La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reconoció ante la Justicia Federal que el Distrito 22 de Formosa no dispone de los recursos necesarios para cumplir con las tareas de mantenimiento y reparación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. La admisión fue realizada en el marco de la causa impulsada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor y la Defensoría del Pueblo de Formosa, que busca garantizar la conservación de la red vial nacional.
La presentación fue realizada por los apoderados legales del organismo, Carolina Dionisi y César Ríos, mediante un informe técnico remitido al Juzgado Federal N.º 1. Allí sostuvieron que la medida cautelar dictada por la Justicia resulta "de cumplimiento imposible" para el distrito local debido a la falta de recursos presupuestarios, financieros, humanos y logísticos.
Según el documento, esa situación no responde a una decisión del personal del organismo, sino a limitaciones que exceden las competencias del Distrito 22, ya que las autorizaciones y la asignación de partidas dependen de las autoridades centrales de Vialidad Nacional.
En ese sentido, el informe remarca que la dependencia formoseña carece de autonomía presupuestaria y no tiene facultades para ampliar recursos, contratar servicios, adquirir materiales o incorporar equipamiento por cuenta propia. Además, señala que todas las intervenciones están sujetas a las partidas que oportunamente habilite la administración nacional.
Frente a ese escenario, la DNV solicitó al Juzgado que, al evaluar el cumplimiento de la medida cautelar, tenga en cuenta las restricciones con las que trabaja el organismo y que no se le atribuyan incumplimientos injustificados ni se apliquen sanciones. Asimismo, indicó que actualmente se priorizan únicamente aquellas intervenciones consideradas de mayor urgencia y vinculadas a la seguridad vial.
Tras conocerse el contenido del informe, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó la situación y calificó de "contradictoria y absurda" la postura del organismo nacional.
El ombudsman sostuvo que, mientras las rutas nacionales continúan deteriorándose y numerosas localidades enfrentan mayores dificultades de conectividad, los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos —destinados por ley al mantenimiento vial— estarían siendo utilizados con otros fines.
Según afirmó, más de 400 millones de pesos recaudados a través de ese tributo, previsto en la Ley 23.966, se destinan actualmente a la compra de instrumentos financieros como Letras y Bonos para sostener el superávit fiscal del Gobierno nacional.
Finalmente, Gialluca aseguró que la Defensoría continuará impulsando las acciones judiciales necesarias para exigir el mantenimiento de las rutas nacionales en Formosa y recordó que el destino de esos fondos también es objeto de investigaciones que se desarrollan en los juzgados federales de Comodoro Py.
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