirman que los cambios podrían facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales extranjeros y reducir los mecanismos de control sobre recursos considerados estratégicos.
Expropiaciones, desalojos y manejo del fuego
El proyecto también propone modificaciones en otras normas. Entre ellas, introduce cambios en la Ley de Expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda recuperar bienes declarados de utilidad pública.
Además, plantea acelerar procesos de desalojo y modificar la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que en la actualidad impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante un período determinado. Esa legislación fue creada para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales.
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La jornada del 6 de agosto será determinante para el futuro del proyecto. Si el oficialismo consigue reunir los votos necesarios en el Senado, avanzará con una reforma que modifica aspectos centrales del régimen de tierras rurales, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego. Si no alcanza los apoyos suficientes, la iniciativa volverá a quedar postergada, luego de un primer intento que había quedado suspendido por falta de consenso político.
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