El pasado domingo 12 de abril se celebraron las elecciones generales en Perú y, como era de esperarse frente a los 35 candidatos que se presentaron, los ciudadanos deberán acudir a una segunda vuelta para elegir presidente para el periodo de 2026-2031.
Elecciones presidenciales en Perú: cuándo es el balotaje
La segunda vuelta será el domingo 7 de junio de 2026. El balotaje se debe a que, como se esperaba desde el comienzo, ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos válidos en la primera ronda.
De acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que -con el 74,8% de las actas contabilizadas- encabeza la elección presidencial la derechista Keiko Fujimori (de Fuerza Popular) con el 16,9% de votos.
La disputa por quién competirá contra la candidata se encuentra muy ceñida entre Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular), con 12, 8%. Más atrás se encuentran Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras) y Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) cada uno con el 10% de votos.
Un proceso electoral complejo en Perú
Por fuera de la fragmentación política que llevó a que 35 candidatos se presentaran para disputar la presidencia, las elecciones peruanas transcurrieron con algunos incidentes. Esto se debió a que parte de los ciudadanos tuvieron que votar el lunes, y no el domingo, por el retraso en 13 colegios de la llegada del material electoral. Más de 52.000 votantes no pudieron ejercer su derecho el domingo lo que generó protestas y críticas de todos los sectores políticos.
La ONPE de Perú señaló el lunes que el país andino se encontraba atravesando “un proceso electoral de suma complejidad” y pidió disculpas a la ciudadanía. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios de la institución, por los problemas en la distribución del material electoral.
La denuncia contra los altos funcionarios es por la comisión de los delitos contra el derecho de sufragio, así como por omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
En detalle, las penas asociadas a esos delitos varían de acuerdo con el incidente. El delito contra el derecho de sufragio, tipificado en el artículo 359, contempla penas de entre dos y ocho años de prisión. Mientras que al delito de omisión de deberes funcionales le caben penas de hasta dos años de cárcel.
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