El FMI exige, Milei obedece y el ajuste es permanente

El FMI exigió y Javier Milei obedeció. El innegable respaldo político del organismo internacional por presión de Estados Unidos no impide que el staff técnico y al Directorio impongan condiciones. El megaajuste del gasto público anunciado el 11 de mayo pasado, aplicado sobre un presupuesto nacional 2026 ya ajustado, fue el requisito innegociable para liberar unos pocos dólares, 1.000 millones. Esta semana, probablemente el jueves 21, se reunirá el Executive Board del Fondo para habilitar el giro luego de la renovada fe de Milei en el ajuste permanente.

La secuencia de este trámite exhibe la extrema fragilidad del esquema económico liberal-libertario, debilidad que puede observarse con claridad si se deja de lado el ruido de los insultos de un presidente cada vez más desbordado emocionalmente y se eluden los análisis económicos indulgentes sobre un plan que ya ha fracasado en sus propios términos.

El 15 de abril pasado, el Fondo informó que se alcanzó un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión en el marco del programa de financiamiento de Facilidades Extendidas. La evaluación corresponde al cuarto trimestre del año pasado. O sea, el período analizado es octubre-diciembre, la aprobación fue a mediados de abril y recién a fines de este mes el directorio lo tratará para dar el visto bueno. Un proceso de casi cinco meses para conseguir los dólares que rápidamente serán devueltos al organismo por el pago de intereses de la deuda monumental de casi 56.000 millones de dólares.

El 1° de mayo, el Banco Central giró  al FMI unos 800 millones, y a comienzos de agosto el monto total de los intereses a pagar será de 826 millones de dólares. Antes, en febrero, había desembolsado 878 millones. El saldo por estos tres pagos será 2.504 millones de dólares, un 150% superior al monto que está mendigando el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

Más que los dólares, lo importante para la supervivencia del plan económico de Milei y, por lo tanto, para su subsistencia política, es la protección del FMI (es decir, Estados Unidos), que hoy es el ancla externa más potente para el proyecto libertario. La cuestión central es la exigencia del FMI para habilitar el giro de esos 1.000 millones de dólares: un nuevo ajuste fiscal sobre un presupuesto nacional ya de ajuste.

La prueba de amor de Milei al FMI

En el comunicado del staff técnico de abril pasado, el último párrafo anunciaba que algo faltaba antes de que el directorio tratara el caso argentino. Después de algunas semanas se reveló que lo que faltaba era el megaajuste del gasto público. 

Después de una serie de elogios exagerados a la marcha del plan económico, el último párrafo de este comunicado contiene lo sustancial: "El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con el programa, incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar los contratiempos anteriores. Una vez concluidas las medidas pendientes, el informe se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración". 

¿Por qué el plan de Milei necesitó un torniquete adicional del gasto público? El acuerdo firmado con el FMI incluye un paquete de exigencias del staff con compromisos macroeconómicos obligatorios destinados a consolidar “la desinflación y garantizar la sostenibilidad externa”. Uno de ellos es la meta fiscal, una de las anclas fundamentales del plan, que determina un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI para este año.

Como el plan económico de la dupla Milei-Caputo ha caído en la trampa de la austeridad, el ajuste de las cuentas públicas es permanente. En una de sus habituales economics delirium, Milei había dicho que la economía había tocado un piso en la caída en marzo pasado, por lo que esperaba una recuperación de la recaudación impositiva. Esto no sucedió y, entonces, los ingresos al fisco siguieron en pendiente negativa, acumulando en abril nueve meses consecutivos de caída en términos reales.

Sin el aumento imaginado de los ingresos en las cuentas públicas, Caputo tuvo que pasar la motosierra por casi todas las cuentas del Estado, con la excepción del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de la partida para el pago de los intereses de la deuda pública, según detalló el reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Si no lo hacía, el Fondo iba a seguir dilatando la aprobación de la revisión y el costo político para un plan económico inconsistente hubiera sido letal.

De acuerdo al estudio realizado por el  Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el 57% del nuevo ajuste de 2,4 billones de pesos recae sobre los gobiernos provinciales, profundizando el recorte sobre salud, educación y obra pública. Entre los programas más afectados aparecen el plan de Alfabetización (29.998 millones de pesos), el Fortalecimiento de la Salud Provincial (25.000 millones), las Transferencias para obra pública (9.053 millones) y el Fondo Salarial Docente (8.930 millones).

La trampa de la austeridad

El ajuste, presentado como condición para ordenar las cuentas públicas, termina alimentando el mismo desequilibrio que dice corregir. Así se condena a la economía al estancamiento con riesgo de ingresar en recesión.

El informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, liderado por Claudio Lozano, lo explica del siguiente modo: “la trampa de la austeridad sigue sometiendo a la Argentina, a la lógica del ajuste perpetuo. En un contexto de caída de la actividad económica, cae la recaudación, y, al caer la recaudación, es necesario ajustar el gasto. Al producir ese ajuste del gasto, vuelve a profundizar la caída de la actividad económica, y, consecuentemente, hay una nueva caída de la recaudación y una nueva necesidad de volver a ajustar el gasto. Nueve meses consecutivos de retroceso de la recaudación tributaria. Frente a abril del 2023, la caída es del 10,1% real”.

Lozano detalla que la dinámica actual combina recesión, reducción de impuestos sobre sectores concentrados y debilitamiento de las fuentes tributarias más relevantes. Advierte que, en ese marco, la continuidad de la estrategia oficial de ajuste y equilibrio fiscal amenaza con profundizar todavía más la presión sobre el gasto público nacional, provincial y previsional, en un contexto social y económico cada vez más frágil.

El Fondo no aprende de sus errores

El FMI avala la estrategia fiscal de austeridad pese a que ha demostrado ser un fiasco y, peor aún, a pesar de que el propio organismo realizó una autocrítica severa por los planes de ajuste aplicados en países europeos periféricos (Grecia, España y Portugal), durante los años de la crisis financiera global del 2008. A principios de 2013, el entonces economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, y su colega Daniel Leigh publicaron el documento de investigación del FMI Growth forecast errors and fiscal multipliers. Esta histórica revisión confirmó que, al diseñar los programas de austeridad durante la crisis de la Zona Euro, el FMI utilizó un multiplicador fiscal de 0,5. Esto implicaba que por cada dólar de recorte del gasto público, el Producto Interno Bruto (PIB) caía apenas medio dólar. Pero la investigación reveló que la cifra real se acercaba a 1,5. Es decir, el daño económico fue hasta tres veces más severo de lo proyectado inicialmente, provocando caídas más profundas en el consumo y la inversión.

De este modo, el FMI reconoció que había subestimado el efecto multiplicador keynesiano, especialmente en un contexto de recesión profunda y tasas de interés cercanas a cero, donde la política monetaria no lograba compensar el freno de los recortes. 

A pesar de esta autocrítica —que llevó al organismo a relajar los objetivos de déficit en algunos países europeos en su momento—, el FMI históricamente ha defendido que la consolidación fiscal sigue siendo una herramienta necesaria a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este episodio expuso las contradicciones internas del organismo en la aplicación de recetas de austeridad. El error del FMI radicó en ignorar que los efectos de la austeridad dependen del contexto económico. En recesión, estancamiento o un leve crecimiento, el impacto de bajar el gasto público es contractivo. Por ejemplo, al recortar los salarios públicos o la inversión pública, la mayoría de la población reduce su consumo, lo que deriva en una caída de la recaudación tributaria y termina elevando los ratios de deuda sobre el PIB, lo que resulta el efecto contrario al buscado.

Pese a este histórico debate académico interno, el FMI opera bajo una contradicción permanente. En sus publicaciones de investigación suele sugerir cautela con la velocidad de los ajustes para evitar la destrucción del tejido productivo y social. Sin embargo, en la práctica, para brindar auxilios financieros, el organismo continúa exigiendo metas estrictas de superávit fiscal primario y contracción del gasto público como condición innegociable para aprobar desembolsos.

La insistencia en el error del FMI responde a que la urgencia financiera inmediata prima sobre la teoría económica. El FMI funciona como prestamista de última instancia y su prioridad no es el crecimiento a largo plazo, sino garantizar la sostenibilidad de la deuda para recuperar el capital prestado. Otro de los errores que repite el Fondo es que considera que la inflación persistente y las devaluaciones se deben a la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit. Entonces, reducir el gasto público teóricamente implica emitir menos pesos.

Por qué el Fondo asfixia la economía argentina

Aunque el estudio de Blanchard demostró que, en recesión, los multiplicadores fiscales son elevados y los recortes reducen más el PIB, la tecnoburocracia del FMI lo desestima en el caso argentino debido a tres factores:

El primero es que el país no tiene acceso al mercado de capitales internacional. A diferencia de la Europa de 2010, que tenía financiamiento internacional a tasas bajas, Argentina tiene los mercados de capitales cerrados. El FMI sostiene, entonces, que el ajuste debe ser inmediato y de shock.

El segundo es que existe una subordinación política inédita. En el actual programa de Facilidades Extendidas del FMI, el gobierno de Milei no ofrece ninguna resistencia a la austeridad; por el contrario, la ejecuta de manera voluntaria con fuertes y constantes recortes del gasto público. El Fondo aprovecha esta convergencia ideológica para exigir otras reformas estructurales.

El tercero es que el objetivo es acumular reservas internacionales en el Banco Central. El megaajuste fiscal reduce el consumo interno y, en consecuencia, también las importaciones. El Fondo avala el impacto recesivo de esta medida porque, de este modo, se genera un saldo comercial positivo, clave para que el Banco Central pueda acumular divisas y pagar la deuda externa.

El ajuste permanente: el perro que se muerde la cola

Con las exigencias del FMI, que cuida sus propios intereses —cobrar la deuda— y los de los acreedores privados, y con el dogmatismo ideológico de Milei, que colisiona contra una pared y piensa que el error es la pared, la economía ingresa en un bucle donde el ajuste fiscal solo profundiza la crisis. 

El FMI exige recortar el gasto público para sanear las cuentas, pero ese shock reduce los ingresos de la población, disminuye el consumo interno y baja la recaudación de impuestos. Al caer los ingresos fiscales por la recesión, el desequilibrio de las cuentas públicas reaparece y obliga a aplicar una nueva ola de recortes. Esta dinámica perversa transforma la austeridad en un proceso constante, que destruye la actividad económica sin alcanzar la estabilidad económica.

El megaajuste erosiona, entonces, el tejido social y productivo, demostrando que la obsesión por el superávit fiscal, sin atender el impacto negativo en la economía real, genera un círculo vicioso que está hundiendo el proyecto político y económico de Milei.