RIGI: seis de cada diez proyectos avanzan con más importaciones que producción local

Lejos de consolidarse como un motor de desarrollo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empieza a mostrar efectos que alarman en la estructura productiva: más importaciones y menos espacio para la industria local. A un año de su puesta en marcha, los proyectos aprobados evidencian un patrón que combina beneficios extraordinarios para grandes inversores privados, con un esquema que facilita la compra de insumos y bienes en el exterior, incluso cuando existe producción nacional.

El dato no es menor, en al menos seis de las diez iniciativas aprobadas bajo el régimen ya se registraron importaciones por más de 200 millones de dólares. Se trata, en muchos casos, de insumos y equipos que podrían ser provistos por la industria local, lo que configura un proceso de “sustitución inversa”. El resultado es un fenómeno inverso al históricamente buscado: en lugar de sustituir importaciones, el RIGI desplaza capacidades productivas internas.

Este esquema “redundará en la profundización de dos rasgos estructurales de la economía argentina, la reprimarización y el componente trunco del sector manufacturero” advirtieron especialistas en la materia y destacaron que esto implica “agudizar del carácter subdesarrollado y periférico del capitalismo argentino”.

Qué dejó el RIGI hasta ahora

Una de las grandes apuestas estratégicas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es la de afianzar todavía más el lugar periférico de Argentina en el mundo. En ese esquema aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios de lo más variados a inversores privados. A tal punto es la importancia que el propio presidente Javier Milei lo ha calificado como “política de Estado”.

En relación, el RIGI otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios excepcionales, garantiza estabilidad jurídica por 30 años y habilita la cesión de jurisdicción a tribunales internacionales. Sin embargo, a cambio de esas ventajas, las exigencias para los grandes inversores son débiles. Basta con ejecutar una porción reducida de la inversión mínima en los primeros años (40% del monto, pero no se toma como referencia el monto total comprometido en la inversión, sino que se calcula sobre el monto mínimo de ingreso) en tanto que el requisito de compras a proveedores locales puede flexibilizarse con facilidad si el inversor argumenta que los precios locales resultan “superiores” a los externos o que el producto externo es de “mejor calidad”.

En tal panorama, este año la administración nacional decidió profundizar el RIGI mediante el Decreto 105/2026, que prorrogó el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y amplió aún más sus beneficios (fiscales, aduaneros y cambiarios) y alcances sectoriales. Entre los cambios más relevantes se incorporó el upstream petrolero, se redujeron montos mínimos en offshore, se flexibilizó el ingreso de proyectos tecnológicos y se facilitó la importación de bienes para obras de infraestructura.

Si bien la aplicación efectiva del RIGI comenzó hace relativamente poco tiempo, a la fecha hay 10 iniciativas aprobadas y la enorme mayoría se vincula de manera directa o indirecta con la exportación de hidrocarburos, minerales y otras actividades primarias. Un dato no menor: el comité evaluador de los proyectos que solicitan aprobación está integrado por funcionarios con antecedentes en el sector corporativo o con vínculos estrechos con grandes empresas. En varios casos, se trata de funcionarios que también ocuparon cargos en el gobierno de Mauricio Macri. 

Lo anterior se desprende de un informe presentado recientemente por los especialistas Gustavo García Zanotti y Martín Schorr que analizaron en detalle el impacto del esquema hasta ahora y los nuevos cambios que introdujo el Gobierno.

En cuanto al perfil de las inversiones aprobadas destacaron que prácticamente todas estaban en ejecución o habían sido anunciadas mucho antes de la sanción del régimen de incentivo, lo que da cuenta de “un impacto casi nulo en lo que refiere a la dinamización de nueva formación de capital”. A su vez, YPF -controlada por el Estado- aparece como actor central en varios de los proyectos aprobados lo que, destacaron los economistas, “tensiona el relato oficial sobre el carácter central de la iniciativa privada”. También participan grandes grupos económicos locales (como Bulgheroni, Mindlin) que “usufructúan su capacidad de lobby para aprovechar ventajas regulatorias”. Se trata de actores que crecieron en buena medida al calor de la promoción estatal, acaparando sectores con ventajas comparativas.

Un tercer aspecto tiene que ver con que, si bien el capital extranjero patrocinó varios de los proyectos de inversión, “en términos generales parece presentar ciertas dudas sobre la deriva de la economía doméstica, sobre todo en lo que hace a inversiones orientadas al alicaído mercado interno”. De hecho, estos capitales retrajeron posiciones en el espacio nacional a tal punto que, en lo que va de la gestión de LLA, el saldo acumulado por inversión extranjera directa es deficitario.

El aspecto saliente mencionado por García Zanotti (doctor en Desarrollo Económico por la Universidad de Quilmes) y Schorr (doctor en Ciencias Sociales por FLACSO) recae en la cuestión comercial donde -alertaron- el RIGI ya muestra un efecto concreto: en 6 de los 10 proyectos aprobados se realizaron importaciones por más de 205 millones de dólares entre enero de 2025 y enero de 2026. Tres proyectos concentran casi todas esas compras externas: Vaca Muerta Oil Sur, el Parque Solar El Quemado y el Proyecto Siderúrgico Argentina.

A su vez, de los datos presentados surge que son muy pocos los países desde donde se ha importado. Entre ellos se destacan China (46% de las compras totales) y Corea del Sur (29%), a los que siguen EE.UU. (8%), Tailandia (7%) y Vietnam (4%). No se puede soslayar el liderazgo de China en la provisión de importaciones asociadas a los proyectos aprobados, en especial si se considera que, en la disputa geopolítica global, el gobierno de Milei se posicionó como un aliado de los Estados Unidos. 

Sobre ello, sobresale que “el tipo de bienes importados muestra que en muchos casos existe o existía capacidad de producción local”. Por eso el documento al que accedió El Destape identificó la existencia de un proceso de “sustitución inversa”, donde la apertura promovida por el régimen desplaza producción nacional en lugar de fortalecerla. 

Por ejemplo, se destacan productos locales como: conductores eléctricos para tensiones específicas; manufacturas de titanio y de hierro o acero; depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares; contenedores; transformadores de dieléctrico líquido de potencias específicas; intercambiadores de calor; aparatos para el filtrado o la depuración de gases y de líquidos; puentes grúa y carretillas puente; grúas torre; equipos de ósmosis inversa; bombas volumétricas alternativas; construcciones y sus partes (de fundición, hierro o acero), entre los principales.

Lo anterior llevó a los especialistas a señalar “el sesgo reprimarizante y antiindustrial del RIGI mediante proyectos centrados en la exportación de materias primas y que estimulan la sustitución de producción nacional por importaciones”.

Mandato FMI

Uno de los ejes estratégicos del gobierno de Milei apunta al fomento de las exportaciones hidrocarburíferas y mineras, como nueva fuente de divisas para complementar y ampliar el saldo de las actividades vinculadas al agro. 

“En este punto hay coincidencia programática con el FMI, que recomienda esta impronta a través de sucesivas revisiones de sus acuerdos con la Argentina”, se indicó en la investigación publicada por el Institutode Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Según indicaron, se trata de “estimular exportaciones bajo control de grandes capitales para generar divisas y así cumplir los compromisos con los acreedores externos”.

De esa manera se busca desplegar un modelo exportador basado en la explotación de recursos naturales pero que no apunta a ningún desarrollo significativo en materia de agregación de valor, generación de conocimiento o desarrollo tecnológico local, en cambio “amplía las vías de salida de divisas por canales financieros (remisión de utilidades, pago de intereses por deudas intracorporativas) y comerciales (incremento de las importaciones, libre disponibilidad de divisas por ventas externas)”. Se configura así un modelo que apunta a generar divisas en el corto plazo, pero a costa de mayores salidas a mediano y largo plazo.

En definitiva, “el RIGI no aparece como una política de desarrollo sino como una política de Estado que bajo la promesa de atraer inversiones y generar divisas, consolida una Argentina más reprimarizada, más dependiente y con menores capacidades para sostener un desarrollo productivo propio”, cerraron.