En medio del conflicto entre el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), clínicas privadas y el Colegio Médico, el secretario de Comunicación de la Provincia, Alberto Siufi, reconoció una "crisis profunda" del sistema de salud y señaló que "no se puede llegar a medidas de fuerza que afecten a 190 mil personas".
Los cuestionamientos al ISJ se apaciguaron por el momento luego del acuerdo alcanzado con la Cámara provincial de Empresas de Salud en las últimas horas. Sin embargo, el problema en el organismo gubernamental es mucho más grave debido a que existen denuncias públicas por malversación de fondos, deudas millonarias y falta de control.
Siufi aseguró que el conflicto se da en un contexto económico complejo. “Hay problemas con los medicamentos, con los pagos y con la cobertura. Eso impacta en todo el país y también en la provincia”, sostuvo.
El funcionario insistió en la necesidad de priorizar a las y los afiliados y evitar medidas que restrinjan la atención. “Tenemos que encontrar soluciones sin afectar a la gente. Ese tiene que ser el eje de cualquier decisión”, planteó en una conferencia de prensa.
En ese sentido, el secretario de Comunicación sugirió comparar los honorarios del sistema provincial con los de otras obras sociales y prepagas. “Se puede analizar cuánto paga el ISJ en relación con otras entidades. Es un debate que hay que dar con números sobre la mesa”, indicó.
Asimismo, destacó que en los últimos días hubo avances para descomprimir la situación. “Hemos visto con satisfacción que todos los sectores colaboraron para superar esta instancia, pero ahora el diálogo tiene que ser permanente”, remarcó.
De esta manera, sostuvo que existen herramientas para resolver la situación de forma definitiva. “Motivos de enojo o insatisfacción va a haber siempre en un escenario de crisis, pero con diálogo este tipo de situaciones se puede subsanar”, afirmó.
En medio de la crisis, el Gobierno planea un brutal ajuste a la Salud Mental y Discapacidad
En ese marco, Siufi cuestionó el rol de legisladores nacionales del oficialismo. “Hay cinco legisladores de La Libertad Avanza que forman parte del Gobierno nacional. Sería importante saber qué gestiones están realizando ante esta situación, porque también pueden colaborar para dar respuestas a estos problemas”, planteó.
Lejos de dar soluciones, el gobierno de Javier Milei envió dos proyectos al Congreso que profundizan la desidia en Salud y prometen una reconfiguración profunda del sistema de protección social en Argentina. Bajo el argumento de la “lucha contra el fraude” y la “optimización” de recursos, las iniciativas proponen cambios que podrían desfinanciar áreas críticas y vulnerar derechos adquiridos de personas con discapacidad y usuarios de servicios de salud mental.
El proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, al que accedió El Destape, introduce una cláusula que subordina el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a la "disponibilidad de recursos". Esta condicionalidad presupuestaria podría implicar que las prestaciones dejen de ser un derecho absoluto para depender de la "caja" del momento, lo que podría justificar fuertes recortes en contextos de crisis.
En paralelo, la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 propone un cambio de paradigma que busca otorgar un "rol central a la mirada técnica-médica", lo que le da una relevancia determinante a los especialistas en psiquiatría tanto en la conformación de los equipos como en las inspecciones de los centros de internación.
Pero el impacto más crítico se traslada al plano económico: si bien el proyecto no deroga de forma explícita el artículo que fija el piso del 10% del presupuesto de salud para el área, el Gobierno elimina la obligación del Estado de brindar "cooperación económica y financiera" al sustituir el Art. 41 de la norma original. Al suprimir esta responsabilidad de financiamiento nacional y supeditar las partidas a la firma de convenios, la garantía presupuestaria que rige desde 2010 queda virtualmente vaciada, dejando la sostenibilidad del sistema a merced de la discrecionalidad política.
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