Las candidaturas del Gobierno para cubrir vacantes en la Cámara del Trabajo responden a una lógica mayoritariamente antiobrera. Al menos cinco de los seis postulantes cuentan con accionar y antecedentes alineados con los intereses del gran empresariado, exactamente el mismo reproche pero a la inversa que la derecha históricamente les hizo a los magistrados del fuero que La Libertad Avanza promete desarmar: fallar sistemáticamente a favor de los trabajadores.
Entre los nominados figuran un abogado integrante de un estudio jurídico que asesoró al Ejecutivo para la reforma laboral, y cuatro jueces que acumulan fallos a favor del Ejecutivo desde la asunción de Javier Milei: uno destrabó la ley 27.802 y la hizo operativa a pesar de una cautelar en primera instancia; otra, esposa de un periodista del grupo Clarín, envió una causa sensible para el Gobierno a un fuero amigable, y los dos restantes (uno es muy cercano a Mauricio Macri) se inclinaron por la gestión libertaria en demandas iniciadas por sindicatos.
Uno de los pliegos que mandó al Senado el Gobierno fue el del abogado Diego Fernando Manauta, con una prolongada trayectoria académica (formado en la Universidad Austral y docente de la de Palermo) y desarrollo profesional en el sector privado, adonde desempeñó asesoría para el Grupo Techint y luego como socio en el estudio legal de Julián de Diego, del que se nutrieron en el oficialismo para la redacción de la reforma laboral. El conglomerado de Paolo Rocca parece ser un semillero para los libertarios: de allí provienen el presidente de YPF, Horacio Marín, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Pero entre uno y otro trabajo, la parábola de Manauta incluyó una escala -que podría valerle vetos entre los libertarios de paladar negro- en el estudio fundado por el fallecido laboralista Héctor Recalde, máximo referente contemporáneo en la asesoría de trabajadores y sindicatos. Para compensar el abogado cuenta con columnas de opinión en medios de comunicación en los que se encarga de publicitar los límites del derecho de huelga y de las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales.
También figura la extensión por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, célebre por haber reactivado la reforma laboral tras una cautelar dictada en primera instancia por el juez Raúl Ojeda, y porque al día siguiente de aquella decisión el Gobierno oficializó su interés por mantenerlo en el cargo a pesar de haber cumplido 75 años. También, por haberle dado acogida a un amparo contra la reelección de Abel Furlán en el gremio metalúrgico UOM. El magistrado integra con su colega Dora González la Sala VIII, una pesadilla para cualquier sindicato por asumir que cualquier causa que tramite en ese tribunal tendrá un resultado desfavorable. Todo indica que González, de la misma edad que Pesino, recibirá la misma bendición libertaria para continuar en la Cámara.
Como informó hace dos semanas el periodista Franco Mizrahi en El Destape, la jueza Marina Edith Pisacco, nombrada al frente del juzgado del Trabajo número 33 en 2019 por el entonces presidente, Mauricio Macri, quedó formalmente nominada para integrar la Sala VI de la Cámara del fuero. Es la esposa del periodista de TN y Radio Mitre Adrián Ventura, con quien se suele fotografiar para revistas del corazón en eventos sociales y destinos vacacionales exóticos. Pisacco fue quien aceptó derivar al fuero Contencioso Administrativo –sindicado como más permeable a los deseos de Javier Milei- una causa en la que el sindicato de judiciales UEJN busca impedir el traspaso a la ciudad de Buenos Aires del fuero del Trabajo al considerarlo un riesgo para unos 1400 empleados.
Los laboralistas incluyen en el mismo grupo de jueces afines al sector empresario a María Claudia Jueguen, nombrada en 2018 al frente del juzgado laboral 34, y a Claudio Fabián Loguarro, en el número 38 desde 2017, ambos durante la gestión de Macri. A todos ellos se los señala como visitantes recientes del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques. La sexta nominación corresponde a Diego Javier Tula, juez laboral en la provincia de Buenos Aires y postulado para la Sala II, a quien se le reconoce trayectoria y conocimiento del derecho del trabajo por encima de los otros candidatos, que en la etapa de los concursos consiguieron resultados magros.
Un rasgo distintivo de la selección del Ejecutivo es que mayoritariamente omitió los mejor posicionados en los concursos para privilegiar a candidatos con rasgos antiobreros. En el sector destacan la exclusión de postulados de prestigio y buenos concursos como el juez de La Plata Juan Ignacio Orsini, presidente de la asociación de magistrados del fuero (Anjut) y la magistrada Eleonora Slavin, de Mar del Plata.
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