El norte argentino se convirtió en uno de los territorios más buscados por empresas mineras para explotar recursos clave como el cobre y el litio. Sin embargo, el avance de estos proyectos profundiza los conflictos sociales y ambientales: vecinos y organizaciones de Palma Sola presentaron un amparo judicial para intentar frenar el avance de una iniciativa minera en las Serranías de Santa Bárbara, una región reconocida por su riqueza ambiental y la presencia de cursos de agua fundamentales para las comunidades.
La presentación apunta contra el emprendimiento conocido como “Martín Bronce”, impulsado por una empresa privada y habilitado por el gobierno de Carlos Sadir. Según denuncian los habitantes, el proyecto avanzó sin instancias claras de participación ciudadana y sin que la población tuviera acceso completo a la información sobre el impacto que podría generar la actividad extractiva.
De acuerdo a lo que advierten los habitantes, la actividad podría afectar cursos de agua utilizados para consumo, riego y producción, además de poner en riesgo actividades tradicionales vinculadas al campo y al turismo rural. También existe preocupación por la posible instalación de infraestructura minera cerca de áreas pobladas.
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Para quienes viven en Palma Sola, el temor no es solamente ambiental. Según el medio La Política Ambiental, vecinos de la localidad del este jujeño manifiestan una fuerte inquietud por el cambio que podría sufrir toda la dinámica de la región si se instala una actividad extractiva de gran escala.
Cabe destacar que el gobierno Javier Milei contó con el acompañamiento de Sadir en los proyectos de la Ley de Glaciares como también en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Lejos de consolidarse como un motor de desarrollo, el RIGI empieza a mostrar efectos que alarman en la estructura productiva: más importaciones y menos espacio para la industria local.
Fiambalá estalla contra la minería y pone en jaque a Jalil con cortes y protestas
En distintas provincias del norte comenzaron a multiplicarse los reclamos por el uso del agua, la afectación de territorios, la falta de controles y la ausencia de licencia social. La localidad de Fiambalá, reconocida por sus paisajes únicos y su potencial turístico, se convirtió en el epicentro de un creciente conflicto social en Catamarca. Según informó El Intransigente, los vecinos de la localidad señalaron su preocupación por el impacto ambiental de la actividad minera, en particular por proyectos vinculados a la empresa Zijin.
Desde hace un par de semanas, vecinos y organizaciones nucleadas en la Asamblea Ambiental de Fiambalá iniciaron medidas de fuerza para visibilizar su rechazo a distintos proyectos mineros en la región.
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El petitorio entregado al gobernador Raúl Jalil incluyó solicitudes para evitar nuevos daños ambientales y revisar la aprobación de proyectos en curso. Del mismo modo, se planteó la necesidad de priorizar la prevención por sobre las acciones de remediación, al considerar que los impactos negativos pueden ser irreversibles.
Tras la protesta en Fiambalá, el conflicto comenzó a extenderse a otras localidades de la provincia. En zonas como Las Mojarras y Fuerte Quemado, también se registraron expresiones de rechazo a la actividad minera, lo que evidencia un creciente malestar social.
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