La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal. Los municipios denuncian cajas vacías, deudas, balances alterados y denuncias judiciales contra la gestión saliente de Gustavo Valdés.
Pese a que el nuevo mandatario Juan Pablo Valdés señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas", el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.
El menor de los Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2026 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.
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La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta.
El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.
Municipios en emergencia en Corrientes: la crisis que refleja la provincia de los Valdés
Según detalló el medio NEA Hoy, las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:
- Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
- Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
- En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
- Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
- Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.
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