El cierre de la moratoria previsional general cambió el panorama para miles de personas que buscan acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes exigidos por la ley. Desde marzo de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó de ofrecer ese régimen de alcance masivo, aunque el sistema previsional todavía contempla alternativas para quienes cumplen determinados requisitos. Las posibilidades disponibles dependen de la edad, la situación laboral y la evaluación que realizan los organismos competentes.
Qué cambió con el fin de la moratoria previsional
La moratoria previsional de carácter general ya no forma parte de las herramientas disponibles para iniciar una jubilación. Esto significa que dejó de existir la posibilidad de comprar años de aportes de manera amplia para completar el período requerido por la normativa.
Sin embargo, el sistema previsional mantiene distintos mecanismos destinados a casos específicos. Cada uno tiene condiciones particulares y no todas las personas pueden acceder automáticamente, ya que ANSES analiza cada situación antes de aprobar el beneficio. Por eso, quienes están próximos a jubilarse o ya alcanzaron la edad correspondiente deben revisar cuál de las opciones vigentes se adapta a su realidad laboral y previsional.
La Ley 24.476 sigue siendo una alternativa
Uno de los regímenes que continúa vigente es el establecido por la Ley 24.476. Está dirigido a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 que alcanzaron la edad jubilatoria, pero todavía no reúnen los 30 años de aportes necesarios.
Este plan permite regularizar períodos laborales no registrados comprendidos entre el 1° de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1993. La deuda previsional puede abonarse en un solo pago o financiarse en hasta 60 cuotas, según lo previsto por la normativa.
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De todas maneras, el ingreso al régimen no es automático. Antes de otorgarlo, ANSES realiza una evaluación junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para verificar que la persona cumpla con las condiciones establecidas.
Qué evalúan ANSES y ARCA antes de aprobar el trámite
Para acceder a la Ley 24.476 no alcanza únicamente con cumplir la edad jubilatoria. Los organismos también realizan un análisis socioeconómico y patrimonial para determinar si corresponde el ingreso al plan. Entre los aspectos que se consideran figuran los ingresos mensuales, la cantidad de propiedades registradas, la tenencia de vehículos, embarcaciones o aeronaves y el nivel de consumo mediante tarjetas de crédito y débito.
Si el resultado de esa evaluación supera los límites previstos por la normativa, la solicitud puede ser rechazada. Por ese motivo, cada caso se analiza de forma individual antes de autorizar la regularización de aportes.
El plan para quienes todavía están trabajando
Las personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria también cuentan con una herramienta vigente. Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido por la Ley 27.705, destinado a trabajadores que prevén que no llegarán a completar los aportes necesarios.
El régimen alcanza a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de entre 55 y 64. Pueden acceder empleados en relación de dependencia, autónomos y monotributistas, quienes tienen la posibilidad de regularizar períodos desde los 18 años hasta marzo de 2012.
El trámite debe realizarse presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo. Allí se revisa la historia laboral para determinar qué meses pueden incorporarse al plan y, una vez finalizado el análisis, se emite el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente.
Qué pasa si no podés acceder a ninguno de estos planes
No todas las personas reúnen las condiciones para ingresar a los regímenes de regularización de aportes. En esos casos, el sistema previsional contempla otra prestación destinada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Se trata de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dirigida a personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos establecidos. Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y está sujeta a controles socioeconómicos periódicos. Además, no genera derecho a pensión por fallecimiento.
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