Este lunes comenzó la tercera semana del paro nacional universitario, una medida que busca visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado. La protesta también apunta a lograr una recomposición salarial. Además, los gremios universitarios denuncian un atraso significativo frente a la inflación.
En primer lugar, el cese de actividades es impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias: Conadu Histórica y Conadu. Ambas remarcan que la protesta también apunta a lograr una recomposición salarial. Además, los gremios universitarios denuncian un atraso significativo frente a la inflación, lo que ha deteriorado de manera profunda el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
En este sentido, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un informe que revela que el sueldo real se encuentra en su mínimo histórico. De hecho, el estudio indica que los salarios están 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004.
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Por lo tanto, la situación genera preocupación en la comunidad académica, que advierte sobre el impacto en la calidad educativa y en la continuidad de proyectos de investigación. Asimismo, hasta el martes 31 diversas facultades permanecerán cerradas debido a la adhesión a la jornada de lucha.
Las universidades y el paro
Entre ellas, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) anunció un paro docente y no-docente desde el 30 de marzo al 4 de abril, en defensa de la universidad pública y por salarios dignos. Del mismo modo, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP), votó medidas de fuerza que se extenderán durante toda la semana.
A la par, se prevén concentraciones en inmediaciones de distintas sedes universitarias, aunque aún no se confirmaron horarios ni lugares específicos. En consecuencia, las federaciones gremiales sostienen que el plan de lucha continuará hasta obtener respuestas concretas del Gobierno nacional.
Por otra parte, estudiantes y organizaciones sociales acompañan las medidas, señalando que el financiamiento educativo es clave para garantizar la igualdad de oportunidades. En paralelo, rectores de universidades nacionales manifestaron su preocupación por el retraso en la aplicación de la Ley de Financiamiento, que contempla un mayor presupuesto para el funcionamiento institucional. De igual manera, remarcaron que la falta de recursos afecta tanto a la infraestructura como a los programas de extensión y becas estudiantiles.
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