En medio de la crisis económica que atraviesa la provincia de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil encabezó el pasado viernes la apertura del 137° período de sesiones ordinarias. Tras la Asamblea Legislativa, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Tiago Puente cuestionó con dureza el discurso del mandatario y advirtió que "los salarios son los peores de la República Argentina".
Jalil subrayó que en el primer trimestre de este año Catamarca exportó al mundo por 177 millones de dólares contra un volumen de 89 millones de dólares en el mismo periodo de 2025. En ese marco, dijo que ese logro es "parte de un crecimiento sostenido" en el mapa del comercio internacional. "Nuestros productos hoy llegan a Estados Unidos, China, países europeos, Brasil, Vietnam y los países árabes", aseguró.
Sin embargo, el gobernador se olvida de quienes viven dentro del territorio catamarqueño: un caso particular de desidia es el de la Policía, que levantó la voz tras informarse que el mandatario dejó afuera a la fuerza provincial como beneficiaria de un bono extraordinario. El vocero de los policías retirado, Luis “Turu” Flores, expresó la indignación del sector y recordó que durante las recientes negociaciones salariales, las autoridades les reiteraron en varias oportunidades la falta de recursos. "Dijeron que no había plata para nosotros”, declaró a El Esquiú Play.
En ese panorama preocupante, el diputado Puente sostuvo que el mensaje oficial omitió otros problemas de la provincia y planteó que la salud pública tiene "cero inversión". Falta de insumos para la atención, hacinamiento en las instalaciones laborales, sobre cargas horarias, jubilaciones postergadas, falta de turnos y guardias abarrotadas, son algunas de las condiciones que denuncian trabajadores y trabajadoras nucleadas en la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APUAP).
En diálogo con El Esquiú Play , el legislador también hizo referencia a la crisis en las aulas y aseguró que "la educación está por el piso". La semana pasada, el colectivo de Docentes Autoconvocados provincial denunció que el sector atraviesa un "proceso de empobrecimiento sostenido”. Los trabajadores de la educación cuestionan al gobierno de Jalil por la implementación de acuerdos salariales “a la baja”, así como por la aplicación de descuentos, sanciones y medidas que calificaron como “mecanismos de disciplinamiento”.
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El gobierno de Catamarca estableció un sueldo mínimo docente garantizado de $870.000 para marzo de 2026. No obstante, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $1.434.464 en el mismo mes para no caer bajo la línea de pobreza (Canasta Básica Total - CBT), de modo que este acuerdo dejó a los docentes 564 mil pesos por debajo de ese monto.
El legislador Puente también puso en duda el planteo del Gobierno sobre una eventual reforma de la Constitución provincial. “Diez años nos hicieron creer a los catamarqueños que la reforma de la Constitución era una prioridad. Cuando le pusimos los temas sobre la mesa, se quedan mudos”, lanzó. Asimismo, remarcó que cualquier discusión sobre ese tema dependerá de acuerdos concretos: “La reforma de la Constitución se va a poder avanzar si están de acuerdo con el núcleo de coincidencias básicas que pusimos sobre la mesa”, señaló.
Becados protestaron frente a Casa de Gobierno: le reclaman a Jalil el pase a planta permanente
Un grupo de trabajadores becados del programa provincial “Catamarca Incluye” se manifestó hace algunos días frente a Casa de Gobierno para reclamar estabilidad laboral y el pase a planta permanente. "Estamos trabajando en negro, básicamente hace muchos años”, afirmó una de las voceras, quien aseguró contar con una antigüedad de una década en esa modalidad.
La protesta fue impulsada de manera autoconvocada y el reclamo se centró en la necesidad de regularizar la situación laboral de quienes sostienen el funcionamiento de distintas áreas del Estado y no cuentan con estabilidad ni derechos plenos.
En ese marco, remarcaron que realizan tareas habituales y permanentes, lo que, sostienen, justificaría su incorporación formal a la planta estatal. “El tema es la estabilidad. Necesitamos futuro”, expresó otro de los manifestantes, quien advirtió que la falta de regularización laboral los mantiene en una situación de incertidumbre.
Uno de los reclamos centrales apunta a lo que consideran desigualdad en los ingresos al Estado: los becados cuestionaron que personas sin antigüedad ni experiencia sean incorporadas a planta o bajo contratos formales, mientras ellos continúan estancados en la misma situación.
En cuanto a la magnitud del problema, señalaron que solo en el área de Deportes habría alrededor de 200 becados, frente a un número considerablemente menor de trabajadores de planta. “Somos los que sostenemos el funcionamiento diario”, indicaron en declaraciones para el medio InfoRama.
Según indicaron, realizaron la presentación de notas y solicitudes en reiteradas oportunidades, sin obtener respuestas concretas por parte del gobierno de Jalil. Los manifestantes adelantaron que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener una contestación positiva.
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