Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro ajusta el bolsillo de los trabajadores santafesinos, el bloque Justicialista del Concejo Municipal de Santa Fe presentó un proyecto de ordenanza para congelar la tarifa del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según explicaron los ediles Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, el objetivo es brindar previsibilidad a los usuarios y evitar nuevos aumentos que afecten la economía de las familias que utilizan el sistema de transporte de manera cotidiana.
La propuesta surge tras la falta de avances en iniciativas anteriores que buscaban establecer límites a los incrementos del boleto en relación con la evolución de los salarios y la inflación.
“Venimos planteando desde hace tiempo que el transporte público necesita una discusión seria y responsable. Primero propusimos un tope para que los aumentos no superen la capacidad de pago de los vecinos y vecinas. No obtuvimos respuestas. Mientras tanto, el boleto siguió aumentando y cada vez son más las familias que tienen dificultades para sostener algo tan básico como trasladarse por la ciudad”, sostuvo Mudallel.
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Hace algunos días, la Municipalidad de Santa Fe hizo efectivo el incremento del boleto de colectivo urbano, anunciado a comienzos de mayo. Con el ajuste tarifario, la tarifa plana pasó a costar $2.111,11.
Desde el bloque señalaron que, desde diciembre de 2023, la tarifa acumuló aumentos superiores al 800%, mientras que la inflación creció alrededor de un 303%. En ese contexto, advirtieron que el costo de la movilidad se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes dependen del servicio para trabajar, estudiar o acceder a distintos servicios.
La postura del Municipio de Santa Fe: reclamo por el federalismo y subsidios
Desde el Ejecutivo municipal, el intendente Juan Pablo Poletti vinculó la crisis del transporte a la eliminación de subsidios nacionales destinados al interior del país.
“Se acabó el federalismo. Los subsidios dejaron de existir solamente para el interior”, afirmó Poletti. En este marco, cuestionó el reparto de recursos nacionales y reclamó una nueva distribución del impuesto a los combustibles para beneficiar a los gobiernos locales.
Según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “las transferencias tributarias de origen nacional representan en promedio 44,8% de los ingresos provinciales en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional, el guarismo asciende a 54% del total”.
Esta dependencia condiciona la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener servicios y políticas públicas, donde el incremento del transporte en territorio bonaerense (según justificaron las propias autoridades provinciales) es un ejemplo del resultado del ajuste.
El ajuste impulsado por la administración de Javier Milei se traduce en una menor disponibilidad de recursos para las provincias. La secuencia de caídas en lo que va del año —7% en enero, 7,5% en febrero, 4,7% en marzo y 3,3% en abril para los RON— da cuenta de una tendencia que impacta de forma relativamente homogénea en las jurisdicciones. Algunas, como Salta (-10,9%), La Rioja (-4,4%) y Formosa y Entre Ríos (-4%), exhiben descensos más pronunciados.
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