En el medio de la decisión del Gobierno nacional de eliminar la Agrupación VI de Gendarmería Nacional en Formosa, la fuerza federal informó la destrucción de puentes fronterizos en el marco de una operación de contrabando clandestino en las orillas del Río Pilcomayo. A pocas horas del comunicado, el Gobierno provincial argumentó que es solo una acción de "impacto mediático" mientras que Nación abandona su responsabilidad en el cuidado de la frontera.
Según la versión oficial publicada por el Gobierno nacional, efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” realizaron un operativo en el que llevaron adelante el levantamiento y desmantelamiento de estructuras utilizadas para el cruce irregular entre la República Argentina y la República del Paraguay. El procedimiento fue presentado como parte de un esquema “dinámico, flexible y sorpresivo”, orientado a optimizar recursos y reforzar el control en la frontera.
Esto ocurrió la misma semana en que se conoció la eliminación de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional en Formosa, lo que generó una fuerte controversia debido a que la provincia perdió una unidad con autonomía estratégica en una zona de frontera crítica. Esta fue reemplazada por el Escuadrón Reforzado 73, una estructura de menor jerarquía y mayor dependencia regional.
No obstante, desde Formosa se informó que apenas tres horas después del operativo, según los registros audiovisuales obtenidos, se pudo evidenciar que los mismos pasos clandestinos habían sido reconstruidos y ya se encontraban nuevamente en funcionamiento.
Falta del compromiso nacional
Desde el ámbito provincial remarcaron que este dato expone con claridad los límites de una política basada en intervenciones aisladas, que pueden tener impacto inmediato pero no logran sostener resultados en el tiempo. En ese sentido, advirtieron que el problema no radica en la ejecución de los operativos, sino en la ausencia de una estrategia integral y permanente.
Además, vincularon esta situación con el contexto nacional, marcado por un proceso de ajuste sobre las fuerzas federales, con recortes y reestructuraciones que, según indicaron, afectan la presencia territorial en zonas sensibles como la frontera norte.
En ese marco, sostuvieron que la falta de continuidad en los controles debilita la capacidad real de fiscalización y señalaron que la rápida reconstrucción de estas pasarelas revela una problemática más profunda, atravesada por factores sociales, económicos y territoriales que requieren políticas públicas sostenidas y no solo operativos puntuales.
Desde la provincia también cuestionaron que este tipo de intervenciones se presenten como soluciones estructurales cuando, en la práctica, no logran modificar la dinámica en la zona. En ese sentido, consideraron que los comunicados oficiales terminan mostrando una realidad parcial que no refleja lo que ocurre efectivamente en el territorio.
Finalmente, afirmaron que sin presencia constante, inversión y planificación a largo plazo, el control de la frontera se vuelve limitado. En ese contexto, advirtieron que la diferencia entre el discurso oficial y lo que sucede en el terreno evidencia la necesidad de revisar el enfoque y avanzar hacia políticas más integrales y sostenidas en el tiempo.
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