Una adolescente apareció viva y eso también molesta: cuando solo importa si sos una "buena víctima"

Esta semana afortunadamente, después de varias horas de búsqueda y angustia, encontraron con vida a L., una joven de 15 años que estaba desaparecida desde el lunes en Córdoba. “Está viva y está salva”, dijo el ministro de seguridad provincial, en una conferencia de prensa en la que pidió, en medio de la investigación judicial, respetar la privacidad de la familia. Esta noticia, a 10 días del femicidio de Agostina Vega, en un contexto donde se produce un femicidio cada 31 horas, mientras cada alerta por una mujer desaparecida se lee con el estómago apretado, debería ser motivo de alivio colectivo, celebración, y reafirmación de la importancia del rol del Estado en las políticas de género y protección de los menores.

Sin embargo, desde el oficialismo político, cuyas voces representantes fueron la propia ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva y el periodista de A24 Eduardo Feinmann, decidieron salir a cuestionar el uso del Alerta Sofía, que constituye hoy uno de los pocos protocolos y herramientas masivas e integrales que el Estado puede activar ante la desaparición inminente de un niño, niña o adolescente en el territorio nacional. La reacción, además de constituir una provocación con el mero objetivo de conseguir viralidad y visualizaciones, desnuda una lógica que los feminismos llevan décadas nombrando y denunciando: para ciertos sectores, la víctima legítima es la que no vuelve.

De la indignación a la mala víctima

La respuesta social más extendida ante el reciente femicidio de Agostina conjugó indignación, bronca, y un pedido de justicia que se extendió más allá de los círculos feministas habituales y llegó a voces, espacios e instituciones que raramente utilizan ese registro. Si bien muchos apuntaron contra la familia de Vega, le pegaron al colectivo feminista y pusieron en duda su rol, a la par se habló del Estado ausente, de la polémica conferencia del fiscal, de la Justicia que había liberado al imputado a pesar de tener una causa y condena por privación ilegítima de la libertad, del Alerta Sofía que se activó más de 80 horas después de la última vez que la víctima había sido vista con vida, de la red de complicidades que rodeaban al femicida Claudio Barrelier. En ese sentido, el consenso era que, aparentemente, el sistema había fallado, que debía actuar más rápido, con más recursos, y más voluntad política para proteger a las pibas.

Parece mentira pero solo diez días después, cuando por la desaparición de L. efectivamente se activó el Alerta Sofía con rapidez, se movilizaron casi cien efectivos, bomberos, unidades especiales y la adolescente apareció viva, ese consenso se evaporó. El giro discursivo es parte de un discurso que jerarquiza y clasifica el valor de las personas, particularmente el de las mujeres. De esta manera se decide quién merece ser buscada, con qué urgencia, bajo qué condiciones, y, sobre todo, qué tipo de final hace de una chica desaparecida una víctima digna.

Es por eso que podemos aplicar la teoría de la buena víctima y la mala víctima, una categoría que el patriarcado actualiza en tiempo real según el caso. El paradigma de la víctima legítima, merecedora, describe el proceso por el cual el discurso social, judicial, político y mediático construye una jerarquía implícita entre quienes merecen protección y quienes no, entre quienes son creíbles como víctimas y quienes cargan con la sospecha de haber provocado o merecido lo que les ocurrió. En el caso de la violencia contra las mujeres, esa jerarquía se expresa en un método bastante conocido: la buena víctima es pasiva, inocente, asexual, obediente, sumisa; mientras que la mala víctima es la que salió de noche, tomó alcohol, tenía vida social, usaba pollerita corta, hacía videos en TikTok, se escapaba de la casa, no estaba donde se supone que debía estar. La mala víctima, en definitiva, hizo algo o encarna una personalidad que le quita el derecho a ser protegida.

El periodista Eduardo Feinmann describió ese pensamiento sin eufemismos cuando al aire expresó que L. se había ido de joda y que la familia debería pagar el costo del operativo de búsqueda. "Voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Quién paga esto?", dijo mientras compartía el pase con Pablo Rossi, y agregó en relación al financiamiento del operativo de búsqueda por parte del Estado provincial: "¿Y por qué? Para mí en estos casos de fuga de menores tienen que pagar la familia".

El razonamiento es erróneo, violento y peligroso fundamentalmente por dos cuestiones: primero, ante la desaparición de un menor se desconocen por completo las razones, si fue una fuga, un secuestro o una captación, un problema de salud mental o física, si hay mayores adultos involucrados, si se trata de una situación de violencia o un delito mucho más grave. En ese vacío es que se ponen en marcha los protocolos de búsqueda urgentes e integrales. Sandra Pertierra, voluntaria de la organización civil Missing Children, al respecto aclaró que "la mayoría que se pierde son adolescentes que se van por decisión propia y suelen ser encontrados dentro de las 24 o 48 horas", gracias a la alerta.

En segundo lugar el mensaje es peligroso ya que desconoce que este tipo de operativos, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, solamente pueden ser puestos en marcha y garantizados por los Estados. Para Feinmann cualquier oportunidad parece buena para cuestionar las instituciones y el gasto público, aunque eso implique contradecirse a sí mismo como ocurrió en esta oportunidad ya que días atrás había señalado las negligencias por el femicidio de Agostina.

En términos simbólicos además la lógica subyacente no hace más que profundizar la violencia: una adolescente que desaparece y aparece viva es inmediatamente catalogada como sospechosa, merecedora de un castigo, mientras una adolescente que desaparece y aparece muerta es una víctima. La diferencia entre una y otra, no está en el peligro que corrió, la urgencia, o el gasto que justificó el operativo, sino en el final. El cuerpo confirma o desmiente el relato que el discurso patriarcal necesita para funcionar, y la muerte, en este sentido, reafirma los imaginarios y las comodidades. La condena pública funciona como un mensaje disciplinador: si desaparecés y aparecés viva, vas a tener que rendir cuentas.

Si bien la opinión de Feinmann puede interpretarse como una polémica de un conductor cuyo fin último es generar rage bait televisivo, en los estudios jurídicos sobre violencia de género se denomina apología del crimen por omisión: el discurso que no defiende explícitamente al femicida o al machismo, pero contribuye a reproducir las condiciones simbólicas para que la violencia sea comprensible, justificable, o directamente merecida. Cuando Feinmann dice que L. se fue de joda por su propia voluntad, está diciendo que si algo le hubiera pasado, algo habría hecho para merecerlo. El mensaje, por lógica, es entonces que el Alerta Sofía, el operativo de búsqueda, el helicóptero, los efectivos, significan un gasto injustificable, no porque el peligro no existiera, sino porque la adolescente no era merecedora del cuidado.

Monteoliva y el inoportuno argumento técnico

Desde el oficialismo fue la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien ocupó ese rol pero desde la defensa de la racionalidad administrativa. La funcionaria, en una charla con Luis Majul, aseguró que emitir una Alerta Sofía de manera prematura puede ser contraproducente ya que afecta su efectividad, y puso como ejemplo que en situaciones de trata la persona buscada puede correr peligro de asesinato. Además defendió la investigación en el caso de Agostina Vega ya que, según ella, “no se demoró el Alerta Sofía”, emitida en una decisión conjunta entre el fiscal, la juez de la causa y las autoridades.

El argumento técnico de Monteoliva hace referencia a las condiciones ineludibles y necesarias para la activación del alerta por parte de la justicia y las fuerzas federales: que sea menor de 18 años; que el niño, niña y adolescente se encuentre en alto riesgo inminente; que hayan pasado menos de 72 horas desde que se perdió; que esté involucrado un adulto; y que la difusión de la información y de la imagen del niño no lo perjudique. El problema es que no se expresó en abstracto o desconociendo las especificidades del caso, lo hizo a diez días de un femicidio paradigmático, en respuesta directa a un operativo que sí funcionó y encontró a una adolescente con vida, en un contexto donde el debate público y la sociedad habían reclamado con insistencia que el Estado actúe más rápido.

De esta manera la ministra desplaza el eje de la discusión: en vez de hacer foco en los errores y aprendizajes luego del asesinato de Agostina, en mejorar los mecanismos de búsqueda o hablar de fortalecer la capacidad de respuesta estatal, lleva la conversación a cuestiones técnicas, justifica las demoras, defiende la negligencia judicial y relativiza la necesidad de actuar con rapidez. Es que la pregunta sobre cuánto costó el operativo o si el alerta fue excesiva esconde un Estado meramente fiscalista que no está pensando en la vida, el cuidado o los derechos sino en ¿cuándo vale la pena buscar a una adolescente desaparecida? o ¿cuál es el punto a partir del cual una vida merece la movilización de recursos públicos? El razonamiento introduce una lógica de merecimiento, de meritocracia aplicada al riesgo, de buena víctima o mala víctima, incompatible con la obligación indelegable del Estado, la lucha contra la violencia y cualquier noción democrática de derechos.