El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa perdió la modificación de la Ley de Tierras, se mantuvo en pie otro punto que genera preocupación entre los inquilinos de todo el país: la creación de un mecanismo de desalojo acelerado.
Qué establece el capítulo sobre desalojos en la nueva Ley de Propiedad Privada
El texto que avanzó en el Senado y que ahora deberá discutirse en Diputados propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de acelerar los desalojos en situaciones donde el contrato de alquiler venció o cuando existe falta de pago por parte del inquilino. Incluso, se busca modificar el rol del juez en los casos donde haya involucrados menores de edad.
Según el proyecto, en los casos en que las partes no hayan pactado previamente un mecanismo específico para resolver la situación, se aplicará de manera supletoria el procedimiento previsto para desalojar a los ocupantes, el mecanismo de desocupación inmediata puede darse por "falta de pago o vencimiento del contrato". Así, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble rápidamente, mientras que considere verosímil el derecho invocado por el propietario y este último ofrezca una caución juratoria como garantía.
De aprobarse esta modificación, los juicios de desalojo pasarían a tramitarse bajo el procedimiento sumarísimo, uno de los procedimientos más breves del sistema judicial argentino. Esto implica que los plazos actuales, que pueden extenderse durante varios meses, se acortarían de manera significativa, incluso para inquilinos que ingresaron de forma legal al inmueble, pero que luego incurrieron en un incumplimiento contractual o dejaron de pagar el alquiler.
En los casos de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar de manera fehaciente al inquilino para que regularice la deuda, otorgándole un plazo de hasta diez días corridos desde la notificación, que podrá realizarse tanto en el domicilio real como en el electrónico declarado en el contrato. Si la deuda no se salda en ese plazo, el propietario quedará habilitado para iniciar la acción judicial.
Qué en casos donde hay menores, personas con discapacidad y adultos mayores
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto, es el cambio del rol del juez en los desalojos que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Antes el magistrado estaba obligado a garantizar los derechos procesales de estos grupos, la nueva normativa busca eliminar esa exigencia directa y traslada la responsabilidad a los organismos locales de protección, que deberán intervenir una vez iniciado el proceso.
Así, cuando en la vivienda residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes. Además, se establecerá un plazo adicional de hasta diez días para buscar una solución habitacional transitoria.
Qué debe pasar en el Congreso para que salga la ley
El proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora giró a la Cámara de Diputados, donde debatirán y volverán a votar la iniciativa. En caso de que reciba la aprobación de la Cámara baja podrá ser promulgada la ley, mientras que si se realizan cambios, deberá volver a sesionarse en la Cámara Alta.
Organizaciones de inquilinos y sectores de la oposición ya anticiparon su rechazo a esta reforma, al considerar que profundiza la desprotección de quienes alquilan una vivienda en un contexto de fuerte suba de precios en el mercado inmobiliario.