En un momento en el que el endeudamiento aparece como la única vía para que empresas y familias puedan hacerle frente a la crisis provocada por el gobierno de Javier Milei, la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario alertó que en el último tiempo “creció la mora en el pago de alquileres y expensas”. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) ubicó al departamento Rosario como el de mayor morosidad de Santa Fe.
La jefa del organismo, Nadia Amalevi, reconoció que el contexto que atraviesa el país es “bastante complejo” para los inquilinos. En el caso de Rosario, manifestó que los problemas en materia de vivienda "son diversos". Si bien lo que prima es la falta de pago de alquileres y servicios, la situación también afectó a quienes son dueños de un inmueble: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”, señaló.
Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026, 137.427 personas mantienen deudas impagas desde hace más de 90 días, lo que representa el 41,5% del total de deudores en mora de la provincia. La tasa de incumplimiento alcanza el 17,11%, por encima del promedio santafesino, que se ubica en el 14,29%.
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El informe, diagramado junto a la Fundación Friederich Ebert, también muestra que en territorio rosarino existen 596.408 personas con algún tipo de crédito registrado. El monto total de las obligaciones financieras asciende a $2,47 billones, mientras que la deuda en mora alcanza los $422.573 millones. Además, la ciudad que gobierna Pablo Javkin concentra el 35,7% del total de la deuda provincial y el 42,7% del dinero que se encuentra en situación de incumplimiento.
Advierten sobre el impacto del desalojo exprés en familias e inquilinos endeudados
La Libertad Avanza (LLA) logró la media sanción en el Senado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El capítulo II realiza modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial. En el artículo 679 del primero, se modifica para establecer que el desalojo de un inmuebles se sustanciará por el procedimiento el juicio sumarísimo, que es más expeditivo que el juicio sumario, que figura en la legislación actual.
También se propone la incorporación al artículo 1222 del Código Civil y Comercial en el que se establece que en caso de falta de pago, el locador tiene diez días de corrido para recibir el pago. En caso de el locatario no cumpla, el propietario "puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley".
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La titular de la Oficina del Consumidor rosarina, Nadia Amalevi, apuntó contra la propuesta que deberá ser tratada en Diputados. “Me preocupa que prácticamente se equipara a una persona que usurpa un inmueble con un inquilino que hoy está pasando un mal momento porque se quedó sin laburo o le aumentó el alquiler", afirmó en diálogo con Conclusión.
En ese sentido, advirtió que "las personas cada vez tienen más dificultades para pagar su gastos corrientes y se endeudan para llegar a fin de mes, por eso esto me parece un despropósito y espero que se reviese esta situación”.
Asimismo, señaló que el proyecto apunta a acortar los plazos del proceso a través de un procedimiento acelerado. "Uno recibe una intimación de diez días corridos y después comienza un juicio, pero la orden de desalojo tiene que estar fundada. Lo que cambia es que en el medio del proceso el propietario puede pedir el desalojo con una figura que es la caución juratoria, que es como una declaración jurada que tiene que estar fundada en donde se hace cargo si después el juicio no sale a su favor", explicó.