El conflicto institucional en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) escaló en las últimas horas con una nueva denuncia penal que apunta directamente contra sus máximas autoridades. La presentación, realizada ante la Justicia Federal, solicita el apartamiento inmediato del rector Augusto Parmetler, del vicerrector Emilio Grippaldi y del secretario académico Alberto Barbosa, por presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, en el marco de decisiones adoptadas en el Consejo Superior de la universidad.
Según el escrito, durante la sesión del 24 de abril de 2026, diez integrantes del cuerpo se retiraron dejando constancia formal de que no estaban dadas las condiciones institucionales para continuar, lo que habría provocado la pérdida de quórum. Sin embargo, sostienen que la sesión siguió adelante y que se tomaron decisiones de alto impacto, entre ellas las sanciones contra decanos.
En particular, se cuestiona la suspensión por 90 días del decano de Humanidades, Rafael Olmedo, así como el apartamiento preventivo de otros dos decanos. Para los denunciantes, estas medidas carecerían de respaldo legal y responderían a una estrategia para desplazar a sectores opositores dentro de la conducción universitaria.
“El rector se arrogó facultades que corresponden al órgano colegiado”, señala la presentación judicial, que además pone en duda la validez de algunos votos emitidos durante la sesión. En ese sentido, se mencionan posibles conflictos de interés e incompatibilidades de integrantes que habrían participado en doble rol dentro del proceso.
Otro de los puntos sensibles de la denuncia es el supuesto riesgo de manipulación de pruebas y presión sobre testigos, debido a que las autoridades cuestionadas mantienen control sobre áreas administrativas clave de la universidad. Por ese motivo, se solicitó una medida urgente de apartamiento preventivo para garantizar la transparencia de la investigación.
La denuncia del rector
Durante una conferencia de prensa, Parmetler reconoció que su administración pudo haber fallado en los controles iniciales. "Muchas veces se actúa de buena fe, con declaraciones juradas y dictámenes jurídicos. Pero ahora corresponde revisar todo en profundidad", sostuvo. Según trascendió en medios locales, las elecciones fueron realizadas en diciembre de 2024, durante su mandato, en las facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios, y Recursos Naturales.
En ese marco, el titular de la casa de estudios precisó que la causa ya fue radicada en la Justicia federal y contempla posibles delitos como falsedad documental, fraude contra la administración pública, usurpación de autoridad e incluso asociación ilícita.
Antecedentes judiciales de la UNAF
El conflicto en la universidad se remonta a 2025, cuando la gestión del rector Augusto César Parmetler impulsó juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes e investigadores. La medida se originó tras una asamblea docente que las autoridades consideraron una falta disciplinaria, mientras que los involucrados la defendieron como un ejercicio del derecho constitucional de reunión.
La decisión generó el repudio del Consejo Interuniversitario Nacional, que advirtió sobre la falta de transparencia en el proceso y el precedente que podría sentar para la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. En la misma línea, docentes y organismos de derechos humanos denunciaron que se trata de una estrategia de persecución ideológica en sintonía con el discurso del Gobierno nacional hacia las instituciones públicas.
Según la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, la utilización de juicios académicos colectivos funciona como un mecanismo de amedrentamiento que busca desalentar la participación democrática y la libertad académica. En ese contexto, el conflicto escaló a un plano institucional más amplio, con cuestionamientos a la legalidad de las decisiones del Consejo Superior y denuncias de un clima de hostigamiento que afecta la estabilidad laboral del claustro docente.
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