La crisis económica que generó Javier Milei se cobró 20 nuevas víctimas luego de que una histórica bodega realizara despidos masivos. Los trabajadores denunciaron que ofrecieron una indemnización al 50 por ciento y en cuotas.
Se trata de Bodegas Bianchi, que despidió trabajadores en su planta de San Rafael, Mendoza, y profundiza el proceso de reducción de personal que la empresa venía aplicando desde hace meses.
Esto reaviva el conflicto con los empleados, que cuestionan tanto la modalidad de los despidos como el pago de indemnizaciones reducidas. Según relataron trabajadores de la firma a La Izquierda Diario, durante el último año la actividad de la bodega se fue achicando de manera progresiva.
La empresa pasó de operar con dos turnos completos y líneas de producción funcionando de forma permanente a reducir jornadas laborales, disminuir los días de trabajo e impulsar programas de retiro voluntario con ofertas de indemnización que iban del 60% al 95% del monto legal, abonadas en planes de entre cuatro y quince cuotas.
Los despidos en Bodegas Bianchi
Sin embargo, sostienen que esa política dio paso en las últimas semanas a despidos directos. Entre los cerca de 20 trabajadores desvinculados hay empleados con entre 18 y 20 años de antigüedad, lo que generó un fuerte malestar entre el personal.
El principal cuestionamiento apunta a que la empresa habría aplicado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir al 50% las indemnizaciones cuando existe una falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o situaciones de fuerza mayor.
Los trabajadores sostienen que esa figura no corresponde en este caso y remarcan que, para avanzar por esa vía, la empresa debería haber iniciado previamente un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la autoridad laboral. Además, señalan que aun en ese escenario existen obligaciones legales respecto del pago de las indemnizaciones que deben cumplirse en los plazos establecidos.
Desde comienzos de este año, la empresa reconoció atravesar un escenario de "estrés financiero" y puso en marcha un proceso de reestructuración de pasivos. En junio alcanzó un acuerdo transitorio con sus principales acreedores para suspender acciones judiciales y avanzar en el reperfilamiento de su deuda, con el objetivo de evitar un concurso preventivo.
La firma, fundada en 1928 y todavía controlada por la familia Bianchi, atribuyó sus dificultades al complejo contexto macroeconómico y a la crisis que atraviesa la industria vitivinícola, afectada por la caída del consumo interno, el aumento de los costos de producción y la apertura de importaciones.
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