El Senado aprobó este jueves los pliegos de 29 jueces, fiscales y defensores públicos. Se trata de una nueva victoria del gobierno y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques: entre los que tuvieron el visto bueno de la Cámara Alta figuran seis camaristas del Trabajo de perfil anti-obrero como Víctor Pesino, quien estaba por jubilarse y, luego de aprobar la reforma laboral, fue propuesto por el Ejecutivo para seguir 5 años más en su cargo. Pesino recibió el apoyo de la bancada oficialista y sus aliados. El peronismo se opuso, pero logró bloquear su continuidad. También fueron apoyados los pliegos de Marina Edith Pisacco, pareja del periodista de TN Adrián Ventura, y de Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario de Ariel Lijo.
Esto no fue todo. Este jueves el gobierno también logró que tomaran estado parlamentario los pliegos de Pablo Yadarola –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido con Mahiques- y Pablo Bertuzzi, ambos propuestos por Javier Milei para la estratégica Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Se trata de dos magistrados que podrían intervenir en el caso $LIBRA. Acaso no sea casualidad que un día antes —en la previa del partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra— el jefe de Estado publicara en el Boletín Oficial el decreto con la designación de Ana Juan como jueza federal de Hurlingham. Juan es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tiene la causa de la criptoestafa de $LIBRA. Gestos que provocan muchas suspicacias en tribunales.
Camaristas laborales anti-obreros
El gobierno de Javier Milei avanza con el copamiento de la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante la designación de jueces afines, mientras espera que se vaya concretando paulatinamente la disolución del fuero laboral, que dispuso en la Reforma Laboral y el convenio de traspaso de la mentada Justicia a la órbita porteña. La estrategia de nombrar magistrados que le respondan a sus intereses en unos tribunales que pretende hacer desaparecer tiene un objetivo central: blindar la legislación anti-obrera mientras exista la Justicia Nacional del Trabajo (JNT), cuyo aniquilamiento demandará unos años. En ese objetivo, La Libertad Avanza sumó un triunfo más este jueves en el Senado al aprobarse los pliegos de los 6 candidatos propuestos por Milei para esa instancia revisora del fuero laboral.
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El caso emblemático que condensa hacia dónde apunta el Ejecutivo es el de Víctor Pesino, quien fue premiado por fallar a favor de la reforma laboral. Apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno postuló que Pesino continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años. No hubo ningún disimulo.
El 23 de abril, la sala VIII de la Cámara Laboral, con los votos de Pesino y María Dora González, revocó la medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia del fuero del Trabajo, Raúl Ojeda, que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral haciendo lugar a un amparo de la CGT. Los camaristas otorgaron “efecto suspensivo” al recurso de apelación que presentó el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato lo resuelto por Ojeda, que beneficiaba a los trabajadores, los sindicatos y las centrales obreras. El 24 de abril, es decir, un día después, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la propuesta para que Pesino continúe en el cargo 5 años más. Este jueves, Pesino logró la mayoría simple necesaria para seguir en el cargo. Lo apoyaron el oficialismo y sus aliados en una apretada votación que terminó 35 a 32.
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Además de haber reactivado la reforma laboral, Pesino se hizo célebre por también haberle dado acogida a un amparo contra la reelección de Abel Furlán en el gremio metalúrgico UOM. El magistrado integra con su colega Dora González la Sala VIII de la Cámara labral, que se transformó en un verdadero escollo para los intereses de los trabajadores.
Este jueves también se aprobaron en la Cámara alta los pliegos de otros 5 postulantes para integrar la Cámara del Trabajo. Se trata de los de:
- Marina Edith Pisacco, para la sala VI. Pisacco, nombrada al frente del juzgado del Trabajo número 33 en 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, es la esposa del periodista de TN y Radio Mitre Adrián Ventura. De el juzgado laboral que comanda, Pisacco recientemente aceptó derivar al fuero Contencioso Administrativo –el más permeable a los deseos del Ejecutivo- una causa en la que el sindicato de judiciales UEJN busca impedir el traspaso del fuero del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires al considerarlo un riesgo para unos 1400 empleados.
- Diego Fernando Manauta, para la sala V. Como informó Mariano Martín en El Destape, Manauta es un abogado con trayectoria académica que hizo su desarrollo profesional en el sector privado. Por ejemplo, se desempeñó como asesor para el Grupo Techint y luego como socio en el estudio legal de Julián de Diego, del que se nutrieron en el oficialismo para la redacción de la reforma laboral. Se trata de un letrado que publicó columnas de opinión en medios de comunicación en los que se encarga de publicitar los límites del derecho de huelga y de las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales.
- Claudio Fabián Loguarro para la sala III. Loguarro fue designado por Macri en 2017 en el juzgado número 38 del fuero laboral. Para los sectores sindicales suele fallar en sintonía con los intereses empresarios.
- María Claudia Jueguen para la Sala X. Al igual que Loguarro, fue nombrada por Macri pero en 2018 al frente del juzgado laboral 34. También tiene un perfil más empresarial.
- Diego Javier Tula para la Sala II. Como publicó Mariano Martín en este medio, es un juez laboral de la provincia de Buenos Aires a quien se le reconoce trayectoria y conocimiento del derecho del trabajo por encima de los otros candidatos.
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El secretario de Lijo para un juzgado “caliente”
Otro de los postulantes que este jueves recibió el apoyo del Senado para convertirse en juez es Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo, quien fuera uno de los fallidos candidatos del gobierno para la Corte Suprema. Rodríguez Ponte ocupará el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo la causa en que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, de impacto mediático.
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Rodríguez Ponte es el típico integrante de la familia judicial. Como recordó Diego Genoud en este medio, su esposa es la fiscal federal Alejandra Mangano, hija de Alfredo Mangano, histórico secretario de la jueza Servini. Por sus contactos judiciales, fundamentalmente con el sector que se referencia en el juez supremo Ricardo Lorenzetti, Rodríguez Ponte está hace años como director de la Dajudeco, la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte. Ante este escenario se abre un interrogante ineludible: ¿Cómo actuará Rodríguez Ponte una vez que se oficialice su nombramiento en el juzgado de Lomas de Zamora? ¿Jugará a favor del gobierno en el año electoral desde la causa Insaurralde-Cirio?
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Otros pliegos aprobados: gesto a los gobernadores
Además de los 6 camaristas laborales y Rodríguez Ponte hubo otros 22 pliegos judiciales aprobados en la Cámara Alta, entre los que se destacan muchos del Interior, que se interpretan como gestos hacia los gobernadores. En esa nómina se encuentran jueces para tribunales orales federales de Tucumán y Posadas (Misiones); para cámaras federales de apelaciones como las de Resistencia (Chaco), Salta y Mar del Plata (Buenos Aires); y fiscalías de Corrientes, Chaco, Mendoza, entre otros cargos.
Junto a todos estos pliegos también se votó —aparte— el pliego del juez Javier Cosentino para la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. La votación terminó 40 a 26. Por las manos de Cosentino pasan expedientes de peso, como uno de los del caso AFA —que interesa en Casa Rosada—. También intervino en el caso de Oil Combustibles.
Dos jueces "amigos" cambiar un tribunal clave de Comodoro Py
Además de aprobar 29 pliegos judiciales, el oficialismo logró que tomen estado parlamentario los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, que fueron enviados al Senado por el Ejecutivo este lunes. Se trata de los candidatos de Milei y Mahiques para reemplazar a dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri nombró de forma irregular en el tribunal revisor de Comodoro Py. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también fue parte el actual ministro de Justicia, quien lo propuso para el tribunal revisor de los tribunales de Retiro. Bertuzzi es uno de los que debía ser reemplazado (el otro es Leopoldo Bruglia).
Tanto Bertuzzi como Yadarola son dos viejos conocidos de Juan Bautista Mahiques, uno de los nuevos operadores judiciales del Gobierno. Mahiques (h) fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por la Corte en 2020. Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores. Y con Yadarola fue parte del vuelo del lawfare a Lago Escondido.
Si el Senado aprueba los pliegos de ambos como hizo con los 29 que se trataron este jueves, Yadarola y Bertuzzi podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años. Por la cámara porteña tramitan las causas políticas más sensibles del país. Por ejemplo, podrían intervenir en el caso $LIBRA.
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Señal de Milei al juez del caso $LIBRA
La postulación de Yadarola y Bertuzzi se relaciona con otro capítulo de esta avanzada del gobierno sobre los tribunales que se escribió este miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal de Hurlingham. Ana Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA. Pocos días atrás, antes de este decreto que oficializa el nombramiento de su esposa, Martínez de Giorgi le dio un gran golpe a la acusación de la criptoestafa al apartar a los querellantes que tenía el caso. El juez hizo lugar al pedido del imputado Mauricio Novelli, el trader vinculado a Milei que es acusado de intermediar en la maniobra. La decisión dejó como acusador únicamente al fiscal Eduardo Taiano.
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Los 29 pliegos aprobados este jueves, el nombramiento oficial de Ana Juan y el ingreso a la Cámara alta de las postulaciones de Yadarola y Bertuzzi sintetizan cómo continúa la avanzada el gobierno sobre el Poder Judicial desde la llegada de Mahiques.
