Una histórica empresa dedicada a la fabricación de artículos para gas, camping, ferretería y bazar ingresó en concurso preventivo de acreedores con el objetivo de evitar la quiebra, producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.
La apertura del proceso de la empresa Brogas fue dispuesta por el Juzgado Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, que calificó el expediente como un "Gran Concurso" debido al volumen de la deuda. La firma busca reestructurar el pasivo superior a los $7.193 millones.
Según la documentación presentada ante la Justicia, la compañía posee activos valuados en $10.375 millones, integrados principalmente por bienes de uso, entre ellos su planta industrial y maquinaria, tasadas en más de $6.345 millones.
El pasivo incluye importantes compromisos con entidades financieras, entre ellas el Banco Provincia, con una deuda de $786 millones; el Banco Nación, con $652 millones; y el BBVA, por otros $311 millones. A esto se suman obligaciones previsionales e impositivas con ARCA y organismos provinciales, además de una decena de juicios vinculados a despidos y accidentes laborales.
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Los motivos de la crisis de Brogas
Actualmente, Brogas mantiene alrededor de 90 trabajadores, varios de ellos con más de veinte años de antigüedad dentro de la empresa. En la presentación judicial, la firma sostuvo que atraviesa una "debacle comercial y financiera" provocada por una combinación de factores económicos.
Entre ellos mencionó la fuerte caída de las ventas, el incremento de los costos fijos, las elevadas tasas de interés registradas desde mediados de 2025 y, especialmente, la creciente competencia de productos importados.
Según explicó la compañía, la apertura de las importaciones redujo significativamente la competitividad de sus productos fabricados en el país, como anafes, cocinas industriales y calefactores, frente al ingreso de mercadería terminada, principalmente proveniente de China. Ese escenario obligó a iniciar un proceso de reestructuración interna que incluyó una reducción de personal para intentar contener el deterioro financiero.
En esta nueva instancia, la Justicia fijó el 14 de agosto como fecha límite para que los acreedores presenten los pedidos de verificación de créditos. El cronograma prevé que la empresa presente su propuesta de acuerdo preventivo en mayo de 2027, mientras que la audiencia informativa quedó programada para el 10 de junio de ese mismo año.
Pese al complejo escenario financiero, el presidente de la compañía, Leonardo Brodsky, manifestó ante el tribunal la intención de sostener la actividad, preservar las fuentes de trabajo y alcanzar un acuerdo que permita reorganizar la deuda y garantizar la continuidad de una empresa con más de 65 años de trayectoria en la industria nacional.
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