Luego de semanas de conflictividad social, la primera reunión de la paritaria central entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial concluyó el pasado jueves sin una oferta salarial y con la determinación de pasar a un cuarto intermedio hasta el 14 de julio.
Del encuentro participaron representantes de la gestión de Claudio Vidal junto a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal de Administración Pública (APAP) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el marco del cronograma de negociaciones.
Según detallaron medios locales, los sindicatos plantearon la necesidad de una recomposición urgente de los salarios frente a la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses, además de exponer distintos reclamos vinculados a las condiciones laborales y la situación de los trabajadores de la Administración Central.
Sin embargo, la audiencia finalizó sin una propuesta económica por parte del Ejecutivo provincial. La reunión se produjo luego de varias semanas de reclamos y medidas de fuerza impulsadas principalmente por ATE, que venía exigiendo la apertura de las negociaciones salariales. Desde el sindicato habían señalado en los días previos que acudirían a la mesa con el objetivo de discutir una recuperación real de los salarios estatales.
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La falta de una oferta salarial en la primera audiencia deja abierta la expectativa sobre la continuidad de las negociaciones, en un contexto marcado por las demandas gremiales de recomposición salarial y las limitaciones presupuestarias planteadas por el Gobierno provincial. De acuerdo a lo informado por Señal Calafate, el cronograma continuará con la paritaria sectorial de Salud y posteriormente con la negociación docente.
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) elevó esta semana una nota al gobernador Vidal donde solicitó su intervención ante los descuentos que sufrieron los maestros por manifestarse en el marco de los paros que se dieron durante los meses precedentes.
Tras la decisión del gobernador Vidal de incorporar a la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la mesa paritaria provincial, ADOSAC impugnó la participación del sindicato nacional. Desde el gremio local sostienen que dicha incorporación vulnera la legislación vigente y argumenta que UDA no posee actividad gremial comprobable en Santa Cruz ni representatividad efectiva dentro del sistema educativo provincial.
Milei sale a socorrer a Vidal para solucionarle el problema con la Policía
El gobierno de Javier Milei dispuso que las fuerzas de seguridad federales se hagan cargo de tareas de patrullaje y control en la provincia de Santa Cruz, sumida en una fuerte protesta de policías por mayores salarios. Desde hace una semana que el distrito gobernado por Vidal tiene a sus efectivos acuartelados con marchas y paros con un nivel de 85% de acatamiento.
Ante el recrudecimiento del conflicto policial, que desde el martes pasado piden "sueldo digno" y "mejores condiciones laborales", el Ministerio de Seguridad Nacional decidió el despliegue de agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria para garantizar el cuidado de los santacruceños.
"La ministra desde el primer momento se comunicó con el gobernador y el ministro de seguridad de Santa Cruz. Se dispuso la conformación de un Comando Unificado y las Fuerzas de Seguridad se están encargando de las tareas de patrullaje con el despliegue que existe en la provincia", indicaron a El Destape desde el entorno de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La protesta, que comenzó el pasado 2 de junio con la instalación de carpas frente a la Casa de Gobierno, se extendió a distintos puntos de la provincia con la adhesión de efectivos del Servicio Penitenciario, Bomberos y la Policía. "Vidal tiene miedo", cantaron durante la noche del viernes los oficiales, según describió el medo local Señal Calafate.
Durante la marcha de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, aseguró que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: "Podemos hablar de un 85% de acatamiento", indicó en declaraciones a medios locales.
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