Los gremios estatales de Santa Cruz copan las calles y realizan medidas de fuerza en reclamo de la apertura de paritarias y el fin de la criminalización de la protesta que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal. En el marco del paro general de 72 horas por parte de varios sindicatos, los trabajadores realizaron este miércoles la primera asamblea interhospitalaria, en la que se resolvió iniciar una serie de acciones para visibilizar sus reclamos.
APROSA, ATSA y ATE exigen recomposición salarial por una pérdida superior al 30%, además de denunciar falta de insumos, deuda en la Caja de Servicios Sociales y precarización laboral. La situación se enmarca en una crisis mayor que involucra a otros sectores estatales, con alerta por posibles huelgas generales ante la falta de acuerdos salariales, lo que llevó a los gremios de la salud a integrar con fuerza el Frente Sindical provincial.
En este contexto, Mariela Gamboa, trabajadora del Hospital Regional Río Grande e integrante de ATE, explicó que “la salud no está al margen de lo que está sucediendo en esta gran crisis provincial". "Desarrollamos esta primera asamblea intrahospitalaria y, desde mañana, ya tendremos actividades para visibilizar la lucha", afirmó la trabajadora.
En declaraciones para Tiempo Sur, Gamboa señaló que "hoy el salario de los trabajadores de salud se constituye de horas extras y guardias" y dijo que "hace mucho tiempo" que no hay "una buena recomposición del salario".
Luego, aseguró que las sanciones recibidas el año pasado luego de las medidas de fuerza sembraron el "temor" en los trabajadores. "Esa fue la realidad, cuando uno quiso hablar con la ministra el diálogo se cerró con estas sanciones”, apuntó sobre las decisiones que tomó la ministra de Salud y Ambiente, María Elena Ross.
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No fue un caso aislado. Tras un paro de 72 horas por recomposición salarial realizado la semana pasada, ATE denunció la detención ilegal de dos dirigentes en el marco de la protesta en el hall del Hospital Distrital de la localidad. Mientras se realizaba la manifestación, el juez Eduardo Quelin ordenó la detención del coordinador de municipales local, José Vilán, y la secretaria general seccional de ATE Las Heras, Marlene Gómez.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el Ejecutivo provincial: "Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente. Si piensan que con cárcel y represión van a tener paz, se equivocan. La paz social se logra garantizando respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad", cargó en sus redes sociales. Los dirigentes fueron liberados más tarde, tras la fuerte reacción de los gremios.
UOCRA denunció irregularidades laborales y trabajadores lanzaron medidas
En medio de los desesperados pedidos del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), un grupo de trabajadores de la construcción inició este lunes una medida de fuerza en el acceso principal a la base de la Compañía General de Combustibles (CGC), ubicada en Cañadón Seco, en reclamo por presuntas irregularidades laborales que afectan al sector.
La protesta busca visibilizar el incumplimiento de normativas vigentes y exigir respuestas concretas por parte de la operadora y las empresas contratistas. Voceros del gremio indicaron que el conflicto se originó por la utilización de trabajadores petroleros en tareas que corresponden al rubro de la construcción, lo cual estaría en contradicción con lo establecido en el Convenio 545/08 de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Según los manifestantes, esta situación se mantiene desde hace varios meses sin una solución efectiva, pese a los reclamos formales presentados ante la empresa. Entre las actividades señaladas como irregulares, los trabajadores mencionaron la colocación de membranas, termofusión de cañerías, instalación y mantenimiento de redes de agua, trabajos de pintura, refacción de oficinas y mantenimiento edilicio.
Estas tareas, aseguran, deberían ser realizadas por personal de la construcción y no por operarios del sector petrolero. Según detalló El Patagónico, la situación genera consecuencias directas en el empleo, ya que numerosos obreros se encuentran sin trabajo debido a esta modalidad.
Desde el gremio aclararon que no bloquearon el ingreso a la base de CGC, señalando que fue la propia empresa la que dispuso el cierre del portón principal con candados. No obstante, confirmaron que la medida de fuerza continuará por tiempo indeterminado hasta que haya respuestas concretas y se produzca la intervención de la autoridad laboral competente.
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