La Justicia Federal ordenó al gobierno de Javier Milei realizar la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe. Según el fallo, estas condiciones representan “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios” y requieren una intervención urgente por parte del Estado.
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el gobernador Maximiliano Pullaro construyó un discurso de diferenciación basado en los efectos que el ajuste nacional tiene sobre Santa Fe. El gobernador reclama por la paralización de la obra pública, cuestiona la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y exige una mayor distribución de recursos. Sin embargo, al mismo tiempo, sostiene que mantiene una "muy buena" relación con el Presidente y con el Gobierno nacional, destacando coincidencias en materia de equilibrio fiscal y diálogo institucional.
Uno de los principales reclamos se relaciona con las obras viales que la provincia ejecutó con fondos propios, aunque las rutas y corredores involucrados pertenecen a la órbita nacional. Entre esas obras se incluye la construcción de un nuevo Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé sobre el río Salado.
En este marco, la resolución dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad. El magistrado consideró acreditado el grave deterioro de las calzadas y sostuvo que el Estado debe garantizar la transitabilidad plena y la seguridad de quienes circulan por esos corredores estratégicos para la producción y la conexión del sur santafesino.
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Uno de los principales puntos señalados en la sentencia corresponde a la Ruta Nacional 33, donde el juez describió la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”. Además, el magistrado destacó que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación. En el expediente consta que autoridades del Distrito Santa Fe del organismo habían advertido que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Si bien se había adjudicado una licitación para ejecutar trabajos de reparación, las obras no avanzaron debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias.
Di Gregorio: “Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos”
La senadora provincial Di Gregorio destacó el alcance de la decisión judicial. La legisladora recordó que, en una primera instancia, la Justicia Federal había dictado una medida cautelar para que Vialidad nacional ejecutara trabajos urgentes de bacheo y reparación en los sectores más deteriorados.
Sin embargo, ante la falta de respuestas y avances concretos, el proceso judicial continuó hasta llegar a una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. “Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días”, señaló Di Gregorio.