Por Darío Gannio
Redacción "El Destape"
Opositores y varios empresarios le pidieron en las últimas semanas al Gobierno que aplique multas a firmas de distintos sectores, pese a que en público se manifestaron en contra del paquete de normativas que regula a los privados que aprobó el Congreso en septiembre. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, también recibieron solicitudes de varias oficinas del Ejecutivo. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que, para cumplir con esas demandas, deberían haber aplicado la Ley de Abastecimiento, que todavía no debutó.
Es que delante de la cámara, en reuniones partidarias o en encuentros entre hombres de empresa, la mayoría de los que opinaron se declararon en contra de la Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (mal llamada Ley de Abastecimiento). No obstante, en privado con los funcionarios del Ministerio de Economía, y en representación de algún sector en particular, se multiplicaron las solicitudes de sanciones a competidores.
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Fue el caso del senador radical Nito Artaza, que junto a los yerbateros de Corrientes pidió que se multe a las compañías que participan de la industrialización y a los supermercados. "Eso es aplicar la ley que votaste en contra", le contestaron desde Economía.
Pero también hubo reclamos "hacia abajo", es decir, hacia los proveedores. Es que los representantes del calzado y marroquinería, que mantienen reuniones con funcionarios del Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio, analizaron la nueva ley y podrían pedir que debute con las curtiembres, que "mantienen un mercado muy concentrado", según explicaron desde el sector a El Destape.
Esas son dos de las actividades en las que la normativa podría debutar, según dijeron desde el Gobierno a este medio. Es que, para aplicarla, deberá tratarse de un caso testigo y con muchas irregularidades, debido a que desde la elite de empresarios del G-6 avisaron que, cuando Kicillof utilice la ley, irán a la Justicia.
Sin embargo, algunos de los miembros de ese foro también cayeron en la tentación de pedir regulación contra sus "adversarios". Fue el caso de uno de los máximos líderes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que pidió "más protección para sus representados, en detrimento de otras compañías, a través de multas a sus competidores", según dijeron desde el Ejecutivo, que agregaron: "piden que se controlen a 'los otros'".
Incluso desde varias asociaciones pymes, algunas de las cuales en principio estaban en contra de la regulación, empezaron a exigir más controles "antimonopolio". Así lo hicieron la Cámara de Mediana Empresa (CAME) y de las Confederaciones General Empresaria (CGERA) y Económica (CGE) cuyo principal objetivo es contar con el respaldo de las normativas en sus reclamos contra los bancos.
Pero también Kicillof recibió dentro del propio Gobierno pedidos para que debute la controversial ley. Es que, cuando la presidenta, Cristina Fernández, acusó a las automotrices de encanutarse los autos del plan ProCreAuto, desde la Jefatura de Gabinete (y desde la cartera de Industria) se telefoneó a las oficinas de Hacienda para que se aplique la normativa. La multa finalmente se aplicó, por unos $800.000 a Peugeot y Renault, pero a través de la Ley de Defensa del Consumidor.
No es la primera vez, ni será la última, que desde el sector privado se exija que se regule, pero solo a otros.