Comenzó el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas, exactamente dos años después de uno de los crímenes de odio más violentos contra la comunidad LGBTI+ ocurridos en el país en el último tiempo. El Tribunal Oral Federal N°5 empezó a juzgar a Justo Fernando Barrientos, el único acusado de la causa, quien se sospecha que arrojó una bomba molotov en la habitación donde dormían Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barradas ubicada sobre la calle Olavarría al 1600. Como consecuencia del incendio, Cobbas, Figueroa y Amarante murieron tras sufrir gravísimas quemaduras. Castro Riglos logró sobrevivir después de permanecer internada durante un mes.
La imputación de Barrientos es por “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común”, y por tentativa de homicidio en relación a la sobreviviente. Podría ser condenado a prisión perpetua.
Demostrar el crimen de odio
Uno de los objetivos centrales del juicio es el de determinar si el ataque estuvo motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas. Las querellas sostienen que no se trató de un hecho aislado ni de un conflicto circunstancial, sino de un ataque dirigido específicamente contra mujeres lesbianas.
Durante el debate oral está prevista la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. Según fuentes judiciales, Sofía Castro Riglos no declarará en el juicio por recomendación médica.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) participa de la querella y subraya que este proceso puede marcar un importante precedente judicial. La abogada de la organización Samanta Pedrozo explicó que será la primera vez que la Federación intervenga en un juicio penal con capacidad de acusar formalmente y de solicitar una pena: “La importancia de que la FALGBT+ pueda sentarse en este proceso penal y pedir perpetua marca un antes y un después”.
Para demostrar que se trató de un crímen de odio, las querellas pondrán el foco en los llamados “elementos contextuales”. Se trata de los testimonios que permiten reconstruir la relación previa entre el acusado y las víctimas. Según adelantaron, buscarán incorporar relatos de vecinos yde allegados que darían cuenta de discusiones, hostigamientos e insultos vinculados a la orientación sexual y al modo de vida de las víctimas. “Ya sabemos que hubo un incendio y quién lo provocó. Ahora vamos a profundizar por qué se llevó adelante ese ataque”, puntualizó Pedrozo.
El impacto del caso sobre toda la comunidad LGBTI+
El juicio es observado además como un proceso de gran relevancia social y política para las organizaciones de la diversidad sexual. La presidenta de la Federación María Rachid afirmó que los crímenes de odio “buscan disciplinar y sembrar miedo” sobre toda la comunidad LGBTI+. En esa línea, expresó que el reconocimiento judicial de estos hechos resulta fundamental para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas orientadas a prevenir y a erradicar las violencias por motivos de orientación sexual o de identidad de género.
La participación de la Federación en el expediente no fue fácil. Durante la etapa de instrucción, el pedido para actuar como querellante había sido rechazado con el argumento de que no existían pruebas suficientes para considerar el caso como un crimen de odio y porque las víctimas ya contaban con representación legal. Sin embargo, la organización apeló y finalmente obtuvo el aval de la Cámara de Casación en diciembre del 2024.
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