Mientras el gobierno de Javier Milei envió al Congreso dos proyectos de ley que prometen una reconfiguración profunda del sistema de protección social en el país, la crisis sanitaria alcanza a la provincia de Jujuy y el gobernador Carlos Sadir no brinda respuestas: 80 profesionales del área de salud mental denuncian que hace tres meses que no cobran sus salarios, una situación que perjudica tanto a trabajadores como a pacientes.
En un grave contexto económico a nivel nacional y provincial, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que atienden los casos más urgentes advierten que percibieron sus haberes por última vez en enero de este año. Los profesionales forman parte de equipos interdisciplinarios itinerantes que trabajan en hospitales, CAPS y otras instituciones de salud de toda la provincia y dependen de la Dirección de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad que conduce Agustín Yécora.
Según detalló el medio Jujuy Dice, el único argumento oficial que recibieron los profesionales que reclaman por el pago de sus servicio es que el trámite está demorado por "cuestiones de la burocracia administrativa" del Ministerio que encabeza José Manzur. Además de la cuestión salarial, la crisis se profundiza por el cierre de servicios y programas de asistencia, por lo que trabajadores son reubicados en otros sectores, decisión que afecta la atención de los pacientes.
La desidia salarial se enmarca en un momento donde también persiste el conflicto entre el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), clínicas privadas y el Colegio Médico. El secretario de Comunicación de la Provincia, Alberto Siufi, reconoció una "crisis profunda" del sistema de salud y señaló que "no se puede llegar a medidas de fuerza que afecten a 190 mil personas".
Los cuestionamientos al ISJ se apaciguaron por el momento luego del acuerdo alcanzado con la Cámara provincial de Empresas de Salud en las últimas horas. Sin embargo, el problema en el organismo gubernamental es mucho más grave debido a que existen denuncias públicas por malversación de fondos, deudas millonarias y falta de control.
El funcionario insistió en la necesidad de priorizar a los afiliados y evitar medidas que restrinjan la atención. “Tenemos que encontrar soluciones sin afectar a la gente. Ese tiene que ser el eje de cualquier decisión”, planteó en una conferencia de prensa.
Salud Mental: menos presupuesto y retorno al modelo médico
El gobierno de Milei busca establecer la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que propone un cambio de paradigma que busca otorgar un "rol central a la mirada técnica-médica", lo que le da una relevancia determinante a los especialistas en psiquiatría tanto en la conformación de los equipos como en las inspecciones de los centros de internación.
Pero el impacto más crítico se traslada al plano económico: si bien el proyecto no deroga de forma explícita el artículo que fija el piso del 10% del presupuesto de salud para el área, el Gobierno elimina la obligación del Estado de brindar "cooperación económica y financiera" al sustituir el artículo 41 de la norma original. Al suprimir esta responsabilidad de financiamiento nacional y supeditar las partidas a la firma de convenios, la garantía presupuestaria que rige desde 2010 queda virtualmente vaciada, dejando la sostenibilidad del sistema a merced de la discrecionalidad política.
La administración libertaria defiende estas medidas como necesarias para evitar el "dispendio de recursos" y asegurar la "equidad". No obstante, de aprobarse y aplicarse de la manera en la que están redactadas las iniciativas, el eje central de las reformas es un ajuste fiscal que traslada responsabilidades financieras y administrativas, al tiempo que pone en jaque la continuidad de los tratamientos y el sustento de miles de argentinos en situación de vulnerabilidad.
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