La protesta estudiantil en Salta se intensifica frente a las restricciones en el boleto estudiantil y la falta de respuestas de las autoridades, en un conflicto que expone las dificultades concretas que enfrentan miles de jóvenes para acceder a la educación. Tras una movilización sin resultados y un fallo judicial que avaló la reducción de beneficios en el transporte, como el límite mensual de pasajes y la eliminación del trasbordo gratuito, crece la organización en universidades e institutos terciarios.
En ese marco, los reclamos también apuntan a la falta de intervención del Gobierno provincial encabezado por Gustavo Sáenz, al que acusan de no haber impulsado medidas para revisar el sistema ni generado instancias de diálogo frente a un problema que impacta de manera directa en la vida cotidiana de los estudiantes.
El eje del conflicto está puesto en la cantidad de pasajes asignados. Actualmente, los estudiantes universitarios cuentan con 70 boletos mensuales, los terciarios con 50 y los ingresantes con 30. A esto se suma la eliminación del trasbordo gratuito, lo que incrementa el costo diario del transporte, especialmente para quienes deben combinar varias líneas para llegar a cursar.
“Se necesitan al menos 80 boletos para ir y volver de lunes a viernes. Con lo que tenemos, no alcanza”, explicó Maripaz Portocarrero, estudiante de Historia y militante de la UJS. La situación se agrava en los casos de quienes viven en zonas alejadas, donde los traslados implican mayores distancias y costos.
Frente a este escenario, estudiantes de distintas facultades comenzaron a organizar asambleas y recorridas para ampliar el reclamo y exigir una mesa de diálogo urgente con SAETA, la empresa estatal que administra el transporte público en el área metropolitana de Salta, y con las autoridades provinciales. Advierten que, si no hay respuestas concretas, podrían profundizar las medidas en los próximos días.
Según publicó el medio local El Tintero de Salta, la movilización de esta semana reunió a estudiantes que se acercaron hasta la sede de SAETA para exigir respuestas, pero no fueron recibidos. La única indicación que obtuvieron fue presentar una nota formal para solicitar audiencia, lo que fue interpretado como una dilación frente a un reclamo que ya lleva semanas.
El malestar creció aún más tras una resolución judicial que respaldó a los empresarios del sistema y ratificó las restricciones impulsadas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Para los estudiantes, la decisión consolida un esquema que limita el acceso al transporte y, en consecuencia, condiciona la continuidad educativa.
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Crisis universitaria y ajuste nacional
El conflicto en Salta se da en un contexto de creciente tensión por el financiamiento universitario a nivel nacional, donde el gobierno de Javier Milei enfrenta presiones judiciales para actualizar partidas presupuestarias, salarios y becas, en medio de reclamos por recortes y pérdida de poder adquisitivo en el sistema educativo.
En ese escenario, universidades de todo el país advierten sobre dificultades para sostener su funcionamiento y garantizar condiciones básicas para estudiantes, lo que profundiza el impacto de medidas locales como las restricciones en el transporte y refuerza las barreras de acceso a la educación superior.
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