Los siete trabajadores del Correo Argentino despedidos en la provincia de Catamarca volverán a sus puestos en las próximas horas. La decisión llegó después de una negociación entre la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) y la empresa, que dejó sin efecto cesantías que para el sindicato "no tenían fundamento". El conflicto no fue aislado: se enviaron entre 300 y 400 telegramas en todo el país.
El titular del FOECYT, Raúl Quijano, confirmó que "se logró llegar a un acuerdo" y se levantaron las medidas de fuerza tras la reincorporación de los cesanteados. El dirigente sostuvo que la selección de los despedidos no respondió a criterios claros. “Fue al voleo. Despidieron al que se les cruzó”, dijo. Entre los afectados había empleados con más de 40 años de antigüedad y otros con pocos años de servicio.
El origen del conflicto estuvo en un plan de lucha por mejoras salariales. “Habíamos iniciado asambleas de 30 o 40 minutos y la empresa lo tomó como paro”, explicó. Días después llegaron los telegramas de despido. “Estábamos convencidos de que eran injustos”, dijo en diálogo con La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3).
Pese a que la decisión se retrotrajo, el foco vuelve a estar en los ingresos. “Nuestro salario es mísero”, planteó Quijano, quien detalló que un trabajador que recién ingresa percibe alrededor de 700 mil pesos. “Nunca hemos estado tan bajo”, agregó. El gremio pretende iniciar la negociación con un bono de 840 mil pesos y discutir luego actualizaciones.
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Desde la asunción del presidente Javier Milei y la reelección del gobernador Raúl Jalil, la estructura del correo en la provincia catamarqueña cambió: quedan 89 empleados: 49 en Capital y 40 en el interior. Hace tres años eran 165. “Hoy estamos trabajando al límite”, señaló el representante de FOECYT.
Denuncian despidos del personal que lleva el control del Chagas en Catamarca: "Familias desprotegidas"
La delegación del Programa Nacional de Chagas en Catamarca padece un proceso de reducción de personal que ya dejó al menos cinco trabajadores desvinculados en lo que va del 2026. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) regional, Marino Medina, advirtió sobre las consecuencias laborales y sanitarias que puede generar la medida del gobierno de Jalil. “Hay familias que quedan desprotegidas”, aseguró sobre el plan que lleva adelante el mandatario.
La iniciativa sanitaria integral busca prevenir, detectar y tratar la enfermedad, enfocándose actualmente en la interrupción de la transmisión vertical (de madre a hijo) y vectorial (vinchucas). Pese a la importancia que representa este programa para combatir la principal endemia del país, el Ministerio de Salud provincial decidió avanzar con un plan motosierra similar al que ejecuta el presidente Milei a nivel nacional.
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Medina sostuvo que los recortes afectan servicios vinculados a la salud y al control de enfermedades. Según explicó, las tareas que desarrollaban los trabajadores despedidos están relacionadas con acciones de prevención y control sanitario, lo que podría repercutir en la atención de la población. También advirtió que la pérdida de empleo genera un efecto inmediato en las familias afectadas, al quedar sin ingresos en un contexto económico complejo.
El representante de UPCN precisó que los ceses se produjeron de manera escalonada. “Dos compañeros han sido desvinculados ya algunos meses atrás, y la semana pasada tres compañeros más”, indicó al detallar el alcance del ajuste en el área.
En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), señaló que los gremios iniciaron acciones administrativas y judiciales para intentar revertir la decisión y lograr la reincorporación del personal. El planteo sindical también apunta a un escenario más amplio, que incluye ajustes en distintos organismos nacionales: Medina mencionó situaciones en áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se presentan situaciones familiares.
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