La iniciativa se cocinó en un marco de extrema tensión. El viernes 17 al mediodía, el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada reunió durante más de dos horas a los principales operadores del poder libertario. Encabezaron el encuentro el propio Manuel Adorni y su mecenas, la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Los acompañaron el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, el armador nacional del partido, Lule Menem, y su enemigo íntimo, el asesor presidencial Santiago Caputo. El único ausente fue el ministro de Economía Luis Caputo, que se encontraba en Estados Unidos suscribiendo otro ciclo de deuda.
El contexto no podía ser más incómodo. El anfitrión arrastra un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que hundió la aprobación del gobierno por debajo del 30 por ciento, según el promedio de encuestas que llegan a diario a la Casa Rosada. El caso provocó descargas de artillería pesada entre Las Fuerzas del Cielo -que responde a Caputo- y el karinismo, vía la figura del diputado nacional y armador bonaerense, Sebastián Pareja. En medio de ese fuego cruzado, el próximo 29 de abril Adorni deberá presentar su informe de gestión ante Diputados, donde los cuestionamientos sobre su patrimonio prometen convertir el trámite institucional en un show pugilístico de alto voltaje. Sobre ese escenario, la mesa pretende montar un contraataque reaccionario que el presidente sintetizó como “la agenda anti-woke”. Una avanzada que involucra nuevos ataques a las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de abusos y pacientes de salud mental, entre otros colectivos vulnerables.
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En medio de la tormenta, la crueldad avanza.
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Duro con los más débiles
Con una provocación incorporada al nombre, el Ejecutivo anunció que presentará al Congreso un proyecto denominado "Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". El título no es inocente. Es la forma que encontró la administración libertaria de reencuadrar una disputa que ya perdió en el Parlamento: la oposición sancionó en 2025 la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prorrogó la emergencia hasta 2027 y regularizó los pagos a prestadores del sector. Milei la vetó. El Congreso rechazó el veto. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema, y según lo trascendido en la reunión de mesa política, prevé un fallo adverso.
En ese escenario, la respuesta oficialista no es acatar la ley votada por el Parlamento y ratificada por el voto del Congreso: es presentar una ley nueva que revierta lo que ya fue decidido. El proyecto que el Ejecutivo diseñó para reemplazar la Ley de Emergencia busca retrotraer las condiciones que el propio Congreso consideró insuficientes y decidió mejorar. Para eso, le puso un nombre que sugiere fraude donde hay vulnerabilidad, y finge combatir un abuso donde lo que existe es una demanda de derechos básicos de personas con discapacidad y sus familias.
Mientras la disputa se despliega en los tribunales y el Parlamento, el sistema ya atravesó su punto de colapso. La Agencia Nacional de Discapacidad fue vaciada, las prestaciones se atrasan, y la Iglesia Católica acumuló un nuevo reclamo formal ante el Ministerio de Salud. Ese es el estado real del sector sobre el que el Gobierno pretende imponer un proyecto ideado como cortina de humo.
Gobierno insalubre
El Ejecutivo enviará también al Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la norma sancionada hace quince años que constituyó un avance concreto en materia de derechos humanos al instalar el paradigma de abordaje comunitario e interdisciplinario por sobre la internación como primer recurso, y fijó el cierre progresivo de los hospitales monovalentes.
El oficialismo sostiene que la normativa actual no garantiza el acceso oportuno a tratamientos, en especial en lo relativo a las internaciones involuntarias. La propuesta incorpora un criterio "situacional" que permitiría evaluar no solo el riesgo inmediato del paciente, sino también su contexto y evolución. Además, exigiría la participación de un médico psiquiatra y la ratificación del equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. También prevé organizar la atención en niveles de complejidad: hospitales generales para cuadros leves y centros especializados para los graves, en lo que vendría a ser una lógica de reinstitucionalización que la ley vigente precisamente intentó desarticular.
La respuesta de los profesionales del campo no demoró. La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) emitió un comunicado de preocupación en el que señaló que el agravamiento de los problemas de salud mental en la población no puede atribuirse al marco normativo vigente. Al contrario, la organización indicó que el deterioro responde a un proceso de desinversión sistemática: el desfinanciamiento del PAMI y las obras sociales, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, los despidos de profesionales en hospitales públicos y el cierre del Programa Remediar, que garantiza el acceso a medicamentos para sectores vulnerables. "No es la ley la que agrava los padecimientos subjetivos y sociales de nuestra comunidad, es la falta de inversión sostenida, la fragmentación del sistema de salud, el debilitamiento de los dispositivos territoriales y comunitarios, y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población", señala el documento de FePRA.
Dicho de otra forma: el Gobierno diagnosticó mal la enfermedad para recetar la medicina equivocada. El propio Ministerio de Salud admite que más del 45% de la población presenta algún tipo de trastorno emocional o psicológico. Ese dato debería derivar en un plan de inversión. El Gobierno, en cambio, lo usó como argumento para justificar una reforma legal que permite profundizar el ajuste presupuestario y, de paso, rehabilitar negocios privados -como la institucionalización forzada- desactivados con la ley que se busca derogar.
Una ley a favor de los abusadores
El tercer componente de la agenda es, quizá, el de mayor impacto sobre los derechos de las personas. El miércoles 9 de abril, casi sin que los medios lo registraran con el peso que merece, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe) para endurecer las penas por "falsas denuncias" cuando involucren violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa propone elevar el piso de esas penas a tres años y el techo a seis. Con ese umbral mínimo, la condena podría implicar prisión efectiva. No se trata, como se dice, de cubrir un vacío legal: la figura de la falsa denuncia ya existe en el artículo 275 del Código Penal. Lo que el proyecto hace es aumentar el castigo específicamente en el conjunto de delitos que, por su naturaleza estructural, son los más difíciles de probar: los que ocurren en ámbitos privados, sin testigos, en el marco de relaciones de poder que condicionan la posibilidad de producir evidencia.
La asimetría que produce el proyecto constituye un beneficio implícito para varones que cometen abusos. En algunos casos, la pena prevista para quien denuncie un abuso y no logre probarlo superaría la del delito que denunció: la condena por abuso sexual parte de un mínimo de un año, mientras que la proyectada para una supuesta denuncia falsa sobre ese mismo abuso arrancaría en tres. El sistema aparece, con esta lógica, más preocupado por castigar a quien denuncia que por proteger a quien fue agredido.
Los números disponibles explican por qué esa lógica no resiste el análisis más superficial. Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, en la última década se registraron 2.827 femicidios en Argentina. En el 85% de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima. Con todo eso, solo el 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia y apenas el 10% contaba con medidas de protección judicial al momento del crimen. La subdenuncia es la norma, no un fenómeno residual. En una columna en El Destape, la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, recordó que en su provincia durante 2025 se registraron 243.848 denuncias por violencia de género y doméstica. Y que solo 1 de cada 4 mujeres que atraviesan violencia de género llega a hacer una denuncia judicial. La violencia sexual es la menos denunciada: solo el 12,5% de los casos se reporta.
En el otro extremo de ese cuadro están los datos sobre las denuncias falsas. ONU Mujeres ubica el fenómeno por debajo del 1% a nivel global. En Argentina, un informe del Consejo de la Magistratura sitúa el total de denuncias falsas en el sistema penal en menos del 3%, y la mayoría corresponde a delitos económicos, no a violencia de género. Uruguay realizó un estudio propio entre 2021 y 2023: de la totalidad de expedientes relevados sobre calumnia y simulación de delito, solo 2 casos tuvieron vinculación con violencia de género. Lo que el proyecto de Losada busca combatir es un fenómeno estadístico, en el mejor de los casos, marginal. Lo que produce, en cambio, es un riesgo penal concreto sobre quienes ya enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.
Hay un elemento más que el análisis de Estela Díaz coloca sobre la mesa: el proyecto incluye una cláusula de silenciamiento mediático que penalizaría a los medios de comunicación que difundan noticias sobre abusos o violencia sin sentencia firme. Y agrega persecución judicial a las personas que realizan pericias. En delitos donde no hay testigos, donde la prueba es escasa por definición y donde los procesos judiciales fallan con frecuencia por esa misma razón, esa cláusula no protege a nadie del abuso de la denuncia: desactiva los mecanismos que permiten que la denuncia exista.
El dictamen avanzó con el respaldo del bloque libertario, sectores del PRO y bloques provinciales. Al menos siete provincias manifestaron su rechazo a la iniciativa. La APDH emitió un documento político en contra. La oposición advirtió en comisión que equiparar la falta de prueba con la falsedad de una denuncia constituye un error jurídico y político con consecuencias directas sobre el acceso a la justicia. El proyecto, sin embargo, obtuvo el dictamen que necesita para acceder a la caja de resonancia del recinto en la Cámara Alta. Es lo que más le interesa al Gobierno: que la sociedad se enfrasque en un debate sobre derechos con la esperanza de distraer la atención de los escándalos de corrupción y del padecimiento cotidiano perpetrado por un plan de negocios ejecutado como programa de gobierno.
Los artificios llegan con la pólvora mojada del truco que ya se conoce, pero aún así pueden quemar sobre realidades que arden. Como se sabe: los caramelos de madera distraen, pero también pueden dañar.
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