El gobierno de Javier Milei envió al Congreso dos proyectos de ley que prometen una reconfiguración profunda del sistema de protección social en Argentina. Bajo el argumento de la “lucha contra el fraude” y la “optimización” de recursos, las iniciativas proponen cambios que podrían desfinanciar áreas críticas y vulnerar derechos adquiridos de personas con discapacidad y usuarios de servicios de salud mental.
El proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, al que accedió El Destape, introduce una cláusula que subordina el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a la "disponibilidad de recursos". Esta condicionalidad presupuestaria podría implicar que las prestaciones dejen de ser un derecho absoluto para depender de la "caja" del momento, lo que podría justificar recortes en contextos de crisis.
Entre los puntos más polémicos se encuentran:
- Fragmentación de aranceles: el proyecto elimina la homogeneidad de los valores en el Nomenclador de prestaciones básicas. Esto permite que cada provincia o ente obligado determine sus propios precios, lo que genera el riesgo de crear "ciudadanos de primera” y de “segunda", donde los prestadores en jurisdicciones con menos recursos dejen de brindar servicios por aranceles insuficientes.
- Traslado de la carga a las provincias: se busca que el financiamiento de los nuevos afiliados dependa de las provincias y la CABA. Si una jurisdicción no cuenta con fondos suficientes, los nuevos beneficiarios podrían quedar sin cobertura efectiva.
- Suspensiones automáticas: se establece un “reempadronamiento obligatorio”. el incumplimiento de este trámite administrativo permite la suspensión automática de la pensión, una medida que impacta severamente en poblaciones vulnerables con dificultades de conectividad o movilidad en zonas rurales.
- Incompatibilidad con el trabajo: la nueva normativa establece que la pensión (equivalente al 70% del haber mínimo) será incompatible con el empleo formal. Esto empujaría a los beneficiarios a la informalidad o a una mayor precariedad económica al no poder complementar sus ingresos.
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Salud Mental: menos presupuesto y retorno al modelo médico
En paralelo, la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 apunta a un cambio de paradigma que refuerza la mirada técnica-médica y la psiquiatría por sobre el abordaje interdisciplinario. Sin embargo, el golpe más fuerte es el económico: el proyecto elimina la obligatoriedad de destinar un piso mínimo del 10% del presupuesto de salud al área de salud mental, medida que deja el financiamiento a merced de convenios discrecionales con las provincias.
Otros cambios críticos incluyen:
- Facilitación de internaciones involuntarias: se modifica el concepto de "riesgo cierto e inminente" por el de "situación de riesgo grave", un término considerado más abarcativo y que podría generar ambigüedades. Además, se habilita que un solo médico pueda decidir una internación involuntaria en casos excepcionales.
- Nuevas restricciones post-alta: se introduce la posibilidad de que el equipo de salud solicite al juez "medidas protectorias excepcionales" por hasta seis meses tras el alta, lo que podría limitar la autonomía de los pacientes en sus tratamientos ambulatorios.
- Cambio terminológico: se reemplaza el término "padecimiento mental" por "afección o trastorno de salud mental", lo que marca un retorno a un enfoque más clínico y menos social.
El Gobierno defiende estas medidas como necesarias para evitar el "dispendio de recursos" y asegurar la "equidad". No obstante, de aprobarse y aplicarse de la manera en la que están redactadas las iniciativas, el eje central de las reformas es un ajuste fiscal que traslada responsabilidades financieras y administrativas, al tiempo que pone en jaque la continuidad de los tratamientos y el sustento de miles de argentinos en situación de vulnerabilidad.
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