La ley actual de protección de los glaciares y ambientes periglaciales no es “anti minería” como pretenden instalar desde la actual gobernación de San Juan y Catamarca (por citar dos ejemplos) y empresas trasnacionales del sector. El proyecto enviado al Parlamento por la administración Milei tiene por objetivo la aprobación de una legislación más laxa para que se puedan autorizar proyectos mineros que actualmente se encuentran prohibidos por la actual normativa. De llevarse adelante, provocarían un daño irreparable para el ambiente y cuencas hídricas que abastecen de agua a un sinfín de comunidades.
Los cambios en la ley de glaciares no son un hecho aislado; forman parte de un plexo normativo que incluye la modificación de la ley de tierras (que restringe la extranjerización), los presupuestos mínimos para el cuidado de los bosques y la ley del manejo del fuego.
La administración Milei lleva adelante un plan sistemático de remate de los recursos naturales apalancado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas. “Con el RIGI solo no alcanza”, había dicho el director para América latina de la Barrick Gold, Marcelo Álvarez. Por eso desde el Poder Ejecutivo se avanza con este plexo normativo del saqueo en línea con los acuerdos firmados con Estados Unidos sobre la gobernanza de los minerales críticos y sus cadenas de abastecimiento.
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“El debate actual se inscribe en una embestida más general sobre los marcos que regulan el uso, la propiedad y el control del territorio en la Argentina. Se propone profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero. Lo que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”, puede leerse en un nuevo informe del Observatorio de Tierras elaborado en el marco del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas.
El reciente documento, titulado Territorio y Bienes Comunes en disputa, cruza en un mapa interactivo la superposición de los proyectos mineros -muchos de ellos anunciados como parte del RIGI-, con el inventario de la ley de glaciares realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, sumado a los porcentajes de extranjerización por departamento según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y la existencia de comunidades de pueblos originarios.
Las tensiones son evidentes: proyectos mineros que colisionan con las normas que protegen la tierra y los cuerpos de agua.
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¿Dónde están los glaciares?
“Los espacios que concentran las principales reservas de agua dulce coinciden con zonas donde se intensifican las presiones extractivas y donde la presencia de capital extranjero adquiere mayor peso”, sostienen los autores del informe “Territorio y Bienes Comunes en disputa”, del Observatorio de Tierras, integrado por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano,Thomás Artopoulos, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa y Maia Sol Ilutovich.
A la par que saltan a la esfera pública los escándalos de corrupción de la administración Milei ($LIBRA y los viajes y bienes de Manuel Adorni), el Poder Ejecutivo profundiza el saqueo. El mismo día de la primera jornada de la audiencia pública por los cambios en la ley de Glaciares (calificada como una farsa por la mayoría de sus participantes), el cuestionado Jefe de Gabinete adelantó que irán por la derogación del espíritu original de la ley de tierras, tema que se vincula con los proyectos mineros en danza.
“El objetivo de la modificación de la ley de tierras apunta a borrar las limitaciones actuales sobre los porcentajes permitidos para la extranjerización de la tierra, sobre todo en los departamentos donde confluyen proyectos mineros en los que ya se superaron las restricciones vigentes, por lo que no podrían implementarse nuevos avances”, puede leerse en el informe del Observatorio.
El mapa interactivo elaborado como parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria no deja lugar a dudas:
En el Departamento de Calingasta (San Juan) el porcentaje de extranjerización de la tierra rural llega al 12,10%. El máximo autorizado por el actual marco legal es del 15%. De acuerdo al trabajo del Observatorio de Tierras, el porcentaje de área glaciar llega al 2,39% que equivalen a 51.101 hectáreas.
En esta región ya se encuentra operativo un proyecto minero y otros 11 en carpeta. Uno de los principales se llama Los Azules (cobre) operado por McEwen y Stellantis. Como puede apreciarse en la imagen elaborada por el Observatorio, la iniciativa está más que rodeada por los glaciares y ambientes periglaciales inventariados por el IANIGLA. Los Azules es uno de los proyectos que ingresó al RIGI.
En el Departamento Iglesia, también de la provincia de San Juan, la extranjerización de la tierra llega al 24,95% (450.000 hectáreas). En esta zona no se podría incorporar ningún capital extranjero más. El porcentaje del área glaciar se ubica en el 0,6% del departamento (10.800 hectáreas). Existen dos proyectos mineros en actividad y otros 17 en carpeta. Uno de los principales: Vicuña, que unifica las iniciativas Filo del Sol y Josemaría de Lundin Mining y BHP Group. El proyecto está enclavado en una zona donde fueron inventariados glaciares y periglaciales que deben protegerse.
Una situación similar se observa en Tinogasta (Catamarca), donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada (608.900 hectáreas) y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos.
“Parte de estas iniciativas se ubican en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares, lo que introduce tensiones adicionales en torno a la gestión del agua y la protección de estos ecosistemas de alta montaña”, puede leerse en el informe Territorio y Bienes Comunes en disputa. Uno de los proyectos en esta región se llama Tres Quebradas, de la empresa china Zijin Mining. De acuerdo a la información desagregada del Observatorio, los proyectos activos son 3 y otros 6 se encuentran en carpeta, en un departamento donde ya debería estar prohibida la venta de tierras a personas humanas y físicas de otros países. Por eso quieren derogar estos marcos jurídicos.
Una extranjerización subdeclarada
En el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, el porcentaje de extranjerización de la tierra rural se ubica en el 0,12% con 3504 hectáreas. Sin embargo, existe una subdeclaración de los verdaderos titulares de los proyectos en danza que, si se contemplaran, los porcentajes de entrega del territorio a capitales de otras nacionalidades sería mucho mayor. Según los datos oficiales, se encuentran operativos 6 iniciativas y otras 16 en carpeta.
Dentro de este departamento está ubicado lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, con cerca de 600 kilómetros cuadrados. Uno de los proyectos de Río Tinto se llama Sal de la Vida, que se encuentra a 60 kilómetros del proyecto Fenix. Galan Litio, empresa australiana, ingresó al RIGI con el proyecto Hombre Muerto del Oeste que posee una extensión de 11.000 hectáreas. Como queda en evidencia, no se encuentran contempladas – es decir declaradas como extranjeras- dentro del Registro Nacional de Tierras Rurales. Al menos por ahora. Si lo estuvieran, el porcentaje de extranjerización del Departamento sería mucho mayor al 0,12%.
En el medio de todos estos proyectos mineros se encuentra registrada una comunidad de pueblos originarios (Pueblo Kolla Atacameño).
Las tensiones en la superficie (y los cuerpos)
El Inventario Nacional de Glaciares identificó cerca de 17.000 cuerpos de hielo, distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a casi el 20% de la población nacional. Sin embargo, las superficies glaciares y periglaciales representan apenas alrededor del 1% del territorio cordillerano.
“En el Departamento Iglesia de San Juan se registran casi 11.000 hectáreas de superficie glaciar, junto con dos proyectos mineros en operación y once previstos, lo que convierte a esta área cordillerana en uno de los espacios donde con mayor claridad se superponen recursos hídricos estratégicos, intereses extractivos y procesos de concentración y extranjerización de la tierra”, analizaron desde el Observatorio.
Las tensiones son palpables. También en los cuerpos. El Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza como ministra de Seguridad, inauguró al día siguiente de la aprobación de la ley de Bases y el RIGI el Comando Unificado de Seguridad Productiva para militarizar las regiones mineras y de Vaca Muerta.
Ni el Gobierno ni las empresas hablan de un desarrollo sustentable en serio; el orden macroeconómico de una balanza comercial y cambiaria no es desarrollo. La tierra, el agua y la vida de las comunidades son algo más que mercancías.
“La función social de los bienes comunes como la tierra y el agua es una discusión que remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, concluyó el último informe del Observatorio de Tierras.
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