La cantidad de tierra rural en manos de extranjeros llega a los 13 millones de hectáreas; esto representa el 5% de extranjerización – equivalente a la superficie de la provincia de Santa Fe- cuando la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales) establece un límite del 15%. ¿Por qué la administración Milei apuesta por la derogación de hecho de esta norma? Porque en 36 departamentos del país ya se superan estos límites, sobre todo en zonas de la cordillera, humedales y el corredor vinculado al Río Paraná, donde grupos económicos extranjeros pretenden profundizar un esquema de negocios que consolida el saqueo de los recursos naturales.
La derogación de la ley de tierras rurales había sido incluida en el DNU 70/2023, frenada por una medida cautelar de la Cámara Federal de la Plata (actualmente en trámite en la Corte Suprema de Justicia). El atajo que encontró el oficialismo fue avanzar con una reforma que vacía de contenido a la norma en cuestión, en línea con los pedidos provenientes de los intereses corporativos de los Estados Unidos asociados al negocio de los minerales críticos. Los cambios en la ley de glaciares y el RIGI también formaron parte del paquete de entrega del territorio y sus recursos.
Este jueves, el Senado buscará darle media sanción al proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”, que también incluye una reforma para acelerar los desalojos tanto en viviendas urbanas como rurales y cambios en la ley de manejo del fuego.
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Un día antes, se realizó en la sede de la Conadu una conferencia de prensa para exponer los riesgos vinculados al proyecto en ciernes. Participaron del encuentro los referentes de Inquilinos Agrupados, el Observatorio de Tierras, la comisión interna de ATE en Parques Nacional y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), entre otros sectores. El mismo esquema se repitió por la tarde en el Senado, durante una reunión informativa organizada por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Eduardo De Pedro.
El uso social de la tierra y la vivienda
Los funcionarios se repiten. El intento de saqueo también. El impulsor del proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada” es Federico Sturzenegger, ministro de Destrucción del Estado. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, recordó que, en 2001, meses antes del estallido que terminó con la muerte de 36 personas, el mismo Sturzenegger había avanzado con una flexibilización en los desalojos para inquilinos.
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“Ahora se modifica ese cambio de 2001 para acelerar aún más los desalojos y quitarles a los inquilinos cualquier tipo de garantías. Esto tiene un correlato con el DNU 70/2023 que desreguló todo tipo de precios de referencia para los alquileres de viviendas”, sostuvo Gervasio Muñoz quien agregó: “Esta ley viene a proteger a los granes propietarios de tierra e inmuebles”.
Antes de pasar la palabra, Muñoz recordó que en la Constitución de 1949 tanto la tierra como la vivienda se definían por su uso social.
“Lo que está en juego es la gobernanza de la República Argentina. Solo basta agarrar la tabla periódica de elementos de la naturaleza y ver en qué regiones se excede del 15% y relacionarlo con los minerales críticos. Somos un país bicontinental. Ahora en el sillón de Rivadavia está el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Ministerio de Defensa el Comando Sur. Tenemos todos los elementos para entrar en la cuarta ola de la industrialización pero debemos defender esos recursos”, aseveró Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM).
Los dueños de la tierra
Detrás del nombre inviolabilidad de la propiedad privada lo que hay es una ley de extranjerización del territorio argentino. “Se eliminan los artículos que le dan sentido a la ley de tierras rurales, sobre todo los vinculados a la protección de los territorios estratégicos, cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera. Este gobierno quiere entregar espacios claves vinculados a los bienes naturales, corredores logísticos, zonas de glaciares y lagos”, argumentó Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras Rurales.
En su trabajo de investigación, el Observatorio – que depende del Programa de investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA- analizó los principales porcentajes de extranjerización coincidentes con la traza del corredor de la Vía Navegable Troncal. A modo de ejemplo, en Campana la propiedad de la tierra en manos extranjeras es del 50,27%; en Ituzaingó (Corrientes) llega al 33,9%; en Iguazú (Misiones) es del 39,95%; y en Garay (Santa Fe) se ubica en el 15,73%.
Las mismas corporaciones que hoy poseen participación absoluta en el comercio, los puertos y la logística de la Vía Navegable Troncal (Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, AGD, Molinos) son las principales beneficiarias de una eventual derogación de la ley de tierras; además de las mineras que sellaron acuerdos con el Poder Ejecutivo en el marco de los memorándums de entendimiento por los minerales críticos subscriptos con los Estados Unidos.
Fuego en los Parques Nacionales
El año pasado, la administración Milei ejecutó solamente el 3% de la ley de protección de los bosques, según la información brindada por Alejo Fardjoume, delegado de ATE en Parques Nacionales. Este año, se quemaron en la Patagonia 60.000 hectáreas de bosques.
“El desfinanciamiento al combate de los incendios, los bajos salarios, la precarización laboral, la baja cantidad de brigadistas, la imposición de este gobierno de poner a nuestros compañeros bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y sacarlos de Ambiente, son todos elementos que constituyen un intento de entrega de los recursos estratégicos, nuestros bienes comunes”, denunció Fardjoume. Desde diciembre de 2023, la administración Milei desplazó a 350 trabajadores y trabajadoras del área Parques Nacionales.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada incluye cambios en la ley de manejo de los incendios; básicamente elimina las restricciones a los cambios en el uso del suelo en tierras que hayan sufrido incendios (intencionales o no intencionales). Las restricciones – que iban de 30 a 60 años- se incluyeron en 2020 –a partir de un proyecto de Máximo Kirchner- como respuesta a muchos incendios en zonas de humedales que se habían causado de manera intencional para forzar la ampliación de la frontera agropecuaria o forestal.
“Estamos ante un proceso de debilitamiento de las leyes de protección ambiental que son las condiciones bajo las cuales se gestionan y conservan nuestros bienes comunes. No se puede pensar solo en términos de mercado sobre todo cuando hablamos de bienes estratégicos que requieren regulación del Estado porque funcionan como bienes públicos”, afirmó Lucía Yánez, licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA.
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