Con otra Justicia, Agostina Vega estaría viva: de "se fue con un noviecito" al alerta Sofía tardío, los sesgos que dilataron el caso

El caso de Agostina Vega volvió a exponer las fallas estructurales del sistema judicial argentino frente a las desapariciones y femicidios de adolescentes. “La nena se fue con un noviecito”, fue la primera respuesta de la justicia a la familia de la niña de 14 años que fue asesinada en Córdoba. Esta respuesta volvió a evidenciar un patrón histórico de desestimación y prejuicio hacia las jóvenes, que termina retrasando las medidas urgentes de búsqueda. Este hecho no es aislado sino que se repite, uno de ellos fue el caso de Melina Romero, la adolescente de 17 años asesinada y abusada sexualmente en 2017, donde la cobertura mediática y judicial instaló la idea de que era “fanática de los boliches” y revictimizó a la víctima en lugar de garantizar justicia.

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en 2025 se contabilizaron 200 víctimas directas y 19 vinculadas, lo que da un total de 219 mujeres asesinadas en el país. La tasa nacional fue de 0,85 víctimas cada 100.000 mujeres, y se registró una víctima cada 44 horas. En el 83% de los casos existía un vínculo previo con el agresor, siendo el 59% parejas o exparejas, el 11% familiares y el 13% otro tipo de relación. Además, el 15,5% de las víctimas estuvo desaparecida antes de ser hallada.

En el caso de Agostina, estos aspectos ocurrieron: la adolescente estuvo desaparecida una semana y conocía al principal sospechoso, Claudio Barrelier, quien era un allegado de la familia. Este dato refuerza lo que muestran las estadísticas: la mayoría de los femicidios no son cometidos por desconocidos, sino por personas del entorno cercano. 

En este marco, la familia de Agostina denunció desde el inicio que no fueron escuchados por las autoridades y se demoró la búsqueda de la adolescente . “Nosotros dimos el nombre, la dirección y los horarios, pero no hicieron nada. No nos tomaron en serio”, relató su abuela, visiblemente conmocionada. La madre de la adolescente también señaló que el remisero que la trasladó hasta la casa del acusado se comunicó de inmediato para dar información precisa, pero esa pista no fue utilizada en tiempo real.

El padre de Agostina, por su parte, expresó su indignación frente al accionar judicial y denunció que “la justicia nos trató como si exageráramos, como si nuestra hija se hubiera ido por voluntad propia”. “Perdieron horas fundamentales. Si hubieran actuado rápido, quizás la historia sería otra”. Estas declaraciones de la familia pusieron en evidencia que el sistema judicial no solo falló en la aplicación del protocolo de la Alerta Sofía, sino que además operó bajo prejuicios clasistas y sexistas que retrasaron la búsqueda.

Demora en la Alerta Sofía 

La principal falencia de la justicia fue la activación de protocolos de búsqueda inmediata con la aplicación de la Alerta Sofía, por parte del fiscal Raúl Garzón que demoró más de 80 horas en solicitarla, incumpliendo el protocolo oficial. Este sistema de búsqueda de personas, creada en 2018 por el Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinada con la Corte Suprema, establece criterios estrictos: debe emitirse dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia, cuando se trata de menores de 18 años en situación de alto riesgo. 

En este marco, la titular de Missing Children Argentina, Andrea Llobet, enfatizó que “el protocolo de la Alerta Sofía es muy estricto y no deben pasar más de 72 horas desde la denuncia y en el caso de Agostina pasaron cerca de 80” lo que “va en contra de la eficacia” ya que “si se hubiera activado el mismo sábado o el domingo a la mañana, habría muchas más herramientas para encontrarla”. Y agregó: “Todo esto muestra que la justicia sigue sin dimensionar el riesgo que implica la desaparición de una adolescente. La demora fue determinante”.

En esta línea, en diálogo con El Destape, la referente de Ni Una Menos, Luci Cavallero, subrayó que la justicia actuó sin perspectiva de género y reprodujo mecanismos racistas, clasistas y sexistas que ponen la sospecha sobre las víctimas.“Desde el colectivo Ni Una Menos llamamos al accionar del Poder Judicial en el caso Agostina como una desidia organizada. Los funcionarios judiciales no activaron las alertas tempranas, no iniciaron las búsquedas en el momento que la familia lo requería, y la encuentran cuando ya había sido asesinada. Todo esto muestra que la vida de las pibas vale muy poco”, apuntó.

Los prejuicios y revictimización de las víctimas

En la misma línea, Clarisa Gambera, secretaria de género de ATE Nacional, señaló en diálogo con este medio que “las declaraciones y el tono del fiscal Raúl Garzón expresaron abiertamente los prejuicios, la falta de perspectiva de género pero también los prejuicios de clase”. “Cómo se mira a pibas pobres, qué cosas generan alertas según dónde te toca nacer”, apuntó. 

Según denunció la referenta feminista “faltó la Ley Micaela, que plantea cómo deben actuar los funcionarios públicos para evitar que impriman sus prejuicios en las actuaciones, pero está completamente desfinanciada. Una y otra vez volvemos a escuchar cómo se arma la idea de mala víctima y mala madre, cuando lo que sí hizo la mamá fue denunciar y aportar datos claros que no fueron tomados en cuenta. Eso es abandono”, enfatizó.

En coincidencia , la referenta de Ni una menos tambien cuestionó el alegato del fiscal Garzón: “Termina hablando sobre la efectividad de un perro antes que dar cuenta de un operativo que él mismo calificó de exitoso cuando encontraron a Agostina ya asesinada. Eso nos habla de un poder judicial con desidia frente a las violencias por razones de género, que en este caso quedaron dramáticamente expuestas”.

Además, Gambera advirtió que la situación de las adolescencias está marcada por la precariedad y la falta de contención institucional: “Las pibas están atravesadas por la incertidumbre, y cuanto más pobres más difícil es para ellas imaginar el futuro. Las instituciones que antes podían ser espacios de cuidado hoy están siendo atacadas y desfinanciadas por el gobierno nacional. Con esta piba y con otras llegamos tarde: el Estado no estuvo y la justicia una vez más generó las condiciones para esta violencia extrema”.

En este marco, Estela Díaz, la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, agregó que “estamos viviendo en las principales esferas del poder una negación de la violencia de género, llevando adelante discursos de odio que promueven la impunidad machista”.

El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer las deficiencias institucionales que parten de los prejuicios de género, demoras burocráticas y ausencia de perspectiva en la protección de adolescentes. En este marco, Cavallero convocó a la movilización de este miércoles y afirmó que “tiene que ser masiva porque frente a la conmoción social hay un feminismo organizado que sigue trabajando sobre la sensibilidad del pueblo”. “Creemos que es momento de decir que no nos vamos a callar y que cualquier oposición real al gobierno tiene que ser transfeminista”, cerró.