Los medios no son ajenos a la violencia machista: cómo la reproducen y las cifras que alarman

En el Día del Periodista, a once años de la primera movilización del Ni Una Menos y con el debate sobre la complicidad masculina un poco más instalada en la conversación social, varios informes recientes y estadísticas evidencian que las mujeres y disidencias que ejercen dicha profesión y trabajan en medios se encuentran atravesadas a diario por una violencia estructural machista que persiste en redacciones, móviles,  estudios, reuniones de producción y camarines. La desaparición de las editoras de género, la distribución temática y de roles sexista, la desjerarquización de las voces femeninas, la diferencia en los salarios y condiciones de trabajo, la masculinización de los espacios de toma de decisión, y la tecnocensura, son solo algunas de las expresiones de esa violencia que afecta las trayectorias individuales de las periodistas, y al mismo tiempo impacta directamente en la sociedad en tanto deja a merced del mercado y los algoritmos la cobertura adecuada de los femicidios y la violencia de género.

Después del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, como suele pasar cada vez que nos golpea un crimen tan conmocionante, en Argentina vuelve a resonar la pregunta por las complicidades, la responsabilidad social, los sesgos machistas, y por la trama de comportamientos que habilitan este tipo de casos a nivel individual e institucional. En las últimas semanas el movimiento de mujeres y los feminismos, en este sentido, lograron interpelar a un sector de los varones y ciertas instituciones que rara vez se hacen cargo de su rol en la construcción y habilitación de un femicidio, en un gesto hasta ahora sin antecedentes que carga con una potencia interesante. Los medios de comunicación son una de estas instituciones.

Hay un primer punto a analizar y es que el periodismo argentino está gestionado, mayoritariamente, por varones: dueños de los grandes medios, quienes ocupan los cargos de coordinación, quienes manejan los horarios centrales, quienes hacen y escriben editoriales, quienes conducen, quienes deciden qué es noticia, quienes editan y administran la información, quienes eligen qué va en tapa y qué es secundario, quienes brindan su palabra como fuente o experto, etc. Esa concentración de poder sobre el relato, la información, la mirada y, por ende, la construcción de sentido sobre las cosas, es una condición estructural que determina, entre otras cosas, cómo se narra la violencia machista, quién la explica, cuánto espacio ocupa en la agenda y, en última instancia, cómo la sociedad puede llegar a identificarla, nombrarla o naturalizarla. En ese sentido, a la pregunta sobre la complicidad masculina que hacemos cada 3 de junio, necesitamos sumarle el rol de otros sectores clave como el periodismo.

Violencia en las redacciones

Según el informe “Periodistas Amenazadas”, publicado por FOPEA y la UNESCO en marzo de 2025, el 92 por ciento de las encuestadas percibe barreras concretas para acceder a cargos de conducción. El estudio fue construido a partir de una encuesta realizada a 215 mujeres periodistas de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El documento deja asentado que existen desigualdades y violencias estructurales, similares a las que ocurre en otros ámbitos laborales, que se reflejan en una brecha salarial sistemática, techos de cristal que se sostienen mediante decisiones editoriales cotidianas, y, por supuesto, la carga de las tareas de cuidado como condicionante invisible y ajeno que ningún medio incorpora ni tiene en cuenta cuando diseña sus estructuras laborales. El resultado concreto de esas barreras se da en las trayectorias profesionales, ya que, según el estudio, las mujeres periodistas que participaron poseen experiencia y un alto nivel educativo, y a pesar de eso, solo el 28,37% ocupa cargos jerárquicos.

En paralelo a estas condiciones que atraviesan todas las trayectorias, muchas de las encuestadas advirtieron además ser víctimas de situaciones de violencia psicológica, económica e institucional, que, en la mayoría de los casos, es ejercida por alguien con más poder dentro de la misma organización (un superior jerárquico, un editor, un compañero con más antigüedad, etc.): violencia psicológica (padecida por 150 de las encuestadas), hostigamiento (reconocido por 156), violencia institucional (132), violencia económica (130) y violencia en línea (124).  Además, se reportaron casos significativos de impedimento del ejercicio de responsabilidades laborales durante el embarazo, parto o puerperio (88) y violencia física (71).  Sin embargo, lo que el informe advierte es que solo 32 de las 215 encuestadas llegaron a formalizar una denuncia, en gran parte por temor a represalias, por miedo a perder el trabajo, ser des jerarquizadas, catalogadas como problemáticas, o directamente por la ausencia de mecanismos institucionales que realmente protejan a quien se anima a hablar.

La violencia que se evidencia tiene su extensión en el plano digital. Al respecto, el informe titulado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, que la colectiva Periodistas Argentinas presentó en 2024 con el acompañamiento de SiPreBA y FATPREN , documenta con precisión cómo el ciberacoso y los ataques coordinados, que se han convertido en una práctica sistemática, afectan gravemente a las mujeres periodistas con el propósito de silenciarlas y al mismo tiempo desinformar, intimidar y restringir su participación en el debate público y la democracia. Según el informe 6 seis de cada diez periodistas mujeres sufrió agresiones o violencia en plataformas digitales y redes sociales; el 80 por ciento admite autocensurarse en redes sociales como consecuencia directa de esos ataques; el 80 por ciento declaró haber temido o temer por su integridad física; y una cuarta parte experimentó despidos, la no renovación de sus contratos, mientras la mitad tiene miedo de perderlo. Desde Amnistía Internacional advirtieron que esa dinámica se intensificó en un contexto donde la violencia digital no solo es tolerada sino en ocasiones promovida desde espacios de poder institucional, como una forma más de disciplinamiento hacia las voces que incomodan.

La representación que retrocede

Otro problema central, además de las violencias, es la representatividad de las mujeres y disidencias en los medios. Al respecto, el Monitoreo Global de Medios 2025, presentado en enero de 2026, registró un retroceso en casi todos los indicadores analizados para Argentina, pese a la vigencia de la Ley de Equidad de Género en los Medios. Según el estudio esto se da en un contexto de vaciamiento de programas para promover la equidad y la participación, y de aumento de los discursos de odio enunciados desde el gobierno de Javier Milei que focalizan particularmente en este grupo social. Las estadísticas advierten que las mujeres representan en promedio el 27% de quienes aparecen, se escuchan o mencionan en los medios de comunicación, cifra que baja a 20% en los portales digitales, cuatro puntos menos que en la medición anterior. En relación a donde hay más mujeres, la lista la encabeza la televisión (33%), seguida por diarios (31%), la radio (27%) y los diarios digitales (20%).

Además el 86 por ciento de las fuentes consultadas son varones, y a la hora de convocar fuentes expertas (economistas, juristas, científicas, analistas políticas) las mujeres aparecen apenas en el 29% de los casos, y generalmente cuando se las convoca es en tanto testigos o víctimas, rara vez como especialistas o interlocutoras con vox propia o poder. “En el único tópico en donde aparecen más mujeres como expertas (83%) y sujetas de noticia (67%) es en las vinculadas a violencia por motivos de género”, indica el estudio. Esta tendencia termina reforzando prejuicios o creencias sociales que ubican a los hombres como los poseedores del conocimiento, la razón y la experticia, y a las mujeres en el lugar de meras observadoras o directamente objetos.

A eso se suma una distribución temática que replica en espejo la división sexual del trabajo y la desigualdad social. Las mujeres periodistas siguen siendo asignadas mayoritariamente a coberturas consideradas “blandas”  o temas feminizados (salud, educación, cultura, género, espectáculos, chismes), mientras que política, economía, deportes y seguridad continúan siendo territorios predominantemente masculinos, tanto en las firmas como en las fuentes elegidas. Esa segmentación define qué temas importan, quién tiene autoridad para hablar de ellos y, en última instancia, cómo se construye la agenda pública.

La desaparición de las editoras de género

En estos últimos años, en medio de un proceso de construcción de herramientas concretas para transformar las dinámicas machistas en los medios, se creó la figura de la editora de género. En 2019, fue la periodista Mariana Iglesias quien diseñó y puso en marcha ese cargo en el diario Clarín, transformándose en la primera en ocuparlo en toda América Latina. La iniciativa se replicó en otros medios y en 2021 se formalizó la Red de Editoras de Género, la primera de ese tipo en el mundo, con doce integrantes y respaldo de Naciones Unidas. En ese momento la incorporación de estos roles funcionó como reconocimiento por parte de los medios de un sesgo a corregir y la voluntad por adaptarse a nuevas demandas sociales, culturales y políticas. El objetivo fue promover cambios dentro de las redacciones y espacios de trabajo para el desarrollo de coberturas y la difusión de información en línea con los derechos humanos de las mujeres, personas LGBTQ+ y otros grupos marginados.

Sin embargo, en 2025 la red debió desarmarse por factores externos como la precarización creciente del sector periodístico, el retroceso del contexto político, la legitimación de un discurso anti feminista, y el aumento de la violencia contra las trabajadoras mujeres, que llevaron a que muchas abandonaran sus cargos o directamente dejaran la profesión. El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” lo señaló en su informe de 2024 cuando advirtió que al cierre de la Agencia estatal de noticias Télam, le siguieron la persecución a periodistas y la eliminación de la figura de editoras de género, todas circunstancias que contribuyeron a invisibilizar la problemática de la violencia machista en la agenda mediática.

Frente a la eliminación del rol, lo que queda, en la mayoría de los medios, es una perspectiva de género traccionada casi exclusivamente por las mujeres trabajadoras que la sostienen a título personal, con el esfuerzo individual como único recurso, exponiendo su trabajo a oleadas de violencia, odio y castigo. Sus columnas son toleradas, ponderadas en momentos de efemérides y fechas especiales, pero relegadas a secciones específicas, como si la mirada de género fuera un suplemento optativo y no un paradigma transversal que debería atravesar toda la cobertura: la política, la economía, la justicia, el deporte, las finanzas. Mientras eso no cambie, la perspectiva de género seguirá siendo un apéndice dentro de los medios, y no una herramienta para leer la realidad en su totalidad.

La relación entre la situación de las mujeres en las redacciones y la cobertura de la violencia machista no es indirecta ni metafórica. Cuando una periodista se autocensura por miedo, cuando una columna no tiene el lugar que debería, cuando una editora de género desaparece, cuando el femicidio queda relegado a una eventualidad y no se analiza como falla estructural del Estado, se está tomando una decisión editorial con consecuencias concretas sobre cómo la sociedad comprende e interpreta la violencia que la atraviesa. Se descontextualiza a las víctimas, se omiten las responsabilidades institucionales, se nombra al agresor con eufemismos, se justifican los crímenes, se revictimiza, y se construye, palabra a palabra, un relato que normaliza lo que debería movilizar. Esas decisiones son el resultado de estructuras de poder dentro de los medios que siguen siendo, en su mayoría, masculinas.