Las recientes declaraciones del intendente de Paysandú (Uruguay), Nicolás, Olivera, alrededor de la posibilidad de reinstalar la refinería de HIF Global en otro predio de la zona, han traído algo de tranquilidad a la comunidad entrerriana. El conflicto por la llegada de la firma y la incertidumbre sobre el peligro ambiental que conllevaría su emplazamiento en la región lleva más de un año teniendo de un lado a dirigentes del vecino país y del otro a funcionarios de la provincia, en una disputa que parece encontrar ahora una tregua momentánea.
No obstante, y pese a las chances de que finalmente la compañía se radique en un lugar distinto al que estaba previsto, en Colón creen que no están dadas las condiciones para considerar seguro el proyecto. Afirman que la multinacional ha tenido un comportamiento errático y que ha intentado evadir las consultas sobre el impacto que tendrá su producción, que si bien se vende para afuera como “verde”, en virtud tiene los mismos potenciales riesgos que cualquier emprendimiento fabril.
El 26 de abril habrá en Entre Ríos tres movilizaciones, en las localidades que tienen pasos fronterizos con Uruguay y comparten, por ende, el Río Uruguay. Serán en Colón, Concordia y Gualeguaychú, con el objetivo de visibilizar un reclamo que hoy preocupa puntualmente a una ciudad, pero que involucra en la generalidad a toda una costa de la provincia de Entre Ríos.
“La empresa ha demostrado irresponsabilidades, promete información que no trae, desmontó sin autorización un área natural protegida, de un momento para el otro informó un aumento del nivel de producción tope. Es decir, hay poco compromiso social en una firma que dice que es pionera pero que lo único que tiene para mostrar es algo parecido en Chile, donde la comunidad más cercana a la fábrica está a 30 kilómetros. Esto parece una prueba piloto y no sabemos cómo puede llegar a terminar”, afirmó a El Destape, Carlos Serrati, integrante de la Multisectorial Somos Ambiente, que nuclea a diversas entidades que defienden el territorio y se oponen a la iniciativa.
El especialista analizó las consecuencias que podría conllevar la presencia de HIF Global en el entorno de la comunidad de su ciudad: “Esta zona tiene algunos vectores económicos. Están la producción avícola, la nuez pecan, la vitivinicultura y las hortalizas. A su vez, el servicio a los visitantes, englobado en lo que se denomina comúnmente ‘turismo’, pero que ha implicado inversiones en los últimos 40 años, más la construcción de los servicios junto a la infraestructura urbana que se fue adaptando. Todo eso está en riesgo”.
En las últimas horas, Olivera admitió públicamente que se estudia la relocalización del proyecto. La determinación tendría una doble finalidad: evitar el choque con Entre Ríos por un lado, pero en mayor medida abaratar costos logísticos. Todo parece haberse suscitado tras un cortocircuito entre el gobierno de Orsi y HIF Global por el precio de la energía. Como suele suceder, la promesa que comenzó siendo grande empezó a tener algunos "peros" en el medio. La compañía extranjera ahora exige un valor rebajado de 40 dólares/megavatio, cuando en general el costo es casi el doble: 70. El subsidio encubierto que pide la multinacional es lo que, puesto sobre la mesa, reabrió el debate de un posible emplazamiento en otro predio donde se pueda conjugar un precio consensuado bajando costos por otro lado.
El gobernador Rogelio Frigerio, anoticiado de la hipotética maniobra, expesó su satisfacción: "Veníamos peleando por esto en silencio y la posibilidad que se abre nos da una enorme sensación de alegría. Tengo claro que el presidente uruguayo tiene mucho que ver con esto porque personalmente me indicó que le parecía de sentido común y razonable nuestro planteo y siempre se mantuvo en esa postura”. En un sentido parecido se expresó José Luis Walser, intendente de Colón. Pese a ello, en la localidad entrerriana -y en toda la costa del Río Uruguay en general- coinciden en que no alcanza con cambiar de locación la planta, lo que se precisan son garantías de que no se verá afectada la salud de la población.
“Nosotros pedimos que se cumpla con el tratado del Río Uruguay, donde una parte debe informar a la otra sobre las obras significativas que se hagan. Eso debió tener lugar con UPM Botnia y no sucedió, ahora nos encontramos con que nuevamente no se hace. Es muy difícil si no hay información no poder estar inquietos”, afirmó Serratti.
Los riesgos ambientales
El impacto visual sobre las costas de Colón no es el único motivo por el cual la comunidad se ha movilizado. En efecto, es uno de los puntos a tener en cuenta, pero no el único. “En principio la empresa se presenta como una planta de hidrógeno verde, lo cual es semántico y busca ser más permisivo. Porque no van a producir hidrógeno verde, eso va a ser un insumo más, el 25% de la base para generar combustibles. El 75% restante será dióxido de carbono, del cual el 5% surge de una planta cercana de etanol y el otro 95% incinerando producción forestal y residuos de la producción agrícola. Cuando eso se queme saldrán otros gases, que dicen que pasarán por filtros. Con esos insumos -hidrógeno y dióxido- fabrican el metanol, que es un alcohol muy tóxico y tiene particularidades de comportamiento cuando se escapa, quedando expuesto a los vientos”, resaltó Serratti. Y agregó: “La característica de esta zona es que el 70% es que el viento sopla del este, con lo cual el riesgo potencial es enorme para 60 mil personas, estando a 3.500 metros de la costa de Colón. Y a mucho menos de la frontera, porque es la mitad del río, a 2 mil metros”. Los productos finales de HIF Global serían cuatro: gasolina, aceite, gas y kerosene. Nada de eso se comercializaría en la zona, iría directo a exportación.
Otro aspecto a tener en cuenta, según los ambientalistas, es el uso permanente de la industria. El tipo de gases que larga a la atmósfera y las cenizas producto de la quema de más de un millón de toneladas de madera, son dos variables que también han de ser consideradas: “Al principio los filtros andan bien, pero al cabo de algunos años hay accidentes porque no hay mantenimiento, como pasó en UPM. Entonces hablamos de un riesgo permanente para la comunidad, en una fábrica que haría 870 mil toneladas de metanol al año”. Paralelamente, para el acarreo, se moverían 100 camiones con un promedio de 500 kilómetros diarios cada uno, con gasoil y en caminos de tierra. Eso suma la contaminación propia del combustible, sumado al polvo que se provocarían en las rutas.
Colón vs Paysandú: un conflicto que trae recuerdos
El conflicto actual cuenta con las mismas características que el que alguna vez tuvo al expresidente Néstor Kirchner yendo hace dos décadas a La Haya con un reclamo ambiental. Los protagonistas son prácticamente los mismos, con diferencias puntuales: de un lado la República Oriental del Uruguay buscando instalar una empresa y del otro lado Entre Ríos, resistiendo el emplazamiento denunciando contaminación y afirmando que el impacto en los recursos podría ser enorme. En todo caso, lo diferente radica en que UPM Botnia ahora es HIF Global; que del lado del vecino país la confrontación es con Paysandú y no con Fray Bentos y que en la costa argentina el involucrado es Colón y no Gualeguaychú. Entre todos ellos, un común denominador: un paso fronterizo que podría verse interrumpido si la disputa sigue escalando.
La comparación es inevitable. Lo que en algún momento terminó resolviéndose en una corte internacional debido al reclamo ambiental de nuestro país por la pastera uruguaya que llegaba con promesas de inversiones ahora tiene un capítulo semejante con el arribo del que prometen será el mayor desembolso de recursos extranjeros en la historia de Uruguay: una planta de hidrógeno verde. Un nombre que, dicho así, suena amigable pero que esconde, según especialistas, peligros como los de cualquier emprendimiento industrial que busca afincarse en una zona cercana a un río -en este caso el Uruguay- y que produce desechos y efluentes que podrían acabar en el agua. La misma agua objeto de análisis en 2006, cuando Kirchner fue a solicitar que se dirima el debate por el uso y el cuidado de un recurso que es compartido.
Este conflicto comenzó en 2025, cuando vecinos de Colón se movilizaron por el impacto visual de un proyecto en Uruguay sobre una ciudad fuertemente turística. La preocupación escaló rápido: operadores del sector alertaron a las autoridades y el intendente José Luis Walser activó gestiones con Rogelio Frigerio. El gobernador cruzó a Uruguay y se reunió con el presidente Yamandú Orsi, planteó la inquietud y pidió relocalizar la iniciativa. Hubo diálogo y foto, pero ninguna respuesta concreta.
Las gestiones siguieron con la intervención del canciller Pablo Quirno, quien junto a su par uruguayo Mario Lubetkin acordó continuar el diálogo con participación de Entre Ríos y el municipio. Sin embargo, mientras Argentina insistía en revisar el proyecto, en Uruguay avanzaba sin cambios. Ya en 2026, Frigerio endureció el tono y advirtió sobre una posible judicialización, reavivando el recuerdo de conflictos pasados y el riesgo de nuevas protestas.
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