Por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei la industria textil atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. En ese contexto los trabajadores de una ex fábrica de hilados viven un duro presente ya que fueron despedidos hace tres meses y no les pagaron la indemnización.
La empresa Emilio Alal cerró las puertas de un día para el otro en enero de las plantas de hilados y telas en Goya, Corrientes, y la de hilados en Villa Ángela, Chaco más de 200 trabajadores quedaron en la calle. Tras el reclamo la firma les impuso una perimetral a un grupo de trabajadores.
Los telegramas de despidos llegaron el 25 de enero y allí se explicaba el cierre y desvinculación de los trabajadores y trabajadoras por "el actual contexto económico y comercial adverso" que atraviesa la industria y el país en general y apuntando contra la apertura de importaciones. En ese sentido, la compañía invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para notificar despidos por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.
254 operarios quedaron en la calle por el fin de las plantas lo que llevó a una serie de reclamos. En Corrientes, donde se dio la mayor sangría, los empleados pidieron por los puestos de trabajo en primera instancia y luego cuando la situación ya no tenía vuelta atrás por las indemnizaciones.
La empresa puso una orden perimetral a los trabajadores
Tras esto los empresarios dueños de la firma textil no solo no cumplieron con los pagos correspondientes sino que fueron a la Justicia. Los trabajadores iban a protestar a los barrios de los patrones quienes consiguieron una "perimetral" de 200 metros por 180 días para que los delegados y trabajadores no se acerquen a sus domicilios.
"Hay compañeros que trabajaron 20, 25 o 30 años en la fábrica, toda su vida manejaron una máquina, los sacás de ahí y no saben hacer otra cosa", relató David González, ex delegado y trabajador despedido, al programa “Dialogando” de Radio Sudamericana de Corrientes.
"Dicen que como somos la cara visible de la protesta y que instigamos a la gente, pero no es así. La comunidad está enojada, porque todos tienen algún familiar que trabajaba en la hilandería y fue despedido", añadió respecto de la insólita medida de la Justicia. Mientras tanto el poder judicial no se expresó respecto del pago que les deben a los trabajadores.
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