Los trabajadores de la educación de Santa Fe sufren el ajuste del gobernador Maximiliano Pullaro. El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Rosario, Martín Lucero, advirtió que "la pérdida salarial no es un error de cálculo", sino que "es una decisión política cuyos costos recaen, una vez más, sobre quienes sostienen diariamente la educación pública y los servicios esenciales del Estado”.
Uno de los sectores más castigados por las políticas de Pullaro es el educativo, cuyos trabajadores sufren las constantes arremetidas del Gobierno provincial: en el sector estatal el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas que utiliza Pullaro para castigar a los maestros. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.
En Santa Fe, la paritaria de los docentes privados nucleados en SADOP funciona en sintonía con la mesa de negociación de la educación pública estatal. Los datos muestran una pérdida constante del poder adquisitivo: Lucero afirmó que "la realidad es contundente" y remarcó: “Sobre una propuesta salarial acumulada del 12,6%, el Gobierno ya quedó más de cuatro puntos por debajo de la inflación en apenas cinco meses”, precisó el dirigente gremial.
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El titular del gremio de los docentes privados añadió: “Los datos conocidos en los últimos días confirman lo que desde el comienzo advertimos. La política de aumentos salariales impuesta por decreto por el gobierno de Maximiliano Pullaro no buscaba resolver el conflicto ni proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino ejecutar un plan de ajuste sobre los salarios del sector público”, señaló Lucero según detalló RufinoWeb.
“Hoy queda más claro que nunca que la provincia hace caja con el deterioro de los salarios y las jubilaciones. Son los trabajadores y los sectores más vulnerables quienes están financiando este brutal ajuste santafesino, mientras el gobierno se niega a reconocer una realidad que ya resulta inocultable”, apuntó el secretario general que representa a los docentes privados.
Más de 1.300 locales vacíos, endeudamiento y recesión: la realidad económica que golpea a la ciudad de Santa Fe
La crisis desatada por el presidente Milei y el gobernador Pullaro cambiaron la realidad del comercio en la ciudad de Santa Fe: según los últimos datos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) provincial, ya se contabilizan 1.338 locales vacíos en la Capital. La entidad gremial empresarial advirtió que la coyuntura económica actual genera un escenario de “asfixia que ya impacta tanto en las finanzas como en la salud mental de los sectores más golpeados”.
A través de un comunicado, desde APYME afirmaron que “el endeudamiento dejó de ser una herramienta para el crecimiento y pasó a convertirse en una estrategia de subsistencia para miles de hogares y emprendimientos”. En esa misma línea, cargaron contra el modelo nacional y el apoyo del gobernador a sus políticas al señalar que “el problema radica en el sueldo, no en el crédito”.
La falta de liquidez en los hogares bajo la gestión de Milei decantó en un fenómeno alarmante. “Hoy el endeudamiento ya no es una herramienta de progreso sino que se ha convertido en una estrategia de pura subsistencia”, dice la entidad para graficar que muchas familias argentinas se encuentran al borde de la catástrofe.
La mora en el crédito a las familias volvió a subir en abril y alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. En total, 5,3 millones de personas registran mora tardía sobre un universo de 19,8 millones de deudores con algún tipo de crédito.
El relevamiento, elaborado por Analytica en base a datos del BCRA, incluye bancos, fintech, mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. La deuda total de las familias dentro de ese sistema asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del PIB. Del total, el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% al resto de las entidades.
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