Fallo contra la UNaF: la Justicia Federal restituyó a estudiantes suspendidas tras protestas contra el rector

El fallo dejó sin efecto las sanciones aplicadas luego de reclamos estudiantiles y reavivó el debate sobre derechos, participación y acceso igualitario dentro de la universidad.

06 de mayo, 2026 | 20.08

El conflicto en la Universidad Nacional de Formosa sumó un nuevo episodio luego de que la Justicia Federal resolviera restituir a estudiantes que habían sido suspendidas por el rector Augusto Parmetler por participar de protestas vinculadas al funcionamiento del comedor universitario. La decisión judicial volvió a colocar en el centro del debate el accionar institucional dentro de la casa de estudios.

La situación se originó a partir de reclamos relacionados con el servicio del comedor universitario, donde estudiantes denunciaron problemas vinculados a la reducción de viandas y restricciones en el acceso al beneficio. De esta forma, la justicia señaló el alcance de los derechos estudiantiles en el ámbito universitario.

Según manifestaron distintos sectores estudiantiles, estas dificultades afectaban principalmente a alumnos con menores recursos económicos, lo que generó preocupación sobre las condiciones de permanencia dentro de la universidad pública. En ese contexto comenzaron las protestas y manifestaciones impulsadas por agrupaciones y estudiantes autoconvocados.

Sanciones y cuestionamientos

Tras las protestas, las autoridades universitarias aplicaron sanciones contra algunas estudiantes, lo que incluye suspensiones que les impedían asistir a clases y continuar normalmente con el cursado. La medida generó un fuerte rechazo dentro de la comunidad universitaria, donde denunciaron que las sanciones resultaban desproporcionadas y representaban un intento de limitar la protesta estudiantil.

Organizaciones universitarias y sectores gremiales advirtieron entonces sobre un clima de creciente tensión institucional dentro de la Universidad Nacional de Formosa. La resolución de la Justicia Federal ordenó dejar sin efecto las suspensiones y garantizar la continuidad académica de las estudiantes afectadas.

De esta manera, el fallo no solo revierte las sanciones aplicadas, sino que también refuerza el derecho a la educación y el acceso pleno a la universidad pública. La decisión judicial introduce además un límite respecto a medidas disciplinarias que puedan afectar el normal desarrollo académico de los estudiantes.

Debate sobre derechos y participación

El conflicto trascendió el reclamo puntual por el comedor y abrió discusiones más amplias sobre participación estudiantil, transparencia institucional y condiciones de acceso igualitario dentro de la universidad. Desde distintos espacios universitarios sostienen que la situación expone tensiones vinculadas al funcionamiento interno de la institución y al ejercicio democrático dentro de la vida académica.

En ese marco, entidades como la Federación Universitaria Argentina ya habían manifestado preocupación por lo que definieron como restricciones al derecho de organización y protesta. Pese al fallo judicial, el conflicto en la Universidad Nacional de Formosa continúa abierto y la comunidad educativa permanece atenta a las próximas definiciones institucionales.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en discusión el rol de la universidad pública no solo como espacio de formación académica, sino también como ámbito de participación, inclusión y garantía de derechos para los estudiantes.

El rector en el centro de la disputa 

Esta semana, el rector Parmetler fue señalado nuevamente tras la suspensión de los decanos Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria por parte del Los funcionarios afectados rechazaron la medida de forma tajante, y denunciaron que el proceso está plagado de irregularidades y responde a una persecución política. Asimismo, advirtieron que esta resolución provoca un grave daño que compromete la estabilidad de las autoridades académicas y el funcionamiento general de la institución.

El núcleo de la disputa radica en la implementación del artículo 73 del convenio colectivo, que permitió que aproximadamente 400 docentes interinos obtuvieran la regularidad y estabilidad laboral durante el año 2023. Los decanos sostienen que este proceso de titularización cuenta con plena validez legal, y remarcaron que fueron respaldados tanto por instancias administrativas internas como por diversos fallos de la Cámara Federal. Esta situación generó una fuerte tensión sobre los derechos políticos y la vida democrática dentro de la universidad.