Luego de que la Cámara de Transporte de Jujuy emitiera un comunicado donde alertaba que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo por la crisis del sistema, denunciaron la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.
Uno de los voceros de los trabajadores dijo que nunca "recibieron elementos de seguridad" para trabajar, tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligaba a pagar por repuestos rotos o si falla la instalación. Según detalló el medio Jujuy Al Momento, los empleados sostienen que no desean ser reincorporados debido a la prepotencia de la gerencia y solo exigen el pago de lo adeudado. En medio del conflicto, apuntaron contra la UTA local por no brindar su apoyo en este momento y señalaron que se registró una situación similar el año pasado con otro grupo de choferes cesanteados.
Mientras varias familias quedaron a la deriva por la decisión empresarial, el presidente de la entidad de Transporte provincial, Guillermo Ruíz, remarcó que las compañías comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas debido a la imposibilidad de cubrir erogaciones disparadas.
Las medidas adoptadas no son aisladas, sino que se enmarcan en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.
En diálogo con Radio 2, Ruíz remarcó que la tarifa no puede subir significativamente porque el público no puede pagarla, lo que determina incrementos pequeños que no compensan la caída de pasajeros desde 2024. A fines de enero, los usuarios del transporte urbano de la capital jujeña se encontraron con un nuevo aumento en el precio del boleto, en un contexto de subas generalizadas y pérdida del poder adquisitivo. Con esta nueva escala, el boleto mínimo pasó a costar $1.226,27 y la tarifa para los trayectos más largos alcanza los $1.951,81.
En este marco, el representante del sector consideró inútil buscar apoyo en el gobierno de Javier Milei, ya que el territorio jujeño no recibió fondos del último reparto federal. Pese a la desidia por parte de la Casa Rosada, reclamó un "'paquete de medidas" que incluya una ley de emergencia y un control más estricto sobre el transporte informal.
Ante otro posible paro, el Gobierno citó de nuevo a las empresas de colectivos
En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de los colectivos en el AMBA y la frustrada reunión entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transporte volvió a citar a una reunión a las principales compañías para intentar que la crisis no siga escalando. Las empresas reclaman pagos atrasados de Nación y advierten que el aumento del combustible agrava la situación.
La nueva reunión será este martes 14 de abril y fue fijada por la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, según pudo confirmar El Destape. Al igual que el anterior encuentro, asistirán representantes de las cinco cámaras del sector: AAETA, CEUTUPBA, CETUBA, CTPBA y CEAP.
Esta nueva convocatoria se da apenas dos días después de otro similar en el que las partes no llegaron a ningún acuerdo. Las cámaras del sector le alertaron al Gobierno que la falta de pagos por parte del Estado y el aumento sostenido de los costos operativos dificulta la normal prestación de los servicios.
"Ayer pagaron una plata, que era un adelanto del mes de abril, pero nos deben remantes de diciembre y febrero", indicó a El Destape 1070 el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisi, luego de la reunión.
Tenisi explicó que desde el ejecutivo ofrecieron pagar "la deuda con bonos", pero que con eso no es posible costear el gasoil. Además, el empresario remarcó que el Gobierno le debe "70 mil millones de pesos a las líneas nacionales" y que "el subsidio mensual para el AMBA para las líneas nacionales son 110 mil millones". Desde que comenzó abril, las empresas redujeron hasta el 30% de sus frecuencias de colectivos debido a los aumentos del combustible
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