El problema no son las falsas denuncias, el problema es la violencia de género

Para instalar una idea alcanza con recortar, exagerar y repetir. Así se construyen climas de época: no a partir de datos, sino de percepciones dirigidas, haciendo generalizaciones de casos individuales, sin referencias ciertas de la problemática, ni siquiera respecto a que el delito de la “falsa denuncia” ya está contemplado en nuestra normativa vigente.

El proyecto de ley de la senadora Carolina Losada (Juntos por el Cambio-Santa Fe) no busca proteger a las infancias de las “malas” madres. Al contrario, impulsa la impunidad de la violencia de género y el abuso sexual y forma parte de una campaña contra los derechos de las mujeres y las infancias.

Recordemos que una de las organizaciones que, en la región, impulsa la idea de las “falsas denuncias” es “Varones Unidos”, integrada por Pablo Luarta, el femicida que el año pasado asesinó a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, al remisero que lo trasladó y secuestró a su hijo de 5 años. Un promotor en Uruguay de proyectos similares a los que impulsan hoy con esta temática en la Argentina.

Los números son claros: las falsas denuncias no son un problema extendido en la sociedad argentina. A nivel global, según las cifras de Naciones Unidas, no superan el 1% de las denuncias por este delito. En el caso de Uruguay, que hizo un estudio propio, entre el 2021 y el 2023, de la totalidad de expedientes relevados referidos a los delitos de calumnia y simulación de delito, solamente 2 casos tuvieron alguna vinculación con la violencia basada en género.

En nuestro país, según un informe del Consejo de la Magistratura, el total de denuncias falsas en el sistema penal argentino es menor al 3% y la mayoría están vinculadas a delitos económicos.

Entonces, si queremos poner el foco donde realmente hay que seguir trabajando, tenemos que hablar de la violencia de género y de las enormes trabas que todavía enfrentan las mujeres que atraviesan estas situaciones para acceder y obtener justicia.

En Argentina, sólo 1 de cada 4 mujeres que atraviesa violencia de género hace la denuncia judicial. Apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes. La violencia sexual y abusos es la menos denunciada: solo el 12,5% de los casos se reportan, lo que implica que el 88% no se denuncia.

En la provincia de Buenos Aires, durante 2025, se registraron 243.848 denuncias por violencia de género y doméstica a través del Formulario Único de Denuncias. Salvo que estemos frente a un fenómeno de mentirosas compulsivas y seriales, los datos nos demuestran que en verdad estamos ante una problemática social de enormes proporciones, para la cual necesitamos políticas integrales de abordaje, con fuerte acento en la prevención y el acceso a la justicia. El objetivo es garantizar una vida libre de violencias.

Las denuncias falsas ya están penalizadas en nuestro sistema jurídico. Así como no existe una problemática extendida sobre “falsas denuncias” tampoco existe un vacío legal. Las y los jueces tienen herramientas para investigar y sancionar en estos casos. Sin embargo, el proyecto de ley de la senadora Losada que acaba de obtener dictamen positivo, está en línea con un posicionamiento que pretende instalar el gobierno de Javier Milei como política de Estado, que es negar la existencia de la violencia de género y proteger la violencia machista. Este proyecto suma agravantes y, por ende, aumenta la pena (volviéndola no excarcelable) cuando las falsas denuncias se refieren a delitos de violencia de género o abusos sexuales. Incluye una cláusula de bozal mediático, ya que prevé castigar a los medios que difundan noticias de abusos o violencia que no tengan sentencia firme. Y suma persecución judicial a las personas que hacen las pericias.

En delitos que ocurren mayoritariamente en el ámbito privado, donde muchas veces no hay testigos ni pruebas directas, y donde los procesos judiciales suelen fracasar por falta de evidencia, endurecer las penas contra quien denuncia envía un mensaje peligroso: si no podés probarlo, el problema puede ser tuyo; se invierte la carga de la prueba. Que una denuncia por violencia no llegue a transformarse en una sentencia judicial no la vuelve una falsa denuncia. El interés final es claro, amedrentar y silenciar a las víctimas de estos delitos.

El Estado tiene obligaciones a las que no puede darles la espalda

Si se aprueba el proyecto de Losada, la Argentina pasaría directamente a incumplir tratados internacionales de los que es parte: el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en sus observaciones finales sobre Argentina 2026, advirtió que las iniciativas legislativas que agravan sanciones por “denuncias falsas” en contextos de violencia de género podrían tener un efecto disuasorio para las personas que atraviesan estas situaciones.

Por su parte, en 2025, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará —MESECVI— observó “con preocupación que estas iniciativas, lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos, y propician la impunidad y repetición de estos delitos, atentando contra sus derechos fundamentales” y “constata la ausencia de datos concretos y estudios fiables que sustenten la narrativa de una alta incidencia de denuncias falsas”.

En verdad, no debemos perder de vista lo que está detrás de este tema. Estamos frente a una operación meramente ideológica, en el marco de su “batalla cultural”, que es terminar con los derechos conquistados por las mujeres y diversidades, desproteger a las infancias. Volver a reducir nuestra voz, reponer el modelo tutelar, el supremacismo masculino, racializado y clasista.

Buscan vivir en una sociedad para los más privilegiados, mejor si es de los mil millonarios, como los amigos del presidente en el exterior, que dicen que van a dedicar su fortuna para terminar con los avances en derechos humanos en el mundo. Esto, al tiempo que la inflación, la tasa de desempleo y el endeudamiento de las familias en todo el territorio nacional no paran de crecer, es un buen ejemplo de cómo se articulan neoliberalismo y conservadurismo para profundizar un modelo deshumanizante, que requiere, como condición necesaria, amordazar la voz de las mujeres. Tenemos una mala noticia para ellos: no lo van a lograr.