En medio de un contexto de crisis económica, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se encuentra envuelto en un escándalo tras lanzar un polémico programa de descuentos de hasta el 50% en merluza para Semana Santa. Sindicatos portuarios denuncian que gran parte del pescado distribuido proviene de empresas en conflicto con sus trabajadores y advierten que la mercadería entregada corresponde a stock almacenado desde hace tiempo.
La iniciativa incluyó acuerdos con pescaderías de distintas localidades y reparto gratuitos de 40 mil kilos en barrios populares. En el sector ya hablan de un plan sostenido con merluza “de manos sucias”, en referencia a las condiciones en las que se habría producido.
De acuerdo a lo detallado por el medio Mundo Gremial, el principal aporte de merluza provino de Vepez S.A., firma encabezada por el empresario Luis Jones, que mantiene un conflicto abierto con estibadores y organizaciones sindicales en puertos de la provincia, especialmente en la localidad de Caleta Olivia.
La controversia se profundiza porque la misma empresa que aportó el pescado es la que se niega a convalidar aumentos salariales que ya fueron aceptados en otros puertos de la provincia. En particular, los gremios recuerdan que en Puerto Deseado se alcanzaron acuerdos salariales y se implementaron controles de alcoholemia en los accesos a muelle bajo lineamientos impulsados por el propio gobierno provincial.
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Desde el sector sindical sostienen que aceptaron replicar en Caleta Olivia las mismas condiciones fijadas en Puerto Deseado: controles toxicológicos al ingreso, aumentos salariales en línea con los acuerdos provinciales y exámenes preocupacionales. Incluso, aseguran haber acompañado la implementación de medidas de control que el propio gobierno de Vidal impulsó en la actividad.
Sin embargo, denuncian que Vepez pretende ahora imponer nuevas exigencias y medidas que consideran discriminatorias contra trabajadores con problemáticas de consumo, pese a que el sistema de alcoholemia al ingreso ya garantiza que el personal no acceda a su puesto bajo efectos de sustancias.
Denuncias por violar la ley de salud mental y riesgo para los permisos de pesca
El conflicto escaló luego de que finalizara la conciliación obligatoria entre la empresa y los trabajadores. En un comunicado conjunto del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), el secretario general del gremio, Marcelo Osores, advirtió que la empresa avanza con medidas que “van contra la ley de salud mental y el acompañamiento a personas con problemáticas de consumo, van contra los derechos laborales y se va a denunciar ante todas las autoridades competentes”.
Los gremios sostienen que estas prácticas podrían derivar en denuncias formales que, de comprobarse irregularidades, pondrían en riesgo permisos de pesca y habilitaciones operativas de las firmas involucradas.
En ese marco, referentes sindicales sostienen que el mandatario estaría recibiendo información parcial sobre la situación en los puertos y que, en los hechos, termina siendo funcional a empresarios que buscan disciplinar a los trabajadores.
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