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Un relevamiento del equipo de Distintas Latitudes y un grupo de periodistas dejó al descubierto la falta de herramientas que existen en las universidades de América Latina para abordar las situaciones de violencia de género, sexual y machista ya que solo el 40% de las casas de altas estudios cuentan con un protocolo que indique los pasos a seguir o las estrategias a llevar adelante en tales situaciones.

Con el hashtag #PasóEnLaU, se difundió la campaña en las redes sociales sobre la investigación periodística que realizaron 35 profesionales de Red LATAM Jóvenes Periodistas y que analizaron la situación 100 universidades en 16 países de América Latina y el Caribe.

Para elaborar el informe seleccionaron una muestra de 100 universidades de 16 países: Argentina (8), Bolivia (6), Brasil (6), Chile (6), Colombia (6), Costa Rica (6), Cuba (6), Ecuador (6), El Salvador (6), Guatemala (6), Honduras (6), México (8), Nicaragua (6), Paraguay (6), Perú (6), Venezuela (6). En cada país, la mitad de las universidades se escogieron en función de su matrícula estudiantil. La otra mitad se seleccionó según el ranking QS, que evalúa la calidad de la enseñanza universitaria, con datos de 2017 a 2019.

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El objetivo general de #PasóEnLaU fue identificar cuántas de las universidades seleccionadas contaban o no con protocolos de atención a la violencia sexual y, en caso de tenerlos, saber si eran públicos; si se implementaban correctamente; y si han creado espacios más seguros para las y los universitarios

El resultado final fue preocupante: solo el 40% de las universidades investigadas cuentan con protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual, aunque no en todos los casos son públicos ni de fácil consulta. El 36% de las universidades no tiene una política específica para atender este tema y 24% no contestó nuestras preguntas, presumiblemente porque tampoco cuentan con ellos, ni hay indicios de su existencia.

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En síntesis; el 60% de las universidades investigadas carece de una política interna, institucionalizada, pública y abierta con sus comunidades para atender los casos de acoso, abuso y otras formas de violencia sexual.

Y la mayoría de las universidades investigadas, 60 de 100, no cuenta con protocolos públicos e identificables para atender, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual.