Mientras el Gobierno nacional envió al Congreso un polémico proyecto de ley que propone cambios que podrían desfinanciar áreas críticas y vulnerar derechos adquiridos de personas con discapacidad, el representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad (CODEFI), Diego de la Mata, señaló que la Ley de Emergencia en Discapacidad “fue aprobada y apoyada cinco veces”.
La iniciativa libertaria elimina la homogeneidad de los valores en el Nomenclador de prestaciones básicas. Esto permite que cada provincia o ente obligado determine sus propios precios, lo que genera el riesgo de crear "ciudadanos de primera” y de “segunda", donde los prestadores en jurisdicciones con menos recursos dejen de brindar servicios por aranceles insuficientes.
En ese marco, de la Mata explicó cómo funciona actualmente el sistema: “Nación tiene el régimen de la Ley Nacional 24.901, en el cual se establece el nomenclador nacional a partir del año ‘99. ¿Qué es el nomenclador? Un listado de prácticas que se le hacen a la persona con discapacidad”. “Somos una minoría, pero no por ello menos importante. La discapacidad hoy tiene un lugar preponderante en la sociedad y no queremos perderlo”, expresó.
Asimismo, cuestionó los discursos oficiales que estigmatizaron a las personas con discapacidad. “Nos han deslegitimado. ‘Son para los vagos porque ustedes no quieren trabajar’. Compramos ese discurso y hoy hay en riesgo 1.280.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral”, afirmó en declaraciones para La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5.
En relación con las pensiones no contributivas, indicó que el acápite, es decir, lo que se le paga por persona mensual, no supera los $1.000. Además, remarcó que quienes acceden a estas pensiones tienen limitaciones laborales: “Este acápite lo tiene una persona con invalidez laboral, por tanto tiene restringido el acceso a otro tipo de trabajo”.
Uno de los principales puntos controversiales es el que busca establecer un “reempadronamiento obligatorio”. el incumplimiento de este trámite administrativo permite la suspensión automática de la pensión, una medida que impacta severamente en poblaciones vulnerables con dificultades de conectividad o movilidad en zonas rurales.
Según indicó el representante de CODEFI, el proyecto de ley del Gobierno nacional podría implicar un fuerte recorte. “De 1.280.000 pensiones quieren por lo menos bajar el 30%”, alertó. Además, se busca transferir responsabilidades a los gobernadores: “Se lo quieren tirar a las provincias. Santa Cruz se va a tener que hacer cargo de las pensiones no contributivas, de Incluir Salud y de PAMI”, señaló.
Crisis del sistema de salud de Santa Cruz: advierten que no hay profesionales en los hospitales
Respecto al funcionamiento del sistema de salud en la provincia, De la Mata fue crítico y apuntó que la localidad de San Julián "hoy no tiene psiquiatra" y en algunos hospitales de Río Gallegos "no hay neurólogo". "Ese es el sistema en crisis que tenemos”, apuntó.
La desidia del gobernador Claudio Vidal ante los reclamos salariales y la crisis sanitaria eleva la temperatura de las calles. Empleados de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) profundizaron las medidas de fuerza y decretaron un paro total de actividades por 72 horas entre este martes y jueves. La secretaria general del gremio, Silvia Leiva, advirtió que "las políticas públicas no están funcionando".
Los reclamos de parte del sector público de la sanidad no tuvieron descanso desde mitad del 2025, cuando iniciaron un reclamo sostenido por recomposición salarial. La situación sumó tensión a lo largo de los meses por el silencio del gobernador Vidal: Leiva cuestionó sus medidas y aseguró que, en algún momento, debe "tomar las riendas de lo que es gobernar, administrar, organizar, distribuir los recursos y ver de qué manera paliar toda esta situación".
Entre los reclamos se destacan “la falta de recomposición salarial con un año de caída real del salario de los trabajadores y la falta de cumplimiento a los acuerdos paritarios". A su vez, denuncian persecución laboral, hostigamiento, aprietes y condicionamientos dentro de los ámbitos de trabajo. "Sin salario, no hay salud", señalaron desde el sindicato al fundamentar la medida.
En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la secretaria Leiva advirtió que "nadie está cobrando lo que tiene que cobrar para poder vivir dignamente”. La dirigente advirtió que “no hay un entendimiento ni lógica” por parte de las autoridades. “Si vos ves que los insumos, los alimentos y los servicios aumentan, ¿de dónde creen que el trabajador va a sacar para poder cumplir con esa responsabilidad?", cuestionó.
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