Un grupo de beneficiarios del programa Volver al Trabajo presentó un recurso extraordinario para intentar que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el conflicto judicial generado por la eliminación del beneficio. La medida había sido dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en el marco del reemplazo del programa por un esquema de vouchers de capacitación.
La presentación fue realizada por cinco personas que habían recurrido a la Justicia para cuestionar la suspensión del pago mensual de $78.000 que recibían a través del programa. En abril, el juez federal de Campana Adrián González Charvay había dictado una medida cautelar que impedía, de manera provisoria, que se concretara la eliminación del beneficio. Sin embargo, esa decisión fue modificada en julio. Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, revocaron la cautelar y habilitaron nuevamente el cese de los pagos.
El programa alcanzaba a más de 900.000 personas en todo el país antes de la interrupción de las prestaciones. Los beneficiarios sostuvieron que la decisión de la Cámara Federal afecta derechos y garantías establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. Por ese motivo, solicitaron que el máximo tribunal analice el caso.
En el recurso presentado, argumentaron que la suspensión de la medida cautelar dejó sin protección provisoria a personas que, según plantearon, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y dependían de una prestación de carácter alimentario. Los demandantes también cuestionan que la política de capacitación impulsada como reemplazo del programa pueda ser considerada equivalente al beneficio eliminado. Según sostuvieron, el acceso a esas herramientas depende de distintos factores, entre ellos la inscripción, la disponibilidad de vacantes y la reglamentación correspondiente.
Los derechos que invocan los beneficiarios
Entre los argumentos utilizados para pedir la intervención de la Corte Suprema aparecieron distintos derechos y principios de jerarquía constitucional y convencional. Los demandantes mencionaron el derecho a la seguridad social, al trabajo y a la alimentación, además del acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva. También plantearon que la decisión cuestionada debe ser analizada a la luz de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.
Otro de los puntos planteados está relacionado con la situación de los sectores considerados especialmente vulnerables. Los beneficiarios sostuvieron que el Estado debe contemplar una protección reforzada para esos grupos al momento de modificar o eliminar políticas de asistencia. En el escrito, además, cuestionaron que el pronunciamiento de la Cámara Federal haya omitido considerar elementos decisivos de la causa.”