El Poder Ejecutivo avanzó con la actualización salarial para ministros y altos cargos del Gobierno, a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. Aunque en los días previos se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, el texto oficial no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la medida, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.
El decreto aclara, sin embargo, que la actualización no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que los incrementos dispuestos no tendrán carácter retroactivo.
La medida impacta sobre las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorias; de las autoridades superiores incluidas en los regímenes establecidos por los Decretos N° 1716/92 y N° 140/07; y de aquellos funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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Entre sus cláusulas, la normativa incorpora un mecanismo de congelamiento automático de salarios en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado. Según el texto, esa disposición apunta a “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como eje de la política económica.
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la medida busca garantizar que las funciones de conducción superior del Estado cuenten con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente” con las responsabilidades que asumen esos cargos. También señaló que la actualización salarial, combinada con controles y mecanismos de rendición de cuentas, contribuiría a fortalecer la integridad institucional.
El decreto vincula el aumento con el superávit fiscal alcanzado y el “orden macroeconómico” de la actual gestión, y plantea que el reordenamiento salarial se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a un Estado “eficiente y profesional”.
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En ese marco, el Ejecutivo definió la medida como parte de un proceso más amplio de transformación del empleo público, con el objetivo de dejar atrás un esquema que describió como desarticulado, poco transparente y sin incentivos adecuados.
La decisión oficial también asigna a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública un rol central en la implementación de un nuevo esquema de empleo público, orientado a la evaluación por desempeño y al mérito, una reforma que el Gobierno presenta como parte de su estrategia de reorganización del Estado.
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