El ajuste de las cuentas públicas impulsado por el gobierno de Milei volvió a trasladar parte de sus efectos sobre las provincias durante el primer semestre de 2026. La combinación entre una menor recaudación nacional, la caída de la coparticipación y un nuevo recorte de las transferencias no automáticas redujo los recursos que reciben las administraciones provinciales para sostener sus presupuestos. En ese escenario, la Casa Rosada habilitó un anticipo de coparticipación de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba, una decisión que se conoció en paralelo con los datos que muestran una retracción generalizada en los envíos de fondos al conjunto de las jurisdicciones.
La autorización fue oficializada mediante el decreto 584, publicado en el Boletín Oficial, luego de un pedido formulado por el gobierno de Martín Llaryora para afrontar necesidades transitorias de financiamiento. El adelanto deberá ser reintegrado antes de finalizar el ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación provincial y tendrá una tasa nominal anual del 15%.
La asistencia financiera a Córdoba se produjo mientras los informes privados reflejan que el flujo de recursos nacionales hacia las provincias continuó deteriorándose. Según un relevamiento de Politikon Chaco, durante el primer semestre las transferencias automáticas totalizaron 36,92 billones de pesos y registraron una caída real interanual del 2,8%. La consultora Equilibra estimó una baja similar y sostuvo que "salvo en mayo -porque Ganancias se coparticipa- las transferencias automáticas a provincias cayeron, acumulando una merma real del 3% interanual en el primer semestre del año".
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Las transferencias automáticas constituyen uno de los pilares del financiamiento de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires porque incluyen la coparticipación federal de impuestos, los regímenes especiales y la compensación derivada del Consenso Fiscal. Al depender directamente de la evolución de la recaudación tributaria nacional, cualquier modificación en la actividad económica o en la estructura impositiva impacta de manera inmediata sobre las cuentas provinciales.
Los datos del semestre muestran que la caída de los recursos no fue un episodio aislado sino la continuidad de un proceso vinculado con el desempeño de la recaudación. En términos nominales, la reducción representó una pérdida equivalente a 1,11 billones de pesos para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a valores actuales.
El principal factor que explicó el resultado fue el comportamiento de la Coparticipación Federal de Impuestos, el componente de mayor peso dentro del esquema de distribución. De acuerdo con Politikon Chaco, ese rubro acumuló una baja real del 4,3% interanual durante el semestre como consecuencia del menor rendimiento de tributos centrales como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
El deterioro de ese componente no pudo ser compensado por el desempeño de los otros mecanismos de distribución. Las Leyes y Regímenes Especiales crecieron 11,3%, impulsadas principalmente por Bienes Personales, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Régimen de Energía Eléctrica, mientras que la Compensación del Consenso Fiscal avanzó 12,4%. Sin embargo, el mayor peso relativo de la coparticipación tradicional terminó definiendo el resultado agregado.
La reducción alcanzó a las veinticuatro jurisdicciones, aunque con intensidades diferentes. Catamarca registró la menor caída acumulada, con un retroceso del 1,3%, seguida por Buenos Aires con 2,1%, Salta con 2,2% y Tucumán con 2,3%. En el extremo opuesto apareció la Ciudad de Buenos Aires, que sufrió la mayor contracción, con una baja del 4,2%. La diferencia se explicó por la reducida participación del distrito en los fondos provenientes de leyes especiales, precisamente el componente que mostró la mayor expansión durante el semestre y que permitió amortiguar parcialmente la caída para otras provincias.
Entre los restantes distritos, Neuquén y Misiones retrocedieron 2,6%; Chubut 2,8%; Santa Cruz y Córdoba 2,9%; Corrientes, Río Negro y Tierra del Fuego 3%; Jujuy, Chaco, Mendoza y Santiago del Estero 3,1%; Formosa, La Pampa, San Juan y San Luis 3,2%; mientras que Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja registraron descensos del 3,3%. En términos absolutos, las pérdidas fueron mayores para las provincias que reciben un volumen más elevado de coparticipación. Buenos Aires dejó de percibir 194.531 millones de pesos; Córdoba, 98.539 millones; Mendoza, 48.821 millones; mientras que la Ciudad de Buenos Aires acumuló una merma de 36.073 millones de pesos a valores de junio de 2026.
El retroceso de las transferencias automáticas estuvo acompañado por un escenario aún más restrictivo para los giros discrecionales del Estado nacional. Politikon Chaco calculó que las transferencias no automáticas descendieron 87,7% real interanual durante junio y alcanzaron apenas 48.300 millones de pesos, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el acumulado del primer semestre, esos envíos totalizaron 639.589 millones de pesos y registraron una caída real del 61,8% respecto del mismo período de 2025. El dato consolida una política de reducción de las transferencias discrecionales que el Gobierno viene aplicando desde el inicio de la gestión y que trasladó una mayor presión financiera sobre los presupuestos provinciales.
En ese contexto de reducción generalizada apareció la autorización para Córdoba. El decreto 584 señaló que la provincia solicitó asistencia debido a "dificultades financieras transitorias" para afrontar compromisos presupuestarios y amortizaciones de deuda. El texto agregó que el mecanismo procura brindar "soluciones inmediatas ante problemas transitorios de liquidez". El monto definitivo del adelanto será determinado por la Secretaría de Hacienda luego de evaluar la capacidad de repago de la provincia y su participación en el régimen de coparticipación federal. El préstamo será cancelado mediante descuentos automáticos sobre los futuros envíos de fondos nacionales.
Con esta decisión, Córdoba pasó a integrar el grupo de dieciséis provincias que durante 2026 recurrieron al mecanismo de anticipos de coparticipación. Previamente habían recibido autorizaciones Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Aunque el adelanto constituye una herramienta prevista desde hace años para atender necesidades financieras puntuales de las provincias, su utilización se produce en un escenario marcado por una reducción simultánea de los recursos automáticos y discrecionales que envía la Nación.
El contexto fiscal explica buena parte de ese escenario. Según Equilibra, la recaudación nacional acumuló durante el primer semestre una caída real interanual del 5,3%. El IVA retrocedió 7,7%, los Derechos de Exportación cayeron 40% y los aportes a la seguridad social disminuyeron 4%, un comportamiento que repercutió directamente sobre la masa coparticipable. La consultora sostuvo además que la coparticipación federal "descendió 5,9% real interanual, tras la recuperación de mayo", cuando el ingreso extraordinario asociado al Impuesto a las Ganancias elevó temporalmente los recursos distribuidos entre las provincias.egia de sostener el equilibrio fiscal mediante la reducción del gasto y profundizó el recorte de las transferencias no automáticas, las provincias enfrentaron menores ingresos por coparticipación como consecuencia de la caída de la recaudación.
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