En medio de movilizaciones, la Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares que busca modificar los términos de protección ambiental establecidos en la legislación vigente y abrir el juego de explotación minera. Por qué las organizaciones ambientales y más de 100.000 ciudadanos están en contra y piden mantener la ley original.
Cuáles son las principales modificaciones que se proponen en la reforma de la Ley de Glaciares
El oficialismo busca modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en 2010, que entre los diferentes puntos relevantes establece:
- A los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua.
- Protege a los glaciares de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y previene la liberación de sustancias contaminantes en esos procesos.
- Establece un presupuesto mínimo ambiental en todo el país
- Creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe ser actualizado cada 5 años.
MÁS INFO
Por qué ponen en peligro el agua argentina, según los ambientalistas
Desde la organización Greenpeace realizaron contundentes movilizaciones frente al Congreso y advirtieron que cualquier modificación a la normativa vigente debilitaría la protección de las reservas hídricas estratégicas.
La organización ambientalista consideraron que la reducción de la protección de los glaciares es en primer lugar inconstitucional, porque viola el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú y en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, remarcaron que vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675), que obliga a prevenir daños graves o irreversibles aun cuando exista incertidumbre científica.
Entre los puntos negativos de la modificación señalaron:
- Reducción de la protección de reservas de agua: Modificar la ley implica debilitar la protección de una de las reservas hídricas más importantes del país en un contexto de crisis climática e hídrica.
- Ruptura del carácter nacional de la ley: al trasladar a las provincias la decisión sobre qué áreas proteger, se rompe el carácter uniforme e inderogable de los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Constitución.
- Conflicto de intereses en las provincias: las mismas provincias encargadas de aplicar la ley son las que sufren presiones para desarrollar actividades productivas sobre las zonas protegidas.
- Decisiones administrativas arbitrarias: el proyecto permitiría excluir zonas del Inventario Nacional de Glaciares mediante decisiones administrativas, dejando la protección supeditada a la política de turno y restando relevancia técnica al IANIGLA.
- Uso de criterios ambiguos: en el proyecto se introducen conceptos poco claros como "alteración relevante" para habilitar actividades actualmente prohibidas, dejando la evaluación en manos de estudios de impacto ambiental que han resultado insuficientes para evitar daños irreversibles.
- Riesgo de contaminación extrema: se abre la puerta a repetir desastres ambientales como los derrames de cianuro y mercurio ocurridos en la mina Veladero.
- Consecuencias económicas negativas: la pérdida de glaciares afectaría la agricultura, el turismo y el consumo local, obligando al Estado a invertir en infraestructura costosa para reemplazar funciones que la naturaleza hoy cumple gratis.
Frente a todas esas advertencias, la organización subrayó que es clave cuidar este recurso natural, especialmente frente al avance del calentamiento global en todo el mundo. "Más de 7 millones de personas dependen del agua que proviene de los glaciares y del ambiente periglacial, por lo que cualquier debilitamiento de su protección impacta directamente en la seguridad hídrica nacional", remarcan.
MÁS INFO
Qué dicen las mineras sobre la modificación
A pesar de los cuestionamientos de los ambientalistas, la Cámara Argentina de Empresas Mineras asegura que el proyecto no busca "derogar la ley, ni poner en riesgo los glaciares".
Según el sector minero, se trata de una modificación para que la norma sea más rigurosa y "efectiva sobre los ambientes verdaderamente relevantes desde el punto de vista hídrico y que la norma pierda fuerza por abarcar áreas sin función estratégica".
En ese sentido, remarcan que con la nueva reglamentación se podrían destrabar inversiones por millones de dólares, generar empleo local y aumentar las exportaciones "sin comprometer el ambiente".
"Es una oportunidad para que la Argentina crezca con visión estratégica", aseguraron desde la CAEM en un comunicado, donde señalaron que actualmente el sector minero genera 100.000 puestos de trabajo y que la Argentina podría pasar de exportar USD 5.000 millones anuales a US$25.000 millones hacia 2035.
En la sesión de este miércoles, el oficialismo cuenta con el respaldo de legisladores PRO, la UCR, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas. Ante la inminente modificación, Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, consideró: “Estamos asistiendo a la muerte de los presupuestos mínimos ambientales: se pretende aprobar una reforma que viola la Constitución, es regresiva y destruye el piso común de protección que debe garantizar la Nación, dejándolo a la discrecionalidad política de cada provincia".
Y lamentó: "Su tratamiento exprés, de espaldas a la ciencia y sin consultar a expertos, académicos ni constitucionalistas, evidencia que esta reforma no es aclaratoria ni técnica. Se trata de un texto elaborado con participación exclusiva del sector minero, proveniente de un proceso que carece de legitimidad social y ambiental. Esta reforma solo traerá mayor conflictividad y judicialización". "Un procedimiento legislativo sin evidencia científica, sin transparencia y sin participación jamás puede fortalecer la seguridad hídrica ni jurídica", consideró.
Cerrar sesión