Fuerte mensaje de la Pastoral Social de la Iglesia: la tierra no es una mercancía

La Pastoral Social de la Iglesia junto a Caritas y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen rechazaron el proyecto oficial denominado "inviolabilidad de la propiedad privada". "Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes", indicaron en una carta enviada al Congreso. 

16 de junio, 2026 | 18.12

La administración Milei pretende tratar en el Senado el proyecto de Ley titulado “inviolabilidad de la propiedad privada”, iniciativa que no para de recibir cuestionamientos provenientes desde diferentes sectores políticos y sociales. El martes por la tarde, la Pastoral Social de la Iglesia, junto a Caritas y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen enviaron una carta a los legisladores en rechazo al proyecto oficial.

El documento se denomina “La tierra: madre, hermana y bien común”, retoma alguno de los conceptos de la última encíclica del Papa León XIV para defender el uso de la tierra como un bien social. “La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, puede leerse en la misiva.

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“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado ´Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada´. Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, puede leerse en la carta enviada por la Pastoral Social de la Iglesia a los legisladores que este jueves buscarán darle la media sanción al proyecto redactado por el ministro de Destrucción del Estado, Federico Sturzenegger y algunos estudios jurídicos de la City porteña.

Por caso, el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen fue denunciado hace un año y medio por la fiscalía anticorrupción por haber formado parte de un entramado societario con el objetivo de permitir la compra de 60.000 hectáreas a un grupo chileno en una zona de seguridad de frontera; el proyecto oficial elimina las restricciones para entregar parte del territorio nacional ubicado en zonas de seguridad de frontera (50 kilómetros limítrofes).

“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”, agregaron desde la Pastoral. También se pronunciaron en contra de los cambios que se introducen a la ley del manejo del fuego.

El texto de la Iglesia retoma lo expresado por el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas:

“El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes…El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros”.

Como conclusión, sostienen que el proyecto oficial “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

La tierra y la Vía Navegable Troncal

El proyecto de extranjerización de la tierra y los cambios en la ley del manejo del fuego (una ley de ecocidio) forman parte de un corpus jurídico del saqueo de los recursos naturales del país bajo la mirada de los Estados Unidos. En ese derrotero entran también los cambios en la ley de glaciares, los acuerdos por los minerales críticos, el Régimen de Economía de Enclave conocido como el RIGI y también la privatización del Río Paraná y la Vía Navegable Troncal. No por nada, las principales ciudades donde se registran mayores porcentajes de extranjerización de la tierra coinciden con el corredor del Paraná.

“La pretendida derogación encubierta de la Ley de Tierras N° 26.737 representa una amenaza directa a la soberanía de nuestros campos y nuestros ríos. De levantarse las restricciones a la compra de tierras por capitales foráneos (derogando el artículo 8°), se acelerará un proceso de extranjerización que ya es alarmante”, indicaron desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra.

Las mismas corporaciones que hoy poseen participación absoluta en el comercio, los puertos y la logística de la Vía Navegable Troncal (Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, AGD, Molinos) son las principales beneficiarias de una eventual derogación de la ley de tierras. “Al controlar no solo el transporte y las terminales portuarias, sino también miles de hectáreas de campo y sus recursos hídricos, estas corporaciones continuarán marginando a los productores y a las empresas agroindustriales nacionales”, agregaron desde la Coalición.

El Observatorio de la Tierra analizó los principales porcentajes de extranjerización coincidentes con la traza del corredor de la VNT. A modo de ejemplo, en Campana la propiedad de la tierra en manos extranjeras es del 50,27%; en Ituzaingó (Corrientes) llega al 33,9%; en Iguazú (Misiones) es del 39,95%; y en Garay (Santa Fe) se ubica en el 15,73%.

Ecocidio

Los cambios en la ley del manejo del fuego, que contenía una restricción de 60 años para cambiar los usos del suelo en aquellos cambios incendiados, es calificada por la Coalición como un ecocidio. La norma había sido impulsada por el diputado Máximo Kirchner en el momento en que arreciaban incendios en la Patagonia y las zonas del litoral con quemas de campos por parte de “productores agropecuarios”.

La hipótesis por la cual se sancionó la ley que puso mayores restricciones era que, probablemente, muchos de los incendios ocurridos tenían la intencionalidad oculta de llevar adelante proyectos inmobiliarios.

“La relación entre ambos proyectos configura una fachada institucional. No es posible sostener una defensa del ambiente mientras en paralelo se liberan las tierras para su mercantilización, se debilita la ley de manejo del fuego y de bosques nativos, con incidencia clara en el cumplimiento de los requerimientos para las exportaciones. Dos negociaciones en simultáneo, un mismo efecto. El futuro de la tierra, de los bienes naturales, de las comunidades y de las oportunidades de desarrollo no puede ser resultado de negociaciones circunstanciales ni de visiones parciales, sino de una construcción colectiva capaz de pensar estratégicamente la Argentina que queremos legar a las próximas generaciones”, concluyeron desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra.